Las elecciones en Japón del 22 de octubre y su importancia para las nucleares

El 25 de septiembre, el primer ministro Shinzo Abe del Partido Democrático Liberal (PDL), decidió disolver la Cámara de Representantes y convocar elecciones anticipadas para el 22 de octubre. El adelanto electoral se justificó por motivos económicos (desacuerdo sobre las medidas de «estímulo» llamadas «Abenomics», y sobre el incremento del IVA) pero respondió a dos hechos: que en agosto las encuestas detectaron un incremento de popularidad de Abe, y que el candidato apoyado por el PDL obtuvo la victoria en las elecciones a gobernador de la prefectura de Ibaraki.

Desde hacía meses, Abe y su gobierno arrastraban las consecuencias de dos escándalos de corrupción y las encuestas electorales mostraban un descenso continuo; en las elecciones a la Asamblea de Tokio, celebradas en julio, el PDL sufrió una importante derrota ante Yuriko Koike, una candidata que se había marchado del PDL y se presentaba como alternativa. Pero la escalada de tensión entre los gobiernos de Estados Unidos y Corea del Norte llevaron los escándalos de corrupción a un segundo plano. Los lanzamientos de misiles desde Corea dispararon el miedo, y el miedo disparó el apoyo a Abe en las encuestas.

El 27 de agosto, el candidato apoyado por el PDL, Kazuhiko Oigawa, ganó las elecciones a gobernador de Ibaraki. Una victoria que es un síntoma de los cambios que se están produciendo en una parte de la sociedad japonesa.

A las elecciones de Ibaraki se presentaban dos favoritos: Kazuhiko Oigawa y Masaru Hashimoto. Hashimoto, candidato independiente y gobernador de la prefectura durante las pasadas seis legislaturas (24 años), convirtió la oposición a la reapertura del reactor nuclear Tokai2 en el punto fuerte de su campaña, lo que le supuso ser calificado de «radical» desde algunos sectores; mientras que el candidato ganador, Oigawa, mantuvo durante toda la campaña una actitud evasiva cuando se le interpelaba sobre una futura conexión del reactor. Propiedad de la Japan Atomic Power Company, construido en 1978 y sin funcionar desde el 11 de marzo de 2011, Tokai2 se halla a sólo 130 kilómetros de Tokio, y su emplazamiento afecta a una población de 960.000 personas en un radio de 30 kilómetros.

Este resultado electoral es importante no sólo por lo que supone de recuperación del PDL, sino también en clave regional: de los 44 municipios de la prefectura de Ibaraki, 10 se oponen a la reapertura de Tokai2, mientras que los otros 34 no se definen claramente. Como veremos más adelante 19 de los municipios están clasificados como «Áreas de Reconocimiento de Contaminación Intensiva» (ARCI). Que el nuevo gobernador sea de un partido pro-nuclear como el PDL, es un factor importante.

Las elecciones tuvieron un 56,52% de abstención, lo que confirma la tendencia, comenzada hace algunos años, de preocupante alejamiento político de una parte de la sociedad japonesa. Una encuesta realizada pocos días antes de las votaciones, entre el 19 y 20 de agosto, indicaba que el 65% de los residentes de la prefectura rechazaban la reapertura de la central nuclear, pero muchas de esas personas no fueron a votar. Después de las elecciones han aparecido denuncias de compra de políticos, se ha llegado a dar la cifra de 60 millones de yens a repartir entre 45 diputados de la prefectura para asegurar apoyos al candidato del PDL (1).

La división política tradicional debilita la resistencia ante la catástrofe nuclear que está viviendo Japón: el ganador, Oigawa, obtuvo 497.361 votos; Hashimoto 427.743, y la tercera candidata, Makomi Tsuruta, activista de los derechos de los animales apoyada por el Partido Comunista del Japón (PCJ), 122.013. El PCJ es un partido estatal que se manifiesta contrario a la energía nuclear, pero está «mal visto» entre amplios sectores sociales porque lo asimilan al comunismo chino. Hubiese sido conveniente un pacto de apoyo al candidato mejor situado, o cualquier otra fórmula acordada entre los opositores a las nucleares, pero la división impera.

Mantener una apariencia de normalidad mientras se es consciente de vivir en un medio ambiente peligroso (2) genera una cierta «esquizofrenia social», de la que el alejamiento de la política es sólo un síntoma.

Porque un repaso de las noticias entre abril y agosto muestra la gravedad de la amenaza nuclear. En amplias zonas de Japón se ha establecido un estado de «excepción sanitaria»: el nivel legal de radiación para la población se ha establecido en 20 milisieverts por año (lo que equivale internacionalmente a un nivel de exposición profesional alto que exige seguimiento sanitario). Dicho nivel ha pasado de ser denominado «nivel de emergencia» a ser catalogado como «nivel ordinario». Se trata de un punto importante ya que el nivel de 1 millisievert por año, que rige internacionalmente para toda la población, va siendo descartado. Hoy, oficialmente, amplias zonas de Japón se hallan expuestas a un nivel de radiación que exigiría un seguimiento sanitario de todos sus habitantes, pero ese seguimiento no se realiza (3).

Esa banalización del riesgo sanitario es consecuencia de una política de socialización de la contaminación por el incremento de materiales radiactivos. A finales de julio de 2017 se comenzó a estudiar el uso de restos y materiales con un máximo de 6.000 becquerels de radioactividad por kilogramo (Bc/Kg) para construir firmes de carreteras y terraplenes, y de un máximo de 4.000 Bc/Kg para parques. La cadena informativa NHK ha informado que todo terreno con un nivel inferior a 8000 Bc/Kg puede ser clasificado como «suelo descontaminado», y gestionado por las autoridades.

Y es que el volumen de residuos radiactivos es gigantesco y sigue creciendo: según el Ministerio de Medio Ambiente, en julio de este año había 7.509.507 de bolsas con tierra y materiales contaminados en la llamada «Área de Descontaminación Especial», que incluye 11 municipios de la prefectura de Fukushima cercanos a la central. Otras zonas, denominadas «Áreas de Reconocimiento de Contaminación Intensiva» (ARCI), habian acumulado, hasta el pasado marzo, 6.062.593 de metros cúbicos de tierra y materiales. Las ARCI agrupan a 92 municipios de 8 prefecturas diferentes: 36 de Fukushima, 3 de Iwate, 8 de Miyagi, 7 de Tochigi, 8 de Gunma, 2 de Saitama, 9 de Chiba, y los 19 de Ibaraki. Todos estos materiales se hallan en Emplazamientos Temporales de Almacenamiento mientras se les busca un destino definitivo (4). La clasificación de «suelo descontaminado» permite «resolver» esa acumulación incesante dispersando esa tierra y materiales por todo Japón.

En la misma linea se halla la propuesta de vertido directo al océano de 770.000 toneladas de residuos contaminados con altos niveles de tritio (5). En estas fechas (aún no ha llegado la temporada de lluvias), unas 130 toneladas de agua radiactiva ya van directamente al mar. El «muro de hielo», que debería desviar el paso de las corrientes naturales de agua subterránea por la zona radiactiva bajo las centrales destruidas, no acaba de funcionar. Como mucho se espera que desvíe unas 30 toneladas, el resto seguirá fluyendo (6).

Existe una presión social y política para vivir la radiactividad como algo «normal». Se aplican medidas para hacer regresar a la población a las zonas contaminadas levantando las órdenes de evacuación, suprimiendo las ayudas a los evacuados, o elevando arbitrariamente los niveles legales de radiación para que las mediciones inferiores se consideren «seguras» (7). Mientras cada día se siguen descubriendo «puntos calientes» con alto nivel de radiación, y aparecen inesperadas reacciones de rechazo social hacia personas afectadas (8).

Faltan menos de 3 años para las Olimpiadas del 2020 y se impone transmitir una sensación de normalidad que venza las reticencias a practicar deportes en un entorno contaminado, aunque ya se están realizando análisis que alertan sobre inseguridad radiológica, por lo que hay que preparar tanto al terreno como a la sociedad. Sin embargo, ¿se puede aparentar normalidad si una parte de Japón constituye una excepción en la normativa internacional de niveles de radiación? (9)

La industria nuclear no se rendirá. Pese a la resistencia local ya ha conseguido poner a funcionar 5 reactores (Sendai 1 y 2, Takahama 3 y 4, e Ikata 3), y este otoño espera volver a conectar a la red los reactores Oi 3 y 4, que funcionaron entre julio de 2012 y septiembre de 2013; para el primer trimestre de 2018 tienen previstos otros dos más, Guenkai 3 y 4; y la elección del candidato Oigawa en Ibaraki abre el camino para la conexión de Tokai2.

A esos diez reactores les siguen 14 más que están pendientes de la aprobación del organismo regulador: Tomari 1, 2 y 3, Kashiwazaki-Kariwa 6 y 7, Shimane 2, Onagawa 2, Hamaoka 3 y 4, Tokaidaini, Totsu 1, Shiga 2, Oma y Tsuruga 2. Varios de esos reactores superan los 40 años de funcionamiento y se están acogiendo a una normativa especial que permite alargar el tiempo. Un parque de 24 reactores activos es menos de la mitad de los 54 que funcionaban antes de marzo de 2011, pero es un número respetable.

Desde la oposición a la energía nuclear se impone superar el confortable discurso sobre la decadencia global y continuada de una industria en vías de desaparición. La realidad de los 20 nuevos reactores que han entrado en funcionamiento en todo el mundo entre 2015 y 2016 no puede despacharse a la ligera adjudicándola a una «excepción china», como viene haciendo el WNISR (10) desde hace dos años. Hacer eso comienza a ser una peligrosa «política del avestruz», máxime cuando sabemos que los cálculos de probabilidad de riesgo de una nueva catástrofe se evalúan al alza, que los «expertos» hablan despreocupadamente de la «normalización» de los accidentes nucleares, y que los impactos globales de Chernóbil y Fukushima no van a desaparecer.

Puede que Shinzo Abe sufra una derrota electoral el 22 de octubre. La clave, como en tantas cosas en estos tiempos, está en la participación electoral y la movilización social. La rapidez con la que se constituyó el nuevo «Partido de la Esperanza» en torno a la candidata ganadora de las elecciones de Tokio, Yuriko Koike, parecía indicar que parte de las élites de Japón daban por liquidado a un político desgastado por la corrupción; pero la inesperada disolución del Partido Democrático (PD), el que gobernaba el país cuando comenzó la catástrofe de Fukushima, y considerado el principal partido de la oposición, ha removido toda la situación. La propuesta de que los miembros del PD se integrasen en el «Partido de la Esperanza» creó una confusión tal que ha llevado a la fundación de otro partido más, que también concurre a las elecciones: el Partido Democrático Constitucional (PDC). El resultado final es una mayor división, lo que redunda en beneficio de Abe, el PDL y su aliado en el Parlamento: el Komeito, una formación política de carácter religioso budista con una base electoral muy fiel.

En todo caso persiste la voluntad política mayoritaria de hacer olvidar Fukushima, tan sólo el Partido Comunista y el Partido Socialista defienden el cierre urgente de las centrales nucleares, todos los otros partidos mantienen posturas dilatorias, hablan de cierre sin concretar fechas. Las complicidades se manifiestan, Yuriko Koike, la líder «ascendente» del «Partido de la Esperanza», fue ministra de Defensa de Abe con el PDL, y sus declaraciones políticas siguen la misma linea conservadora; el líder del nuevo Partido Democrático Constitucional de Japón, Yukio Edano, fue secretario de gabinete cuando se inició la catástrofe en 2011 y también fue quién más repitió que los niveles de radiactividad «no eran preocupantes» (11). Con el conflicto de Corea como determinante aparecen otras cuestiones inmediatas, como el cambio del artículo 9 de la Constitución, que permitiría la participación militar de Japón en conflictos internacionales, algo que también afecta a amplios sectores sociales y de lo que tampoco se trata en los medios ni se debate.

Gane quien gane, lo que resulta evidente es que sin una movilización social las consecuencias de la catástrofe de Fukushima seguirán recayendo sobre los sectores sociales más vulnerables de la sociedad japonesa.

Barcelona, 19 de octubre de 2017.