Aquí se apuntan las tendencias de fondo que están dominando esta atípica campaña electoral donde no se atisban signos orientados hacia un cambio en la extrema polarización política e identitaria que experimenta la sociedad catalana. La campaña electoral está solidificando e incrementando la fractura entre los dos bloques antagónicos formados por las tres formaciones independentistas […]
Aquí se apuntan las tendencias de fondo que están dominando esta atípica campaña electoral donde no se atisban signos orientados hacia un cambio en la extrema polarización política e identitaria que experimenta la sociedad catalana.
La campaña electoral está solidificando e incrementando la fractura entre los dos bloques antagónicos formados por las tres formaciones independentistas frente a los tres partidos constitucionalistas y Catalunya en Comú que pretende ocupar un espacio intermedio entre ambos, aunque escorado hacia los soberanistas.
Los comicios están adoptando un carácter vagamente plebiscitario respecto a la cuestión de la independencia donde la agenda social prácticamente ha desaparecido sepultada por el monotema nacionalista. Esta es la segunda vez que las fuerzas independentistas eluden concurrir a las elecciones rindiendo cuentas de su gestión. En 2015 ocultaron a su candidato Artur Mas, en el número cuatro de la lista encabezada por Raül Romeva, procedente de ICV. Ahora, la prisión del ex vicepresidente, Oriol Junqueras y del ex conseller, Joaquim Forn, así como de los dirigentes de la ANC y Òmnium Cultural, y el «exilio» del expresident Carles Puigdemont sirven de acicate para eludir esta responsabilidad y enfocar la campaña en clave victimista. Así se evita no sólo la rendición de cuentas, sino aclarar -fracasada la vía unilateral- cuál será su hoja de ruta en el caso que las fuerzas secesionistas consiguieran formar gobierno.
También por segunda vez parece que a ERC se le escapa de las manos la posibilidad de verificar el sorpasso de la hegemonía política en el bloque independentista. Si en los pasados comicios las presiones de ANC y Òmnium les forzaron a presentarse en la lista unitaria de Junts pel Sí, liderada por Convergència; ahora, la candidatura personalista y apartidista de Junts per Catalunya, encabezada por Carles Puigdemont, está recortando distancias al punto que incluso podría alzarse como primera fuerza política del bloque independentista. La gran polarización de la campaña y la insistencia en la restitución del «gobierno legítimo» favorece las expectativas de Puigdemont más próximo a la CUP que a ERC, como releva el giro antieuropeísta de su discurso.
Todo ello incrementado por los problemas derivados del vacío en el liderazgo en ERC con Junqueras en la prisión donde no ejercer esta función y tras el fiasco de Marta Rovira que está siendo sustituida en la campaña por Carles Mundó, exconseller de Justicia, recientemente liberado de la prisión.
De este modo, se diluye la estrategia de ERC de tender puentes hacia los Comunes en caso que, como es probable, las fuerzas secesionistas no logren reeditar la mayoría absoluta y fuera posible explorar un gobierno de izquierdas que dejase en segundo término la reivindicación secesionista. El maximalismo victimista de Puigdemont les fuerza a no ceder ese espacio discursivo y ser superados en este terreno. Especialmente cuando el electorado independentista está exasperado e intoxicado por la constante propaganda sobre los deletéreos efectos del artículo 155 y el carácter supuestamente franquista del Estado español.
Esta correlación de fuerzas en el espacio independentista puede resultar nocivo para la CUP debido tanto por una compulsión al voto útil, como al malestar de los sectores más izquierdistas de su electorado por el apoyo incondicional a Junts pel Sí en el pasado mandato.
Paradoja constitucionalista
Las encuestas de intención de voto otorgan a Ciutadans no sólo la posición de primera fuerza política del bloque constitucionalista, sino la posibilidad, derivada del virtual empate entre Junts per Catalunya y ERC, de alzarse como la formación más votada del país. De verificarse estas previsiones se repetiría, de manera ampliada, el corrimiento electoral de los comicios plebiscitarios del 2015, cuando pasaron de 9 a 25 diputados y fueron percibidos por amplios sectores de la ciudadanía como la opción más nítida de rechazo al separatismo. Ello supondría una auténtica paradoja pues, tras más de cinco años el proceso soberanista, se habría alimentado a la fuerza política nacida como expresión de la oposición más radical al nacionalismo ahora reconvertido en independentismo.
Mención especial merece la oferta del PSC. Aunque para los independentistas están alineados sin fisuras en el llamado bloque del 155, lo cierto es que se están esforzando en diferenciarse tanto del PP como de C’s. No sólo porque estas formaciones se ubican en el espacio ideológico del centroderecha, sino porque están evitando caer en un cierto revanchismo escorado hacia el nacionalismo español traslucido en los mensajes del PP y C’s. De este modo quieren presentarse como la opción de voto útil del catalanismo moderado, de ahí el fichaje de Ramon Espadaler de la extinta Unió Democràtica de Catalunya, para atraerse a sectores autonomistas de la antigua Convergència; pero también de izquierdas como revela la inclusión en su candidatura del ex fiscal anticorrupción y ex eurodiputado de Podemos, Carlos Jiménez Villarejo, a fin de ganarse a electores de los Comunes disconformes con las ambigüedades de esta formación en el eje nacional. Así, se quiere emitir el mensaje que son la única formación capaz de tender puentes entre los dos bloques antagónicos y liderar una tercera vía entre las polaridades encarnadas por el independentismo rupturista y el españolismo inmovilista. Sin embargo, la extrema polarización de la campaña puede perjudicar sus expectativas a favor de C’s.
Justamente, esta polarización puede resultar muy lesiva para Catalunya en Comú, a la que todas las encuestas pronostican una pérdida de representación parlamentaria. Esta formación, que obtiene la mayor parte de sus sufragios de las áreas metropolitanas de Barcelona y Tarragona, podría verse atenazada por la concurrencia de la pérdida de votos junto al incremento de la participación en estas circunscripciones. No obstante, esta caída electoral se vería compensada por una posición privilegiada, de balanza entre ambos bloques, que le otorgaría la llave de la gobernabilidad del país. Una alternativa complicada ya que su viabilidad depende del apoyo de ERC y PSC, lo cual parece imposible dadas sus radicales discrepancias en el tema central de estos comicios y cuando tanto ERC como PSC han manifestado su negativa a compartir gobierno, en una especie de veto cruzado. Por otro lado, el temor a que parte de sus electores se incline en esta ocasión por los socialistas está propiciando una modulación de su discurso electoral, elevando las críticas hacia el independentismo y escondiendo a Ada Colau quien, en principio debería haber tenido un gran protagonismo en la campaña, pero que está prácticamente desaparecida. Acaso por su imagen de convivencia con las fuerzas secesionistas, subrayada por su reciente ruptura del pacto con el PSC en el Ayuntamiento de Barcelona.
Vetos cruzados
Este complejo escenario, donde no pueden descartarse sorpresas de última hora -como la que supondría que Puigdemont volviese a Catalunya para ser encarcelado- parece dibujar un panorama de ingobernabilidad, de gran igualdad entre ambos bloques y en el que ninguna combinación, derivada de los vetos cruzados, sumaría los apoyos para formar un ejecutivo viable, forzando una repetición de las elecciones.
En sentido contrario, si algunos de los bloques en liza obtuviese la mayoría suficiente para gobernar, tampoco se resolvería la fractura política y social que experimenta el país, es más incluso podría incrementarse. Una victoria de las fuerzas independentistas reeditaría la feroz oposición de los partidos constitucionalistas que reclamarían la aplicación de nuevo del 155 al menor atisbo que este ejecutivo reemprendiese el camino de la separación. Unas incertidumbres aumentadas por la situación procesal de los eventuales candidatos a presidir la Generalitat. Un hipotético gobierno constitucionalista no sería reconocido por las fuerzas independentistas, al que atribuirían un déficit de legitimidad al ser el producto de la aplicación del 155, provocando la constante movilización en su contra de sus bases sociales.
En consecuencia, no se atisban en el horizonte signos de una correlación de fuerzas que obtenga los suficientes apoyos para aliviar la enorme tensión identitaria y política que experimenta la sociedad catalana y sea capaz de reconducir la crispada situación del país.
Fuente: http://www.elviejotopo.com/topoexpress/ecuador-una-atipica-campana/