La sentencia mantiene la calificación de no urbanizable en los terrenos donde se planea construir el Almacén Temporal Centralizado, lo que hace inviable el inicio de las obras.
El Gobierno debe interrumpir la búsqueda de terrenos para edificar el cementerio nuclear mientras no establezca un calendario de cierre aceptable de las nucleares españolas y abra un debate sobre la forma de gestión de los residuos de alta actividad.
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) ha avalado la decisión de prohibir el Plan de Ordenación Municipal (POM) por parte de la Junta de Castilla-La Mancha, rechazando el recurso interpuesto contra esta prohibición. El Ayuntamiento de Villar de Cañas aprobó en 2014 el POM para autorizar la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC), donde se depositarían residuos de alta actividad procedentes de todas las centrales nucleares españolas. Sin embargo, la Junta anuló este POM que convertía en urbanizables los terrenos donde se iba a construir el cementerio nuclear. Un hecho que, junto con la protección ambiental de los terrenos, constituye un obstáculo insalvable para la construcción del ATC en Villar de Cañas.
La sentencia del TSJCM se podría recurrir ante la Sala 3º del Tribunal Supremo, aunque para Ecologistas en Acción sería extraño que el Supremo tuviera criterios diferentes del TSJ, además de que esto supondría la acumulación de más retrasos. Una instalación que se ubicaría en una zona de alto valor natural y con numerosos problemas geológicos, tal como muestran los informes de la consultora independiente URS y de la propia área de Ciencias de la Tierra del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).
Esta sentencia frena la construcción del ATC en Villar de Cañas y acaba con el empeño del Gobierno de construir en unos terrenos que no reúnen los requisitos técnicos adecuados de optar por este emplazamiento para el cementerio nuclear. El proyecto de Villar de Cañas impulsado durante la presidencia de Cospedal ha supuesto el gasto de decenas de millones de euros en instalaciones auxiliares, a pesar de las denuncias de Ecologistas en Acción ante la Fiscalía. Se han licitado contratos e instalaciones pagados por la empresa pública Enresa, que gestiona los residuos radiactivos en España.
El proyecto del ATC en Villar de Cañas debe cancelarse definitivamente. Ecologistas en Acción pide al Gobierno que interrumpa las actividades de búsqueda de un emplazamiento definitivo para el cementerio nuclear. En su lugar se debería establecer un calendario de cierre de las centrales nucleares para poder abrir un debate sobre la gestión de unos residuos altamente peligrosos.