Un gobierno de derecha como el de Piñera aprovecha el marco institucional posdictadura en el cual juegan los actores políticos que aceptan el esquema. Ese marco le permite poder controlar directamente los aparatos e instituciones del Estado para darle una apretada de tuerca (hacia la derecha) a las estructuras del sistema. Obvio. Se trata de […]
Un gobierno de derecha como el de Piñera aprovecha el marco institucional posdictadura en el cual juegan los actores políticos que aceptan el esquema. Ese marco le permite poder controlar directamente los aparatos e instituciones del Estado para darle una apretada de tuerca (hacia la derecha) a las estructuras del sistema. Obvio. Se trata de consolidar el marco general de todas las políticas e iniciativas que vayan en el sentido de reforzar el poder de la clase propietaria y dominante; así como el de los sectores conservadores que la apoyan.
¿No fue una pretada de tuercas neoliberal y conservadora que beneficia a las lucrativas clínicas privadas de salud, que podrán seguir recibiendo dineros públicos, los cambios al protocolo de objeción al aborto por tres causales operado por el gobierno con el visto bueno de Piñera, Larroulet, (la eminencia gris de La Moneda) y el ministro de Salud?
La política neoliberal y conservadora busca por todos los medios limitar la libertad de acción ciudadana (a los fuera del congreso o parlamento; a los «representados» mantenerlos como «mayorías silenciosas») para cambiar esas estructuras que sostienen la desigualdad social, el acaparamiento de la riqueza y el control social de la población.
Vea. Los gobiernos de las extremas derechas neoliberales y conservadoras están, tanto en Argentina como en Chile y Brasil deshaciendo fácilmente y con premura las pocas medidas «progresistas» realizadas por los gobiernos de «centroizquierda». Empezando por bajarle la tributación a las empresas y a los más ricos.
Los gobiernos que obedecen a la lógica del capital y de los mercados crean condiciones propicias y el terreno fértil para la propagación de la ideología del individualismo extremo en las que, como lo sabemos, todas las soluciones pasan por los mercados y la «seguridad ciudadana» por la represión estatal (piense en la nueva ley «antiterrorista» del piñerismo que fomenta la delación y el trabajo de inteligencia represivo encubierto y ni siquiera se plantea reformar completamente a las FFAA y Carabineros para eliminar el imperio de la corrupción). Así se refuerza el marco de la violencia estructural. En la que busca moverse y pasar desapercibida la violencia simbólica extrema encarnada en un José Antonio Kast.
Puede parecer anodino escribirlo. Pero si hilamos más fino estamos diciendo que es un marco teórico y estructural el que se impone y no son solo los conceptos los que hacen diferencia. Los conceptos como corrupción, infancia, libertad de información, violencia, acceso a la educación ya sea básica, secundaria o universitaria; pensiones o derecho a disponer de su cuerpo e identidad cambian completamente de sentido en ese marco (neoliberal y conservador) que tiene sus propios «protocolos de producción de verdades».
Los conceptos con el que se nombran las realidades (hasta aparecer como «verdades» o «sentidos comunes») son redefinidos dentro del marco a partir del cual las elites capitalistas encierran y determinan toda la «realidad» construida (que los opinólogos neoliberales, envalentonados en su marco, el mismo del TC, presentan como la única posible; lea a Rolf Lüders el ex ministro de Hacienda de Pinochet). Esta realidad pasa a ser determinada por las instituciones mismas del sistema y sus ajustes necesarios operados por el personal político y técnico al servicio directo del proyecto dominante.
Y, por lo tanto, se avizora el peligro de que comiencen a cerrarse las posibilidades de construir otros mundos, más humanos, más solidarios, más saludables, con más derechos sociales. De ahí que es difícil construir otro imaginario desde las mismas instituciones que mantienen el orden dominante y sus medios de información gratuitos gracias a la publicidad de los poderosos grupos económicos.
Que la justicia no penalice con cárcel a los corruptos y a la criminalidad de cuello y corbata es normal en esta lógica (es lo que tienen dificultad de entender los ex fiscales Gajardo y Norambuena pese a lo simpáticos que son). El orden legal, que en última instancia se impone es el que beneficia al Capital (nuevamente por el Tribunal Constitucional y el pase abierto al lucro en las Ues diciendo que los grupos empresariales tienen un derecho de mirada sobre la formación de «su» mano de obra). Juego hay, pero en ese marco.
En este marco entonces, las comisiones formadas por Piñera juegan ese rol de «normalización». Ahí surge y cobra vida la ideología del consenso que niega el conflicto social. Consenso que es el concepto clave de la «transición neoliberal» y de la democracia formal y delegativa (de los representantes en el parlamento). Y es precisamente este tipo de democracia la que está en crisis (cosa que olvidan rápidamente los «representantes populares» en el parlamento que no cejan en relegitimarlo).
Es la fuerza real e ideológica de estas Comisiones del piñerismo donde ponerse de acuerdo sobre la virtud (¡cómo se puede estar en desacuerdo sobre lo que es bueno para la infancia; antes, con el concertacionismo era sobre el CAE y el endeudarse -considerado bueno- para estudiar!) se transforman en imperativos categóricos donde la seudo ética y el chantaje emocional reemplazan la política. De ahí que, sin movimiento social que recupere la iniciativa democrática y diga estos «somos nosotros; los y las que somos nos movilizamos y nos manifestamos en la calle porque no estamos de acuerdo con vuestras soluciones (que ya sabemos por experiencia para dónde van) no es posible defender las posturas ciudadanas y populares en las comisiones donde el peso de la correlación de fuerza le es favorable a las representaciones de los centros de poder de la oligarquía dominante. En ese marco referencial que es el Estado neoliberal intacto. Al que ni siquiera rasguñó el cuarto de siglo de gobiernos del concertacionismo-NM.
Una manifestación es una fraternidad y una sororidad visibles. Por lo mismo que hay que manifestarse como pueblo o cuerpo colectivo movido por pasiones igualitarias y afectos compartidos, que son los que realmente potencian. Sin ocultar los conflictos de clase. Porque la política de las elites se hace en la inercia y el inmovilismo de la transacción. Ahí en esas comisiones sentadas donde los niños y niñas del pueblo sufriente son números, y donde se habla en nombre de … la ciudadanía ausente. Por esto mismo, la movilización social es prioritaria: es el acontecimiento que oxigena la política democrática y ciudadana. Manifestarse movilizándose es la única manera de revitalizar la democracia; darle vida y sacarla de la jaula de las comisiones de Piñera y también del Congreso deslegitimado. Poniendo bien de manifiesto la claridad de las demandas y los cambios por hacer. Es el pueblo movilizado el que interpela a los «representantes».
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.