Impunidad, corrupción, politiquería y desgobierno, crecen exóticas en Colombia. Son muchas las voces que alertan sobre sus efectos y consecuencias. Pero el régimen no se inmuta. La comunidad se habituó a cohonestar y a convivir con la impunidad, la corrupción y el desgobierno. Hay silencio cómplice la corrupción y sus consecuencias inmediatas: el desastre ético […]
Impunidad, corrupción, politiquería y desgobierno, crecen exóticas en Colombia.
Son muchas las voces que alertan sobre sus efectos y consecuencias. Pero el régimen no se inmuta.
La comunidad se habituó a cohonestar y a convivir con la impunidad, la corrupción y el desgobierno. Hay silencio cómplice la corrupción y sus consecuencias inmediatas: el desastre ético y moral.
No pocos jefes y subalternos de instituciones públicas, calculada e interesadamente optan por dar palos de ciegos, antes que cumplir con su función constitucional. Es el caldo de cultivo de la corrupción que devora las arcas del estado y el patrimonio moral de la nación.
La vía más apetecida y expedita es la contratación pública y por eso se convirtió en el eje de la política para acceder al poder. Es posible derrotar la corrupción. Para ello hay que derrotar la impunidad y la inmoralidad. Es el desafío de los gobernantes. Presidente, gobernador, alcalde, congreso, asambleas y concejos. ¿Por qué no asumen ese desafío?
Sin robar y/o malversar los recursos públicos, los gobiernos podrían responder por las obligaciones sociales constitucionales y realizar desarrollo socioeconómico integral. Salud, educación, infraestructura, recreación, servicios públicos, etc.
Impunidad, corrupción y desgobierno, son consecuencia de la irresponsabilidad y anarquía del poder. No se corrigen y extirpan, porque menoscaba intereses de las élites y acaba con la golosina del poder.
El congresista, el diputado, el concejal, el gerente, el director, el jefe, generalmente solo escuchan ofertas y seleccionan. En contados casos dejan huellas que los comprometan. Los coequiperos y testaferros hacen su oficio con maestría. La impunidad institucional, hace el resto.
No importa el costo de la obra. No importa que roben. Lo importante es que hagan algo, es común oír del común de la gente. Y esto es consecuencia de la cultura mafiosa que contagió a la sociedad colombiana.
Por eso la nación es rehén de las mafias de todas las calañas, que saquean el presupuesto público, imponen burócratas y los sostienen, sin que se pueda verificar la acción efectiva y sus resultados, de los órganos de poder correspondientes.
Carteles de la Toga, de la hemofilia, del SOAT, de la chatarrización, de los ordenamientos territoriales, de la salud y medicamentos, de las pensiones, etc.
Pensemos en el festín del sofisma de la infraestructura vial del exvicepresidente Vargas Lleras y esperemos las consecuencias.
Es el Congreso de Colombia, el mismo que en los últimos 16 años cosechó más de 80 congresistas condenados por graves delitos y otros tantos, imputaciones e investigaciones engavetadas, por graves actos delictivos. Uribe Vélez, uno de los mayores beneficiarios de la impunidad.
Además, el contenido de las leyes y decretos, dejan resquicios de escape y condiciones para la manipulación. Da la sensación que fueran diseñados, para darle el manejo que las conveniencias requieran.
Ahí está la explicación de los precarios resultados, en las investigaciones de Contralorías, Fiscalías y Procuradurías. Los procesos abiertos, generalmente tienen desarrollo precario o cosméticos. De vez en cuando cae algún burócrata delincuente, apadrinado deficientemente o por exceso de confianza. Los órganos judiciales, fiscales, disciplinarios y penales, están sometidos al asedio de los corruptos. La impunidad supera el 97%, con más de 2.8 millones de procesos represados o engavetados. ¿Cuántos jueces y abogados litigantes, coadyuvan o explotan ese caldo de cultivo?
La reciente decisión de la Corte sobre Uribe Vélez, sorprende. ¿Y sus cómplices aliados?
Sin Impunidad, sin corrupción y anarquía institucional, deberían estar presos, hace rato. Revertir y cambiar ese estado mafioso desastroso institucionalizado, es prácticamente imposible, bajo las condiciones políticas imperantes y composición del congreso y seguirá siendo, si no se renueva al 100% de sus miembros y si no cambia la tolerancia generalizada de la sociedad.
Con facilidad los electores, reeligen a los mismos o a sus pupilos, sin importar que su hoja de vida sea un prontuario delictivo, en muchos casos.
La jungla jurídica, en la que se parapetan ciertos jueces, litigantes y violadores de la ley, debe ser depurada.
El contagio corruptor se posesionó de las altas esferas del poder. Se perdió el sentido del decoro y la dignidad. Esa la causa de que cualquier reforma que amenace intereses, naufraga.
El Congreso, con beneplácito del Ejecutivo, con total descaro e irresponsabilidad, trató de imponer una reforma judicial, para su propio beneficio y de paso quiso enrodar a altas cortes, con beneficios que con elocuente silencio aceptaron. Milagrosamente naufragó.
Impusieron la reforma al fuero militar. Las investigaciones contra parapolíticos y falsos positivos no dan resultados efectivos. En la aplicación de la ley, hay generalizado caos, anarquía y favoritismo.
Los llamados choques de trenes, entre altas cortes generalmente son choque de intereses.
La Comisión de Acusaciones de la Cámara, es realmente de absoluciones, encubrimiento y burla a los ciudadanos. Últimamente dio un micro paso.
Se debe recordar: ¿Y los resultados del carrusel de pensiones en el Consejo de la Judicatura? ¿Y por qué ahí? ¿Resultado de la investigación? Ese órgano es el refugio de politiqueros que se convierten en magistrados, que desde ahí continúan con su perversidad.
El caos político-administrativo y la anarquía del poder, exige profundas reformas, que corrijan a fondo el marco legal que las define y orienta su interpretación. Exige depurar el aparato judicial, fiscal y disciplinario y someter ante la ley, la horda de litigantes, jueces y burócratas deshonestos.
Bajo el imperio de la delincuencia organizada, consentida y tolerada por delincuentes de cuello blanco de la burocracia oficial y los empresarios es imposible esperar un futuro civilizado para Colombia.
Los actuales candidatos se deslizan sobre generalidades. No quieren comprometerse con nada de fondo, excepto Petro, aunque debería ser más explícito y concreto.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.