Raperos, cantantes, periodistas y algunos eurodiputados denuncian en Bruselas los ataques contra la libertad de expresión en España
Parlamento europeo durante la intervención de Pablo Hasel y el grupo de apoyo a Valtonyc. LOS VERDES-ALE
Estaban Pablo Hasel, con dos condenas que suman más de cinco años por delitos varios que han perpetrado las letras de sus canciones. También miembros de La Insurgencia, el colectivo de una docena de raperos pendientes de que se confirme una condena de dos años por lo mismo. O Alex García, un youtuber al que los contenidos de su canal, Resistencia Films, lo sentaron en el banquillo de la Audiencia Nacional con una petición fiscal de dos años y 2.000 euros de multa. Y Jorge Correa, aka Boro HL, colaborador de Kaos en la red y La Haine, condenado a un año y medio por los comentarios en su Facebook personal y con una petición de seis por agresión a un policía. Era el jueves 24, en Bruselas, y desde la noche anterior se especulaba sobre si Valtonyc andaba por las proximidades de la capital eurócrata, ahora camino de convertirse en la meca del exilio español. En algunos ambientes lo calificarían como un aquelarre de incitadores al odio, pero el rapero mallorquín no apareció, aunque lo conjuraron, participantes y periodistas.
El «aquelarre» se titulaba oficialmente «Cala! Shut Up! Calla! Tais-oi! Cállate! Pofa Be! Attacks on Freedom of Speech and Press in Europe», pero los que participaban en la sala Petra Kelly del Parlamento Europeo en Bruselas, en un acto coordinado por la eurodiputada del BNG, Ana Miranda y el Grupo Los Verdes-Alianza Libre Europea habían sido condenados por alguna de las variantes de expresar opiniones que únicamente se consideran delito en España. Josep Miquel Arenas, Valtonyc, con una condena de tres años y medio que debería empezar a cumplir ese día no estaba -por el sector de prófugos compareció el conseller de Cultura de Puigdemont, huido con él, Lluis Puig-, pero sí miembros de su grupo de apoyo. «Si la policía que lleva tanto tiempo controlándolo, o los medios que han publicado donde está, que nos lo digan, porque llevamos tres semanas sin verlo, sin saber si está vivo o muerto, si come o no», aseguró uno de ellos, Mulay Embarek. «Si ha decidido irse, yo lo respeto. Pero el exilio no implica libertad, es dejar amigos y familia. Yo no dejaré que me echen y seguiré denunciando el fascismo del Estado», señalo Hasel.
Los periodistas que habían acudido al reclamo de la posible aparición del último refugiado o los corresponsales habituales, los eurodiputados y funcionarios que entraban en la sala impelidos por la curiosidad o el interés posiblemente no habían escuchado en muchas ocasiones declaraciones tan contundentes como las que se hicieron desde el estrado en las mesas dedicadas a la libertad de expresión en la Red y en la Música. Ivan Lezno, de La Insurgencia, pasó al ataque, pidió «la disolución del proyecto imperialista de la UE» -lo que provocó que el eurodiputado de ERC Josep- Maria Terricabras matizara que «hay otras maneras de concebir Europa». «Encarceladnos a nosotros también, os desafiamos, lo único que vais a hacer es adelantar vuestro juicio», finalizó Lezno su alegato. Boro HL enseñó una foto en la que aparecían quienes llamó «Franco Uno, Franco Dos y Franco Tres» (Franco, Juan Carlos I y Felipe VI) y acto seguido la rompió.
No todo fue proclama. Las mesas dedicadas a la Palabra y al Texto fueron más analíticas. La relatora del informe sobre Pluralismo y libertad de los medios de comunicación en la Unión Europea (aprobado por el pasado 3 de mayo por el Parlamento Europeo), Bárbara Spinelli, de Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, señaló que «la noción de fake news no debe usarse para excluir o criminalizar voces críticas. La información errónea en Internet tiene una naturaleza viral y una potencia ofensiva que no debe ser subestimada, pero la censura, especialmente si se confía a los propios gigantes como Google, Facebook, Apple, Microsoft, no puede ser la respuesta». Para Spinelli, los análisis más serios «establecen que ni las fake newsni los perfiles de los usuarios, ni Cambridge Analytics, han determinado el resultado de las elecciones estadounidenses o francesas o del referéndum sobre el Brexit. Acusar de todo ello a un algoritmo es un recurso demasiado fácil para evitar el análisis honesto de un resultado electoral». La relatora del informe apuntó también que las noticias falsas «peores y más letales, desde la guerra de Corea hasta las armas de destrucción masiva las han difundido medios tradicionales y legales, y periódicos de referencia han perdido su prestigio por sus opiniones sobre la guerra fría, el terrorismo o los acontecimientos de Cataluña».
En el mismo panel, la exdirigente de las Juventudes Socialistas Beatriz Talegón echó mano de un informe del Pew Research Center sobre credibilidad y consumo de medios de comunicación en Europa, que establece que en España solo el 31% de la población confía en la prensa, un porcentaje únicamente superior al de Italia (29%) -«y aquí tendríamos que analizar la presencia de Berlusconi en los sistemas mediáticos de ambos países», dijo la ponente- y claramente inferior al 61% de Holanda o el 69% de Alemania o Suecia. Paradójicamente, el 80% de los españoles considera que el papel de la prensa es importante, pero únicamente un 5% confía ampliamente en ella, de lo que cabría deducir -esto no lo dijo Talegón- que un 75% es recuperable para la causa del periodismo. O no. La gente que se define de derechas confía más en la prensa (34%) que la que se sitúa en la izquierda (24%), una relación inversa a la que se produce en los lectores del norte de Europa, como Alemania (56% a 67%) y Suecia (61% a 72%). También aquí el consumo de televisión está segmentado ideológicamente: los espectadores de la Sexta son un 12% de izquierdas y un 5% de derechas, mientras los de TVE se adscriben el 16% a la derecha y el 8% a la izquierda. Esa fragmentación no se da, o no la ha percibido el Pew Center, en los otros siete países europeos analizados.
Las críticas se aguzaron en la mesa de Texto. El periodista y escritor Aníbal Malvar dio por perdida la batalla de la libertad de expresión. «Si yo injurio a alguien, me cae un puro, pero a los grandes medios de derechas, con un enorme poder financiero detrás, les sale rentable la calumnia, porque en el caso raro de que los condenen, la multa es inferior al beneficio en clics o en publicidad. Y también hemos perdido la batalla del público, como demuestra el hecho de que el 90% de la gente en España no sabe los motivos reales por los que fueron condenados raperos como los de La Insurgencia«. Malvar afirmó no esperar nada de las instituciones, y llamó a creadores y periodistas a participar en una gran conspiración para difundir todo los hechos ocultados, y romper el tradicional pacto de no agresión de los medios: perro no come perro. «Tenemos que comer perro», animó.
En eso coincidió -no en la consigna, sino en el análisis pesimista de capacidad de cambio de las instituciones- Jean Quatremer, corresponsal de Libération en Bruselas desde hace 25 años y abogado de formación. «Europa ha pasado de ser una idea magnífica a una organización que defiende los intereses de la derecha, en concreto de la CDU y del PP español. Si mañana las tropas españolas bombardeasen Cataluña, ni siquiera estoy seguro de que hubiese una reacción… ‘hubo tiros porque estaban limpiando los cañones’. ¿Por qué se cuestiona a Polonia, pero no a Hungría o a Austria, con políticas parecidas?, porque quien gobierna en Varsovia es un partido que no pertenece a ninguna de las grandes familias que controlan el Parlamento y la Comisión, populares y socialistas», dijo, y criticó que Hollande, un socialista, haya proclamado un estado de emergencia en Francia que dura más que el que se impuso durante la guerra de Argelia. «Y estas políticas se hacen porque tienen un apoyo mayoritario de la opinión pública y el público está contento, no hay un pueblo oprimido», se encendió el veterano corresponsal.
En la conferencia participó también el escritor Suso del Toro y representantes del comité intercentros de la Compañía de Radio Televisión de Galicia, para denunciar la interferencia gubernamental en la política informativa. Al regreso, se encontraron con la noticia de que una editora había ordenado que la noticia de la sentencia de la Gürtel durase 40 segundos.