En el primer escenario (sin el Estado), los sectores populares logran su autonomía y autogestión; esta última generando una fuerza productiva autosuficiente y enmarcada en el respeto y la preservación de la naturaleza, que le permitirá satisfacer sus necesidades, pero sin que prevalezcan los intereses y la lógica capitalistas. Algo que, sin duda, suena ilusorio, […]
En el primer escenario (sin el Estado), los sectores populares logran su autonomía y autogestión; esta última generando una fuerza productiva autosuficiente y enmarcada en el respeto y la preservación de la naturaleza, que le permitirá satisfacer sus necesidades, pero sin que prevalezcan los intereses y la lógica capitalistas. Algo que, sin duda, suena ilusorio, mas no imposible de alcanzar. En el segundo(contra el Estado), los ciudadanos confrontan la represión y las razones del Estado que coartan sus derechos y reivindicaciones; especialmente cuando tales razones responden a los intereses supuestamente superiores del capitalismo, local y global. Mientras en el último de estos escenarios (desde el Estado), el Estado es objeto del control popular, lo cual podrá concretarse mediante la conquista de los espacios institucionales, nacionales o locales (haciendo uso, inclusive, de las reglas de juego que han servido para legitimar la hegemonía de las élites dominantes), instaurando, en consecuencia, unas nuevas relaciones sociales de poder, alcanzadas a través del ejercicio de una democracia directa.
Puede ocurrir que los tres escenarios tengan lugar simultáneamente, solo que con niveles de intensidad distintos y de maneras que pocos logran determinar con claros detalles, lo que -al carecer de objetivos precisos y concebidos a mediano o largo plazo- hace que en la mayoría de las circunstancias suscitadas se vuelva al punto de partida, sin mucha trascendencia, haciendo que los sectores populares se convenzan amargamente de una fatalidad aparentemente insuperable que, a pesar de todo, se yergue siempre sobre sus luchas.
No obstante, en medio de todo esto, hay que considerar que el sistema económico imperante, en su variante de capitalismo neoliberal, se ha apropiado abiertamente de espacios políticos importantes que dificultan la influencia, el protagonismo y la participación de los sectores populares. Al respecto, Roberto Regalado nos ilustra que «el neoliberalismo es una doctrina concebida para imponer y legitimar la desigualdad social extrema. En los años setenta, ochenta y noventa del siglo XX, los ideólogos neoliberales decían públicamente lo que pensaban, entre otras cosas, que la desigualdad social, llevada a sus extremos más atroces, era buena y necesaria y, por tanto, debía ser fomentada por el Estado. Así repetían lo que habían aprendido de su maestro: en el pequeño libro considerado como obra fundacional del neoliberalismo, Camino de Servidumbre, impreso en 1944, el padre de esa doctrina, Friedrich Hayek, afirmaba: «toda política directamente dirigida a un ideal sustantivo de justicia distributiva tiene que conducir a la destrucción del Estado de Derecho». Repárese en que Hayek planteaba que la justa distribución de la riqueza conduce a la destrucción del Estado de Derecho, es decir, que la justicia social es incompatible con la democracia liberal burguesa o, dicho a la inversa, que la democracia liberal burguesa es incompatible con la justicia social»
No está demás aseverar, por tanto, que el patrón de producción y reproducción social presente en la mayoría de los países existe y subsiste gracias al modelo de Estado moderno. Por ello mismo, el Estado no puede ser un elemento ajeno al debate teórico y a las luchas populares relacionadas con la construcción de un nuevo modelo civilizatorio que erradique la tradicional división de clases y sea alternativo al impuesto por la lógica del capitalismo. Algo en lo que, durante el largo transcurso de la historia, se enfrascara una diversidad de luchadores y de teóricos revolucionarios del socialismo/comunismo sin obtener resultados concretos que hicieran de ello una realidad posible.
Como colofón, habría que decir que sólo a través de un continuo y radical proceso de descolonización política y cultural podrá iniciarse y asegurarse, a su vez, un proceso de descolonización económica y material de la ciudadanía; lo que, a largo plazo, tendrá que plasmarse en la construcción colectiva de un nuevo modelo civilizatorio. Esto, de uno u otro modo, afectará la concepción, las estructuras y el funcionamiento del Estado tal como se conoce actualmente.
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