CEAR considera que su firma compromete al Gobierno «a acabar con las devoluciones ilegales y con el uso sistemático de las detenciones en los CIE, entre otras cuestiones»
El primer acuerdo mundial por las migraciones se ha producido esta semana en Marrakech. La mayoría de los países miembro de la ONU, un total de 150, han aprobado el Pacto Mundial para la Migración para garantizar que esta sea «segura, ordenada y regular». Pedro Sánchez se ha sumado con entusiasmo a la iniciativa, ha arremetido contra el miedo que determinados actores pretenden agitar contra «el diferente» y ha anunciado dos nuevas medidas en ese sentido: un plan de ciudadanía y un fondo estatal para la integración de los inmigrantes.
Por otro lado, algunas organizaciones que trabajan con migrantes y refugiados se han mostrado escépticas con la escena y han exigido más compromisos. El pacto, como bien ha recordado el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, «no es un tratado» y «no es jurídicamente vinculante». Es decir, cada Estado es soberano para determinar sus propias políticas migratorias y de control de fronteras. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), no obstante, considera que el acuerdo es «histórico» y que su firma compromete al Gobierno español «a acabar con las devoluciones ilegales en las fronteras y con el uso sistemático de las detenciones en los CIE, entre otras cuestiones».
El Gobierno actualmente incumple algunos de los 23 puntos que abarca este nuevo Pacto Mundial para las Migraciones. Las ONG explican a Cuartopoder.es qué tendría que cambiar para que realmente se garantizaran los derechos de las personas migrantes y refugiadas, tal y como abarca este acuerdo global.
1. «Aumentar la disponibilidad y flexibilidad de las vías de migración regular»
Uno de los puntos que abarca el tratado es aumentar «la disponibilidad y flexibilidad de las vías para la migración regular». Según explica el coordinador de Migraciones de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Carlos Arce, «en el ámbito de las migraciones el marco jurídico existentes es totalmente ficticio» y «la vía irregular es la única vía para migrar de la inmensa mayoría». Ni España ni otros países han facilitado estas vías seguras que las ONG llevan décadas reclamando.
2. «Utilizar la detención de migrantes solo como último recurso y buscar otras alternativas»
Esta disposición actualmente no se cumple en España. Hay «un uso sistemático de las detenciones en los CIE», apunta CEAR. Los Centros de Internamiento de Extranjeros «siguen abiertos», pero además este verano «se ha estado privando de libertad a los migrantes en pabellones deportivos que ni siquiera eran centros, en sótanos de comisarías o en naves industriales», explica Arce. Además, las propias cifras oficiales demuestran que estos centros no sirven para su principal finalidad, que era la de deportar a los migrantes. El 65,5% de los que pasaron por un CIE en 2017 no llegaron a ser expulsados.
3. «Proporcionar a los migrantes acceso a servicios básicos» o «abordar y reducir las vulnerabilidades en la migración»
Los derechos fundamentales de los migrantes se vulneran cuando «no permitimos que se pida asilo o ponemos concertinas», explica Rafael Escudero, director de la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, quien cita como ejemplo las largas colas que se forman en Madrid para pedir asilo o el hecho de que varias familias con niños a cargo hayan tenido que ser acogidas en la parroquia de San Carlos Borromeo porque se le había negado la atención más básica y estaban en la calle. «Menos fotos en Marruecos, y más medidas reales nacionales como acabar con las identificaciones raciales o el ninguneo de las personas solicitantes de asilo», añade.
4. «Recopilar y utilizar datos exactos y desglosados para formular políticas con base empírica»
«Mandamos el mensaje de que 11.000 niños son ‘menas’, cuando son niños y algunos de nuestros políticos dicen que hay que devolverlos», relata Escudero en referencia a la presidenta de Andalucía en funciones, Susana Díaz, quien indicó para la sorpresa de las ONG que trabajan con estos menores que la inmensa mayoría de quienes llegan a las costas españolas tienen familia en Marruecos y quieren regresar con ella. Por ello, instó al Gobierno central a articular una fórmula con las autoridades marroquíes para que volvieran con sus familiares, aunque el Ejecutivo de Pedro Sánchez desestimó la propuesta. Escudero explica cómo muchos de los menores extranjeros que atiende la Red escapan de episodios terribles de violencia doméstica.
5. Acceso y respeto a los Derechos Humanos
«En coherencia con el Pacto, España también debe garantizar el acceso y respeto a los derechos humanos en nuestra frontera sur, poniendo fin a las devoluciones ilegales», ha recomendado CEAR. Por otra parte, Arce explica que España ya incumple con algunas instituciones que son jurídicamente vinculantes, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe las devoluciones colectivas. De hecho, en materia legal el pacto no aporta demasiado, ya existe toda un marco legal internacional para las migraciones como la Convención de Ginebra o normas nacionales como la ley orgánica de protección jurídica del menor. Según Arce, este acuerdo global es «útil porque es un impulso político para cumplir la normativa que ya existe».