La Audiencia Provincial de Cádiz ha ordenado al Juzgado de Instrucción número 2 de Arcos que reabra el caso del profesor de Olvera que en septiembre de 2002, tras ser detenido en esta localidad, falleció en un calabozo de la Policía Local arcense. El auto que revoca el sobreseimiento de la causa, decidida por la […]
La Audiencia Provincial de Cádiz ha ordenado al Juzgado de Instrucción número 2 de Arcos que reabra el caso del profesor de Olvera que en septiembre de 2002, tras ser detenido en esta localidad, falleció en un calabozo de la Policía Local arcense. El auto que revoca el sobreseimiento de la causa, decidida por la juez el pasado noviembre, acuerda que el proceso debe continuar con la imputación a seis personas de los delitos de detención ilegal y omisión del deber de socorro. Los imputados son el entonces jefe de la Policía Local de Olvera, el entonces sargento del puesto de la Guardia Civil de esa población y cuatro policías locales de Arcos encargados de custodiar al profesor fallecido, Mateo Cabrera Pérez, durante la estancia de éste en las dependencias policiales.
El juzgado de Arcos que investigó el caso decidirá ahora si lo tramita todo en un mismo proceso o si segrega la causa en tantos procesos como delitos e imputados haya, señala el auto de la Sección Octava de la Audiencia, con sede en Jerez, del que ha sido ponente la magistrada Carmen González Castrillón.
El auto, que responde a un recurso contra el archivo de la causa presentado por la familia de Mateo Cabrera, rechaza imputar a otras personas y no ve indicios de homicidio imprudente en el caso, pero sí considera que los hay, y muy claros, de dos irregularidades penales: de que el profesor fue detenido ilegalmente y de que no fue auxiliado ante la evidente situación de desamparo que presentaba.
Mateo Cabrera, licenciado en Filosofía y Letras, especialidad de Filología Hispánica, por la Universidad de Granada, era profesor interino en el Instituto de Enseñanza Secundaria Sierra de Líjar de Olvera. Tenía 36 años de edad. El 9 de septiembre de 2002, Mateo discutió con el director del instituto, quien por entonces era también concejal de Seguridad Ciudadana.
Tras esa discusión, en la que Mateo golpeó al director del centro, el profesor fue detenido por el jefe de la Policía Local de Olvera.
El auto de la Audiencia que ordena reabrir el caso afirma que Mateo adoptó desde entonces un comportamiento anormal y entró en un estado de alteración nerviosa que le llevó incluso a darse golpes en la cabeza contra el suelo. Y que pese a ello, el jefe de la Policía de Olvera se limitó a trasladar al detenido al cuartel de la Guardia Civil de esta localidad: sin adoptar medida alguna de auxilio a Mateo.
Aún más: la Audiencia sostiene que el jefe policial hizo «una interpretación sesgada e interesada del parte de lesiones» del director del instituto y que exageró la gravedad de las heridas sufridas por éste para justificar la detención del profesor.
Ya en el cuartel, Mateo quedó a cargo del sargento del puesto, quien practicó las diligencias pertinentes: entre otras, informó al detenido de sus derechos, le tomó declaración, avisó a sus familiares y al letrado de oficio y a la autoridad judicial y, tras ello, mantuvo la detención y decidió trasladar al profesor al depósito carcelario de Arcos.
«No ha quedado claro qué razones llevaron al sargento a mantener la situación de privación de libertad ante un detenido tranquilo, un incidente ya resuelto y finalizado y un parte de lesiones que por sí solo no evidenciaba apariencia de delito alguno», señala el auto de la Audiencia al explicar las razones que le llevan a imputar al guardia civil de un delito de detención ilegal.
Mateo fue trasladado desde Olvera a Arcos. Allí, el profesor fue recluido en los calabozos de las dependencias de la Policía Local. En espera de una comparecencia, al día siguiente, ante la juez.
El profesor falleció esa noche. La Audiencia afirma en su auto que el comportamiento de Mateo (fuera de sí, agitado y sin poder controlar sus impulsos) mostraba claramente que se encontraba en situación de peligro, que precisaba ayuda y asistencia médica. Pero que, pese a ello, no le fue prestada por los agentes encargados de custodiarlo.