La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) acaba de recibir su primer varapalo judicial en la batalla por cobrar un canon a las fiestas populares que se celebran en Galicia. El juzgado de Primera Instancia número 4 de Vigo ha rechazado la demanda del colectivo de autores contra la comisión que organiza las fiestas […]
La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) acaba de recibir su primer varapalo judicial en la batalla por cobrar un canon a las fiestas populares que se celebran en Galicia. El juzgado de Primera Instancia número 4 de Vigo ha rechazado la demanda del colectivo de autores contra la comisión que organiza las fiestas de Liñares, que se celebran en la parroquia de San Miguel de Oia desde hace dos siglos.
La sentencia desmonta las tesis de la Sociedad de Autores, y concluye que los vecinos que participan en la comisión de festejos no deben responder en ningún caso con su propio patrimonio a la reclamación económica. La jueza alude a las peculiaridades de los grupos de vecinos que organizan estos festejos para justificar que no sean tratadas como cualquier sociedad anónima, ya que carecen del elemental ánimo de lucro.
Y no sólo eso. El tribunal considera probado que la SGAE ya ingresa los derechos de autor a través de las orquestas, por lo que censura que la entidad pretenda cobrar también a las comisiones de fiestas por el mismo concepto. «Se estaría abonando dos veces por un mismo acto, algo equiparable a la doble imposición en materia fiscal», recoge el fallo.
Satisfacción vecinal
La sentencia llevó ayer la satisfacción a las principales comisiones de fiestas de Vigo, que en primavera habían anunciado su intención de cancelar todas las celebraciones en el caso de que la SGAE ganase el juicio. El propio presidente de la agrupación que coordina a las principales comisiones de festejos, Gabino Goberna, había llegado a calificar el canon de la Sociedad de Autores de «abusivo». «Pasamos el año trabajando, mendigando por las puertas para sacar para pagar a las orquestas y resulta que se lo quiere quedar la SGAE, cuando nosotros no sacamos ni un duro», explicaba Goberna, partidario de negarse taxativamente a abonar el 7% del presupuesto de las fiestas que reclama sistemáticamente la Sociedad General de Autores.
Y, de hecho, la insumisión a la SGAE es lo que parece que se avecina, toda vez que la mayoría de las fiestas populares de la ciudad y gran parte de las de Galicia estaban pendientes de la sentencia para tomar una decisión con respecto al canon. «Éste es el primer paso, pero hay muchas agrupaciones que ya están amenazadas judicialmente y que consiguieron retrasar los procesos a la espera de lo que pudiera pasar con nuestro caso», confirmaba ayer José Porto, presidente de la comisión de Liñares que le ha ganado por primera vez en Galicia un juicio a la Sociedad de Autores.
Otras agrupaciones decidieron plegarse a la presión de los autores y pagar un canon que, en el caso de las jaranas más importantes, puede ascender a más de 7.000 euros. Estas cifras hacían que las comisiones considerasen inasumible un canon que descabalgaba totalmente los presupuestos, elaborados con donaciones de vecinos y subvenciones públicas.
ANTECEDENTES
Un conflicto que deja las verbenas al borde de la cancelación
La polémica que enfrenta a la SGAE con los organizadores de las fiestas populares gallegas se remonta a mayo del año pasado. Los responsables de las 40 jaranas parroquiales más famosas de Vigo se unieron en torno a una de las fiestas más modestas, la de Liñares, a la que la Sociedad de Autores reclamaba la friolera de 2.144 euros. La entrada del caso en los tribunales fraguó un frente común que llevó a los organizadores de los festejos a asegurar que cancelarían las verbenas y celebraciones si el fallo les obligaba a pagar.
Precedentes judiciales
El objetivo de su alianza era evitar que la Sociedad de Autores se llevase otra vez el gato al agua, como había ocurrido meses antes en el proceso judicial que abrió contra la Fiesta de Présaras, en Betanzos. En aquella ocasión, la sentencia de primera instancia obligó a los organizadores del festejo a pagar 2.658 euros a la SGAE, pese a que se daba la circunstancia de que los grupos de música participantes aseguraron haber tocado repertorio propio sin cobrar por ello.
Al final, la sentencia quedó en manos de la Audiencia de A Coruña, que propinó el primer golpe judicial a la SGAE, al reducir el canon a pagar a apenas 176 euros. Ahora, el nuevo rechazo de los argumentos de los autores hace prever un aluvión de impagos.
Los autores recurrirán el fallo al verlo «ilógico e inconsistente»
La sentencia de Vigo cayó como un jarro de agua fría en una Sociedad General de Autores poco acostumbrada a los revolcones judiciales. Tanto es así, que el de la fiesta de Liñares es el primer caso en el que los tribunales gallegos rechazan sus argumentos. Por ello, y aunque la propia SGAE abogaba por no judicializar en exceso el conflicto, el delegado de la entidad en Galicia, Javier Vidal, aseguraba ayer que la sentencia va a ser recurrida ante la Audiencia Provincial.
Vidal se expresaba ayer con dureza a la hora de evaluar la decisión judicial. «Es recurrible porque no se ajusta a derecho. Los argumentos son ilógicos. Para empezar, las orquestas no nos pagan los derechos de autor, eso es falso», afirma Vidal, pese a que las propias orquestas declararon en el juicio que habían pagado a la SGAE el canon. El delegado de la Sociedad de Autores cree, además, que «también es inconsistente argumentar que las comisiones de fiestas no tienen ánimo de lucro». «Por esa regla, pueden entrar en una tienda y llevarse lo que quieran sin pagar. Estos argumentos no se sostienen, por lo que esperamos que se rectifique», apuntaba Javier Vidal. El representante en Galicia de este colectivo aseguraba además que no teme una oleada de impagos, porque «la sentencia sólo es aplicable para este caso concreto».
Las fiestas, confiadas
Bien distinta es la opinión de los abogados que llevaron la defensa de la comisión de fiestas de Liñares. Eva Bouza, letrada responsable del caso, asegura que la sentencia «está bien fundamentada», por lo que confía en que la Audiencia Provincia de Pontevedra la ratifique. Eso sí, para conocer la respuesta definitiva habrá que esperar varios meses.