El 1 de diciembre de 2002 los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), autores de las mayores atrocidades cometidas en el país en los últimos años, declararon un cese unilateral de hostilidades. A partir de esa fecha, el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez -que había accedido a la Presidencia de la República de […]
El 1 de diciembre de 2002 los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), autores de las mayores atrocidades cometidas en el país en los últimos años, declararon un cese unilateral de hostilidades. A partir de esa fecha, el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez -que había accedido a la Presidencia de la República de Colombia tan sólo cuatro meses antes- inició con estos grupos armados ilegales un proceso de paz. Dos años después, el proceso no ha supuesto el cese de agresiones a la población civil por parte de los grupos paramilitares, de libertad en zonas bajo su control y los crímenes que han cometido y cometen contra la población civil escapan a la justicia.
El Consejo de la Unión Europea sobre Colombia celebrado en diciembre de 2004 expresó su apoyo político y económico a la desmovilización de los paramilitares, siempre que exista un cese de hostilidades y se establezca un marco jurídico que regule el proceso. Los días 3 y 4 de febrero se celebra en Cartagena de Indias (Colombia) un encuentro de la Mesa de Donantes, que reúne a la UE y otros países interesados en colaborar en la búsqueda de la paz en Colombia y en donde previsiblemente el Gobierno Colombiano reclamará un respaldo al proceso de desmovilización de los paramilitares.
Desde IZQUIERDA VERDE- IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS solicitamos, que el Gobierno Español en el marco de su relación bilateral con Colombia, contribuya al proceso de democratización en el sentido de que se respeten los Derechos Humanos, a apoyar a las víctimas, desmantele la actividad militar de estos grupos y extienda el ejercicio de los derechos asegurando la verdad, justicia y reparación para la población civil afectada.
El proceso de acercamiento del actual Gobierno hacia los grupos paramilitares comenzó a gestarse incluso antes de su toma de posesión, tal y como se observó en la campaña presidencial de Álvaro Uribe Vélez. En este sentido hay que subrayar la palabra de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robinson, dijo ante el 58 período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos (18-4-02): «Aún más preocupante es el hecho de que un importante segmento de la sociedad vea ahora al paramilitarismo como una opción legítima, y que algunos candidatos políticos parecen aprobar las actividades paramilitares, tal como lo demuestra la propuesta presentada por uno de los principales candidatos, de armar a un millón de civiles».
En este escenario político, los líderes de los grupos paramilitares lanzaron su propuesta de paz cuyos objetivos parecen evitar la extradición a Estados Unidos por narcotráfico, eludir la cárcel o, al menos, cumplir penas mínimas en Colombia y conservar la mayor parte posible de su riqueza obtenida ilegalmente. Hasta el momento el Gobierno no ha opuesto obstáculos serios a estas pretensiones que pretende condicionar el proceso de democratización.
Por todo ello, el grupo parlamentario IV-IU-ICV ha presentado una proposición no de ley con el siguiente contenido:
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en el marco de relaciones bilaterales con Colombia y teniendo en cuenta el proceso de desmovilización de los paramilitares en curso el Gobierno defienda el respeto a los Derechos Humanos y siga con especial atención que el desarrollo del proceso de desmovilización se ajuste a los principios de verdad, justicia y reparación y contribuya a que éste se produzca en el marco legal que asegure:
1. Cese efectivo de las hostilidades y abusos por parte de estos grupos contra los civiles.
2. Existencia de una ley integral que regule la desmovilización y de cumplimiento real a los principios de verdad, justicia y reparación, con especial énfasis en la ubicación de los desaparecidos.