Eduardo Aguirre, director de la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (BCIS, por sus siglas en inglés), ha sido designado por el presidente George W. Bush embajador de Estados Unidos en España. Como viene siendo habitual, el gobierno de Washington ha elegido para este cargo un personaje lo más acorde a la política ultraderechista […]
Eduardo Aguirre, director de la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (BCIS, por sus siglas en inglés), ha sido designado por el presidente George W. Bush embajador de Estados Unidos en España.
Como viene siendo habitual, el gobierno de Washington ha elegido para este cargo un personaje lo más acorde a la política ultraderechista y belicista que trata de imponer en todo el planeta. En este caso, Eduardo Aguirre, de origen cubano, es además una pieza necesaria para intentar acotar los gestos de acercamiento entre los gobiernos de España -y por extensión de la Unión Europea- y de Cuba. Así al menos lo han interpretado los sectores más reaccionarios tanto de Miami como de Madrid.
Desde la llegada de George W. Bush a la Casa Blanca, Eduardo Aguirre -que comparte múltiples conexiones tejanas con el presidente- ha protagonizado una carrera ascendente en Washington. Aguirre, de 57 años edad, se convirtió en 2003 en el primer director de la BCIS, una de las tres entidades que sustituyeron al antiguo Servicio de Inmigración y Naturalización (INS), y por ello su cargo contaba con el rango de subsecretario del Departamento de Seguridad Nacional.
Antes de desempeñar ese cargo, Aguirre trabajó durante 24 años en una institución privada de crédito, el Bank of America, uno de los mayores bancos del país y también ocupó (Bush mediante) el puesto de vicepresidente y responsable ejecutivo del Banco Export-Import, agencia gubernamental ‘independiente’ cuyo objetivo es la financiación y concesión de préstamos a compañías estadounidenses que tienen dificultades en el extranjero para competir en pie de igualdad con otras empresas.
Llegó de Cuba
Los grandes medios de propaganda han recordado estos días que tanto «Aguirre como su esposa María Teresa llegaron a Estados Unidos a los quince años de edad, dentro de la operación «Peter Pan» que organizaciones religiosas pusieron en marcha para sacar a 14.000 niños de Cuba» a comienzos de los 60.
Lo que nadie cuenta es que esa operación fue preparada por la CIA y que los menores fueron sacados ilegalmente de la isla durante los primeros años de la Revolución cubana. A través de la emisora clandestina Radio Swan, los ideólogos de la agencia de espionaje difundieron la falsa noticia de que el gobierno cubano se disponía a aprobar una ley por la cual se iba a despojar a las madres y padres de la patria potestad y se iban a enviar a los niños cubanos a la Unión Soviética para ser ‘reeducados’. Ello condujo a numerosas familias a desprenderse de sus hijos y enviarlos a su suerte hacia los Estados Unidos, y en menor medida hacia otros países. Esa campaña cruel e inhumana causó un drama social y familiar en la isla y fue desarrollada gracias a la colaboración necesaria de la Iglesia católica de Cuba y a la financiación del Gobierno de los Estados Unidos.
Pues bien, Eduardo Aguirre y otros 13.999 niños cubanos tuvieron que vivir durante años en campamentos, orfanatos y hogares de acogida, separados de sus familiares y de su país de origen. Pero con el paso del tiempo, Aguirre se hizo íntimo del gobernador de Texas -un tal George W. Bush- quien a principios de los 90 le nombró miembro del consejo rector de la Universidad de Houston y director no letrado del colegio estatal de abogados. Al mismo tiempo hacía carrera en el mundo de la banca hasta que lo abandonó para ascender en el de la política. No en vano la revista Hispanic Business le ha nombrado durante 3 años consecutivos como uno de los 100 hispanos más influyentes del país.
Dicen de él, tratando de ofrecer una cara amable, que «no se ha destacado como militante anticastrista ni se le conocen actividades en este sentido». Parece ser que, efectivamente, no ha militado en las organizaciones terroristas paragubernamentales de Miami. Pero lo cierto es que su labor contra Cuba la ha realizado desde donde ha tenido oportunidad.
Inmigrantes de primera y de segunda
Como responsable de la BCIS ha sido implacable con la política migratoria fascistoide y genocida de la administración Bush. Al tiempo que representaba el papel de funcionario ‘demócrata’ interesado en regular la inmigración «ilegal», en la límite sur de su país se desarrollaba uno de los dramas humanos más infames del planeta. Un muro de la vergüenza, un ejército de policías armados y equipados hasta los dientes y un sinfín de bandas caza-inmigrantes toleradas por las autoridades, aumentaban la (re)presión y forzaban a cruzar por zonas peligrosas a quienes pretendían atravesar la frontera.
Durante los 18 años que duró la existencia del Muro de Berlín 170 personas murieron en el intento de saltarlo. Sólo en 2004, el saldo de migrantes muertos a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos fue de 373.
Así, mientras para mexicanos y otros latinoamericanos el destino es la muerte o la deportación, para los cubanos que, también de forma ilegal, alcanzan las costas de EE.UU. la ley les concede un año de residencia y al término de ese plazo la posibilidad de nacionalizarse en el país. Según la llamada Ley de Ajuste Cubano, ser ciudadano nacido en Cuba y arribar a territorio norteamericano es la única carta de presentación que se necesita para ser acogido en cualquier estado de la Unión. Esta es por tanto la política potenciada por Washington, al no cumplir con los cupos de visados recogidos en los acuerdos migratorios firmados con el gobierno de La Habana y al primar la vía ilegal sobre cualquier otra, obligan a que los potenciales emigrantes deban enfrentarse a una «condena de muerte» en forma de travesía por el mar del estrecho de la Florida.
Podríamos decir que, de un modo general, así se desarrollaba el trabajo de Eduardo Aguirre al frente de la BCIS. Ahora bien, luego ya se sabe que hay excepciones que se tratan de diferente modo.
Se pueden negar las visas para cubanos que van a participar en eventos deportivos, culturales o científicos en los EE.UU.
Se pueden negar igualmente permisos de entrada a las esposas y a los familiares para visitar a los cinco prisioneros cubanos que cumplen sentencia en cárceles federales. Aunque esta arbitraria medida constituya una violación flagrante a los derechos de los prisioneros, los derechos humanos, los derechos del niño y los derechos a la integridad familiar. Y eso sin tener en cuenta el cúmulo de irregularidades que rodean a los juicios seguidos contra los condenados tales como las tergiversaciones de los hechos y de la ley efectuadas por el fiscal de los Estados Unidos, John Ashcroft, y el Servicio de Inmigración y Naturalización, la violación de las Reglas de interpretación de las pruebas y la vulneración de las Enmiendas V y VI de la Carta Magna de Estados Unidos, tal y como denunció el abogado Leonard Weinglass en noviembre pasado.
Y también se puede, como la BCIS ha hecho más recientemente, dar una cálida acogida y un cordial recibimiento al terrorista de origen cubano Luis Posada Carriles y a sus compinches Guillermo Novo, Pedro Remón y Gaspar Jiménez. Los cuatro anticastristas fueron condenados el 20 de abril del 2004, a penas de siete años de cárcel por delitos contra la seguridad colectiva, y amnistiados 4 meses después por la entonces presidenta de Panamá Mireya Moscoso. Los cuatro terroristas han sido acogidos en EE.UU. como luchadores por la libertad.
Luis Posada Carriles tiene a sus espaldas más de 45 años de actividad terrorista contra los dirigentes y la revolución cubana; la voladura de un avión de cubana de Aviación en pleno vuelo en 1976; el intento de asesinato de Fidel Castro en Panamá en el 2000; su labor como «docente» en la formación de asesinos a sueldo; y unas relaciones intimas y comprometidas con la cúpula de la mafia de Miami, en especial con la Fundación Cubano Americana.
Esos son los amigos de Eduardo Aguirre. Los que ahora celebran su nombramiento como embajador en España, mientras esperan que meta en cintura a los gobernantes inclinados a restablecer relaciones con Cuba.