Ante la visita a España del presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, organizaciones sociales, sindicales y políticas, así como ONGs expresaron su rechazo a la política del mandatario colombiano y denunciaron el apoyo del Gobierno español y de la Unión Europea a la política de Uribe a cambio de negocios económicos, según aseguró en un […]
Ante la visita a España del presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, organizaciones sociales, sindicales y políticas, así como ONGs expresaron su rechazo a la política del mandatario colombiano y denunciaron el apoyo del Gobierno español y de la Unión Europea a la política de Uribe a cambio de negocios económicos, según aseguró en un comunicado Ecologistas en Acción.
El escrito alerta de que Zapatero «puede estar haciéndose cómplice de una perversa estrategia». En este sentido, la organización confía en que «no sea así. No puede contribuir al triunfo de una guerra sucia, ni reforzar un modelo de exclusión que burla elementales principios de la civilización».
En el comunicado, la entidad califica a la Ley de Justicia y Paz, promovida por el Gobierno de Uribe y aprobada el pasado 21 de junio en el Congreso, como «la ley del perdón y del olvido que premia a reconocidos criminales y narcotraficantes con cómodos beneficios».
Ecologistas en Acción alude incluso a Naciones Unidas, quienes «han vetado ésta ley y han exigiendo la derogación de los legislaciones que conducen a la impunidad y que animan a los victimarios a continuar asesinando y aterrorizando a la población civil».
Asimismo, el documento pone de manifiesto que altos cargos del Gobierno español conocen los datos sobre el terror aplicado impunemente a colectivos sociales y políticos para destruir su identidad y su potencial de lucha transformadora, lo que constituye sin equívocos «un genocidio en toda regla».
«El paramilitarismo está otorgando una victoria al statu quo, y es premiado por ello bajo la forma de una falaz negociación del Estado con sus aliados. Uribe está legalizando a los escuadrones de la muerte, responsables de miles de crímenes de lesa humanidad y que han actuado conjuntamente con las Fuerzas armadas, masacrando a la población civil, como se demuestra por ejemplo con la masacre contra la Comunidad de Paz San José de Apartadó en febrero», dice el documento.
Ante esta situación, consideran que el Gobierno de Zapatero continua brindando amplio apoyo a una política de violación de los derechos humanos y de burla del derecho internacional. De hecho, el comunicado señala que informaciones internas de la Moncloa, que han sido filtradas, indican que el Ejecutivo español esta a punto de financiar el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares.
Además, el grupo dice no entender la postura de Zapatero, que condenó enérgicamente los «actos de terror y barbarie» como los atentados perpetrados este jueves en Londres, mientras «recibe unos pocos días más tarde a Uribe que encabeza un régimen autoritario que además incumple sistemáticamente las obligaciones internacionales de DDHH y que encubre actos de terror paramilitar».
INVERSIONES ESPAÑOLAS
El colectivo hizo referencia a la entrevista que mantuvo la pasada semana el líder colombiano con periodista españoles, donde afirman que dejó claro su objetivo de su viaje a Europa. «España es un gran inversor en Colombia…puerta de ingreso a la UE…deseo que la inversión española sea más grande», fueron algunas de las declaraciones que hizo el mandatario y que demuestran, según el escrito, que «el respeto a los derechos humanos está supeditado a los acuerdos comerciales y facilidades para la expansión de las empresas españolas en América Latina».
Frente a ello, la organización considera que sólo la presión de la sociedad civil internacional unida contra el terror de Estado podrá echar atrás el reino de muerte y miedo en que los paramilitares y la política de Uribe pretenden dejar emplazadas a la población civil y las comunidades en Colombia.
PROTESTAS CONTRA URIBE
Por esta razón, el colectivo informó sobre la convocación de una protesta para el próximo 11 de julio a las 20:00 horas en la céntrica plaza Puerta del Sol en Madrid para solidarizarse y apoyar al Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado en la búsqueda de verdad, justicia y reparación integral para las víctimas de crímenes atroces cometidos históricamente bajo la responsabilidad del Estado, por su acción u omisión.
Las protestas contra la visita de Uribe están convocadas por la Asamblea Internacional de la Sociedad Civil por la Paz de Colombia y apoyadas por una cuarentena de organizaciones y colectivos, y también por diputadas y diputados del Congreso y concejales del Ayuntamiento de Madrid.
En Valencia, la Coordinadora Valenciana de Solidaridad con Colombia ha convocado una concentración frente al Consulado de Colombia el mismo día a las 13:30 horas bajo el lema «Impunidad nunca más».
Con las acciones contra la visita de Uribe, Ecologistas en Acción pretende recordar la obligación jurídica y política a las autoridades gubernamentales españolas y que no tengan «escapatoria moral». «Pretendemos que no tengan escapatoria moral. El Gobierno español y europeo han extendido la mano donante y el aval político, que colabora en la legitimación de los grupos paramilitares, en el momento en que gozan de la más absoluta impunidad y se pacta por Uribe Vélez su reciclaje», señalan.
SITUACIÓN EN COLOMBIA
Por otro lado, el grupo denunció que en Colombia hay periodistas amenazados como es el caso de Daniel Coronel, que según la prensa nacional ha sido amenazado por medio de amigos de Uribe que son reconocidos narcotraficantes. Sin embargo, aseguran que no se ha dado ningún tipo de investigación o pronunciación por parte de la presidencia colombiana.
Además, Ecologistas en Acción alerta sobre lo que está pasando en el país latinoamericano, donde los paramilitares ejercen el control militar, político, social y económico en gran parte del país mediante acuerdos con las autoridades, las Fuerzas del Orden y los grupos políticos con la libertad para matar, torturar, violar o descuartizar con motosierra a sus víctimas.
Según la entidad, en Colombia se están desarrollando operaciones sistemáticas de persecución y amenaza contra líderes políticos, sindicales y sociales, y organizaciones de derechos humanos, campesinas e indígenas que han expresado posturas divergentes a las políticas del gobierno colombiano.