Aún no ha terminado 2005 y en España ya han muerto 900 trabajadores a causa de los accidentes laborales. Cifra de víctimas muy similar a la de los atentados de 11-M; sin embargo son pocos los que se atreven a hablar claramente de terrorismo empresarial. Según el último informe publicado en 2002 por la Organización […]
Aún no ha terminado 2005 y en España ya han muerto 900 trabajadores a causa de los accidentes laborales. Cifra de víctimas muy similar a la de los atentados de 11-M; sin embargo son pocos los que se atreven a hablar claramente de terrorismo empresarial.
Según el último informe publicado en 2002 por la Organización Internacional del Trabajo, cada año en el mundo 270 millones de trabajadores son víctimas de accidentes de trabajo y 160 millones contraen enfermedades profesionales. El estudio revela que la cantidad de obreros muertos en su puesto de trabajo supera los dos millones por año. El capitalismo mata a 5.000 trabajadores al día, y estas cifras están por debajo de la realidad.
En el XVII Congreso Mundial sobre seguridad y salud en el trabajo, celebrado en Orlando (Estados Unidos) a finales de setiembre de 2005, la OIT afirmó que en varios países industrializados, más de la mitad de las jubilaciones son anticipadas o se vinculan a la concesión de pensiones de discapacidad, y no a que los trabajadores alcancen la edad normal de retiro . Los capitalistas tratan de alargar la edad de jubilación cuando cientos de miles de trabajadores llegan al final de su vida desgastados, extenuados, mutilados, arruinados, sin poder disfrutar de los últimos años de su vida. Si bien la esperanza de vida ha aumentado, se traduce también, debido a las secuelas de la explotación, en un estallido de enfermedades del jubilado: cáncer, afecciones cardio-vasculares, depresiones, ataques cerebrales, artrosis, deficiencias sensoriales y demencias seniles, entre otros.
Pero las cifras de accidentes son sólo la punta del iceberg
En un accidente la relación de causa-efecto entre la explotación y la lesión es evidente. En el caso de las enfermedades profesionales no es así porque operan a más largo plazo.
Las enfermedades debidas al trabajo están adquiriendo una mayor presencia entre la clase obrera. Están provocando numerosas lesiones y fallecidos entre la población ocupada. Algunas patologías de origen laboral no están reconocidas. En la Unión Europea, según los datos de Eurostat, la tendinitis, la dermatitis, la pérdida auditiva, las alergias respiratorias, los trastornos musculoesqueléticos, la silicosis y la asbestosis son las enfermedades profesionales más comunes y que afectan a mayor número de obreros.
El estrés entre los obreros es el segundo problema de salud en la Unión Europea: un tercio de los obreros europeos padece estrés laboral, que es uno de los motivos por los que los trabajadores de las sociedades capitalistas más desarrolladas solicitan una baja temporal de sus puestos de trabajo. Entre las quejas más comunes de los trabajadores se encuentran el gran número de horas trabajadas, los plazos ajustados para realizar las tareas, así como la rapidez para acabarlas en el tiempo convenido.
El 28 por ciento de los trabajadores de la Unión Europea padecen algún episodio de estrés laboral al cabo del año, o lo que es lo mismo más de 40 millones de personas, equivalente al total de la población española. Enfermedades cardiovasculares, gastrointestinales, problemas de salud mental y transtornos musculares.
Sólo se contabilizan 4 de cada 28 muertes
En España las cifras oficiales de accidentes de trabajo no son nada más que una ínfima parte de una trágica realidad: cada jornada de trabajo mueren 28 obreros por motivos de trabajo, aunque las estadísticas oficiales sólo recogen cuatro. El resto de las muertes tiene su origen en enfermedades o accidentes vinculados a la explotación salvaje, que nunca son calificados como laborales.
Muchas patologías de la explotación entran en el Sistema Nacional de Salud como enfermedades comunes, por lo que no se pueden contabilizar en el ámbito laboral. Por ejemplo la exposición a productos químicos supone 4.000 muertos al año y 33.000 accidentes, mientras que el gobierno sólo reconoce dos ó tres fallecimientos por esos motivos.
Incluso contabilizando sólo los datos oficiales, los asesinatos laborales continúan en aumento año tras año. En el primer semestre de 2005 el número de siniestros con baja creció un 9’3 por ciento y el de los mortales repuntó otro 7’5 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos oficiales del Ministerio de Trabajo, un ejemplo verdaderamente espeluznante de terrorismo patronal del que nadie se responsabiliza.
Las cifras que nos dan son esas: cada día fallecen cuatro trabajadores en accidente laboral y más de 40 sufren accidentes graves. España sigue manteniendo las cifras de siniestralidad laboral más altas de la Unión Europea. Los accidentes laborales en España suponen una parte muy importante del total de la Unión Europea. La Unión Europea registra al año unos 5.500 fallecimientos en el trabajo. España aportó en 2001 un total de 1.030, lo que arroja el espectacular resultado de uno de cada cinco obreros muertos.
Y el número de víctimas obreras no para de crecer, alcanzando cotas intolerables en algunas comunidades autónomas, como es el caso de Madrid, donde se ha registrado un incremento del 24’5 por ciento durante la primera mitad de 2005; Castilla-La Mancha, un 21’5 por ciento más; Murcia, con un aumento del 18’2 por ciento y Euskal Herria, con un incremento del 17’1 por ciento. A nivel estatal, tras el último accidente en la construcción de un viaducto en Granada, los datos alcanzan una cifra de 900 muertos en un año que áun no ha terminado.
Esta situación se produce en parte por la impunidad que tienen los empresarios a la hora de vulnerar las normas de seguridad porque asumen el riesgo de accidente como un coste más de la producción. Ésta es una denuncia de la propia Fiscalía General del Estado que, en su memoria del año 2004, estima que se produce un desplazamiento de responsabilidades judiciales hacia el terreno exclusivamente económico.
De hecho existe una clara desproporción entre las cifras oficiales de accidentes (las que registra el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales) y el número de procedimientos legales que se realizan relacionados con la seguridad en el trabajo. De los 955 accidentes mortales registrados en 2004 sólo se instruyeron 143 procedimientos por homicidio en accidente laboral.
Responsabilidad empresarial
El sector de construcción, que en un 99 por ciento está integrado por pequeñas y medianas empresas, es el que concentra mayor riesgo de siniestralidad.
Además los asesinos están perfectamente identificados, ya que unas 30.000 empresas concentran casi el 48 por ciento de los crímenes laborales, a pesar de lo cual no se toma ninguna clase de medidas.
La mayor parte de los accidentes recaen sobre los obreros inmigrantes y los que trabajan en condiciones precarias. Trabajar con un contrato temporal triplica las posibilidades de sufrir un accidente laboral. La diferencia en cuanto a siniestralidad laboral entre trabajadores precarios y fijos se percibe especialmente en el sector de la construcción, que concentra el 24’8 por ciento de todos los accidentes y en el que la temporalidad afecta al 57’82 por ciento de los asalariados.
Causas de la mortalidad laboral
Esta situación mortífera es consecuencia de dos factores:
– El incumplimiento impune por parte de los capitalistas de las obligaciones que les impone la legislación.
– La precarización creciente del mercado laboral.
La descentralización productiva conlleva necesariamente una traslación de los riesgos laborales hacia empresas piratas cuyos empresarios se aprovechan del incumplimiento de todas las normas de seguridad. Los empresarios siguen burlándose de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales mientras continúan degradando el mercado de trabajo, en el que persiste una alta precariedad laboral, ya que diez de cada once contratos celebrados en España son temporales.
Las estadísitcas prueban contundentemente que:
– La siniestralidad laboral ha aumentado en un 50 por ciento en las situaciones laborales precarias.
– El 60 por ciento de los accidentes laborales recae en los trabajadores contratados temporalmente.
– España es el país de la Unión Europea con mayor tasa de temporalidad: un 31 por ciento frente al 12 por ciento de la media europea.
Esto provoca que España encabece, la lista de países donde más se ha incrementado la siniestralidad, porque el Gobierno sigue fomentando la precariedad laboral, con las negativas consecuencias sobre la siniestralidad.
La elevada siniestralidad laboral no se reducirá si no se actúa contra la elevada precariedad laboral existente, ya que es uno de los factores que protagonizan el gran aumento de las muertes laborales.
Si analizamos la edad se observa que los accidentes se producen entre los trabajadores más jóvenes. Los que tenían menos de 24 años en el período 1996-2000 sufrieron un 77 por ciento más de accidentes con baja, mientras que los que sobrepasan la edad de 45 años, el aumento de la accidentes se sitúa en un 32 por ciento.
El uso abusivo y fraudulento de la subcontratación de actividades y la utilización mayoritaria de trabajadores «autónomos» e inmigrantes ilegales, está produciendo un crecimiento significativo de la siniestralidad.
Hablan los sindicatos
Los representantes sindicales no lo tienen muy claro y lo único que defienden fervientemente es que, en principio, sólo el estricto cumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos lograría frenar la elevada siniestralidad.
CC.OO aboga por que se destine todo el dinero de las sanciones a prevención de accidentes. Esto sólo ocurre actualmente en Canarias, cuyo Gobierno reinvierte en prevención lo que recauda en multas a los empresarios. El otro gran experimento que el Gobierno lleva barajando años para atajar la siniestralidad es la implantación del mecanismo de bonus-malus que encarecería o rebajaría las cotizaciones de las empresas por accidentes en función de su grado de siniestralidad. Todo apunta a que esta medida tampoco saldrá adelante esta legislatura y CCOO atribuye la no implantación de este sistema al ‘miedo del Gobierno a enfrentarse a los empresarios’.
UGT exige la creación de una fiscalía especial sobre salud y seguridad en el trabajo. El sindicato reclama la creación de una Fiscalía Especial sobre Salud y Seguridad en el trabajo, que tenga en cuenta la realidad del mercado de trabajo y la degradación de las condiciones laborales. Tenemos una alta tasa de precariedad laboral (10 de cada 11 contratos son temporales), pero además se está produciendo una importante traslación de riesgos hacia empresas pequeñas por el incesante aumento de la subcontratación. Esta situación está provocando que a diario fallezcan en su centro de trabajo más de 4 trabajadores y que más de 40 sufran un accidente grave.
El sindicato reclama también la adopción urgente de medidas tendentes a intensificar la labor inspectora y su coordinación con la Fiscalía y las autoridades sanitarias para un adecuado seguimiento de los accidentes laborales y exigir el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y conseguir un mercado de trabajo estable y con calidad.
UGT reclama del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, asimismo, abrir lo antes posible un debate sobre la acreditación y control de los Servicios de Prevención Ajenos, que debe culminar con la elaboración una norma de ámbito estatal y unos criterios mínimos de aplicación en todo el Estado sobre el control y los estándares de calidad.
Todo lo que se haga siempre será poco pero se hace urgente mente necesaria una tipificación rigurosa de los delitos contra la vida la seguridad y la salud de los trabajadores, el reforzamiento legal de los derechos de representación de los trabajadores en los ámbitos sectorial y territorial, principalmente para los trabajadores de las PYMES, y la codecisión en el proceso de elección del Servicio de Prevención Ajenos y de la Mutua de Accidentes de Trabajo, una mayor implicación de los trabajadores en la implementación de los sistemas de prevención de riesgos laborales e incidir en una formación verdaderamente adecuada, obligatoria y reglada no solo para los trabajadores sino también para los empresarios.