La victoria de Michelle Bachelet en las elecciones presidenciales chilenas, no se inscribe en la corriente de rechazo electoral al neoliberalismo que se viene observando en América Latina. Se inserta en otra dinámica, que es la ausencia en Chile de una alternativa electoral de izquierda auténtica lo suficientemente motivadora. Relacionada con esa carencia, la persistencia […]
La victoria de Michelle Bachelet en las elecciones presidenciales chilenas, no se inscribe en la corriente de rechazo electoral al neoliberalismo que se viene observando en América Latina. Se inserta en otra dinámica, que es la ausencia en Chile de una alternativa electoral de izquierda auténtica lo suficientemente motivadora. Relacionada con esa carencia, la persistencia de una ideología conservadora e individualista impuesta por el fascismo pinochetista y el neoliberalismo feroz, que aún no ha sido derrotada incluso en sectores de tradición democrática. El sentido del voto por Bachelet es el rechazo al retorno de la ultraderecha y el apego al precario espejismo de consumo creado por los altos precios del cobre. Preciso es decir también que el voto comunista fue decisivo para su triunfo en la segunda vuelta, en medio de un abstencionismo de alrededor del 40 por ciento en un país donde el sufragio es obligatorio y donde un 46 por ciento votó por Piñera, el candidato de la ultraderecha.
Es prematuro juzgar a la flamante presidenta cuando aún no ha comenzado su desempeño, pero no es serio dejar de considerar algunos datos objetivos para hacerse una idea de sus posibilidades reales de introducir cambios progresistas en uno de los países con mayor desigualdad distributiva en el mundo y en nuestra región. Bachelet fue abanderada de la Concertación por la Democracia, coalición que ha gobernado Chile durante los últimos dieciséis años dando continuidad y profundización a las recetas del Consenso de Washington heredadas de la dictadura de Augusto Pinochet.
La Concertación está integrada por la Democracia Cristiana, cómplice del golpe de Estado contra Salvador Allende; el Partido Socialista, del que es militante Bachelet, cuya dirección abandonó hace tiempo la tradición revolucionaria de la que procedía el presidente mártir y por otros partidos menores. Esta agrupación aceptó la «transición» pactada según las reglas y la Constitución impuesta por Pinochet, que aún está vigente, en lugar de favorecer la continuación de la lucha de masas y armada hasta lograr el total desmantelamiento de la dictadura. Algo semejante a lo ocurrido en España con el franquismo, cuyas consecuencias están a la vista en una democracia castrada de nacimiento y que teme enfrentar su historia. Bachelet, además, ha sido ministra de un gobierno, el de Ricardo Lagos, que se ha destacado por su servilismo y complacencia hacia Washington.
Lagos no sólo ha sido un cumplidor obsequioso del dogma neoliberal en lo interno y un apañador de los crímenes de la dictadura y sus principales responsables, sino que ha oficiado como cómplice de Bush en asuntos internacionales. Así, se prestó a cohonestar el golpe de Estado en Haití contra el presidente Jean Bertrand Aristide enviando allí un contingente de tropas, reconoció al efímero golpista Carmona en Venezuela y se sumó siempre al coro anticubano organizado por Estados Unidos en Ginebra. También siguió una política chovinista hacia la cuestión de la mediterraneidad de Bolivia, una situación creada por el imperialismo británico en alianza con la oligarquía chilena, que es menester reparar para conseguir la paz y la estabilidad en la zona sur de nuestra América. Durante su gobierno, y siendo Bachelet ministra de Defensa, se inició el mayor plan de rearme de las fuerzas armadas, que ha llevado a Chile a tener el mayor gasto militar en América Latina respecto al PIB per cápita.
El gobierno de Lagos, en suma, se ha caracterizado por la entrega de los recursos del país a las transnacionales -particularmente elocuente es el caso del cobre-; por enfatizar la política antiobrera de la dictadura; por ser un adalid del ALCA y el «libre» comercio propugnado por Estados Unidos, con el que firmó un tratado de este corte; por su obsecuente defensa de los intereses de los grupos económicos enriquecidos con las políticas privatizadoras de Pinochet; por su desprecio y represión al pueblo mapuche y demás pueblos originarios y por la depredación ecológica permitida al gran capital local y extranjero. Acaso Bachelet tenga buenas intenciones. Su trayectoria inicial habla de una radical postura contra la dictadura, su discurso y programa de una sensibilidad social. La pregunta es si el bloque neoliberal y entreguista del que procede le permitirá hacer algo por una más justa distribución de la riqueza y por sumarse a la corriente de integración e independencia latinoamericana.