Sin tiempo de tomar siquiera un respiro, los letrados de la defensa del juicio por el sumario 18/98 afrontan el reinicio de las sesiones tres semanas después de haber plantado al tribunal ante la imposibilidad de ejercer su labor. Tres semanas que han dedicado a intentar descifrar el caos que, en forma de 100.000 folios, se esconde detrás de las diligencias 75/89 que dan origen a este proceso. Arantza Zulueta hace un repaso de lo que de momento ha dado un juicio que reconoce muy intenso y cargado de tensión, y recuerda que todas estas irregularidades son la norma en la Audiencia Nacional.
La última sesión del juicio finalizó con un plante de la defensa por la imposibilidad de desarrollar su labor. ¿En qué situación se reincia ahora?
Acabamos aquella sesión diciendo que en esas condiciones no se podía defender, que se estaba dando una grave vulneración del derecho a la defensa y del ejercicio de nuestra labor como letrados. Anunciamos que íbamos que acudir a nuestros colegios de abogados para consultar la situación con nuestros decanos, pero dejamos claro que en esas condiciones no se podía mantener el juicio, que no podíamos seguir así. Viendo que por parte de los colegios de abogados se nos daba amparo en lo que estábamos planteando, que se nos daba la razón, decidimos plantarnos. Eso hizo que la Sala suspendiera el juicio para reiniciarlo, en principio, el 16 de enero. Entendimos que, de alguna forma, nos estaba dando la razón en lo que estábamos planteando. Así y todo, dijimos también que nuestra idea no era volver el 16, sino esperar a que se concretara ese amparo y que se produjera la reunión entre nuestro decano y presidente del Consejo Vasco de la Abogacía con el presidente de la Audiencia Nacional para, visto el resultado de esa entrevista, decidir nuestra posi- ción. Luego, ellos volvieron a echarse para atrás y se suspendió el juicio hasta el 30 de enero, reconociendo otra vez, en cierta manera, que lo que estábamos planteando se ajustaba a lo que establecen las leyes.
¿Cuál fue el resultado de aquella entrevista?
En aquella reunión, al presidente del Consejo Vasco de la Abogacía, del Consejo General de la Abogacía Española y al decano del Colegio de Abogados de Madrid se les dice que nos van a facilitar las copias de las diligencias 75/89, que no va a haber ningún problema en ese sentido, y también que se nos iba a dar tiempo para que pudiéramos instruirnos de estas copias. Sin embargo, la Audiencia Nacional no nos ha facilitado las copias, alegando «imposibilidad técnica». Nosotros habíamos anunciado que estábamos dispuestos a poner los medios necesarios para que esas copias estuvieran en nuestras manos, y decidimos empezar a escanearlas. En cualquier caso, indicamos a la Audiencia que en primer lugar se nos tenía que conceder un mes para analizar los documentos que hay en las diligencias 75/89, algo que con la fecha establecida, el tribunal no garantizaba. Por ello, recurrimos el auto que fija el reinicio el 30 de enero.
¿Qué argumentaron en este recurso?
Planteamos lo mismo que el 9 de enero expusimos ante la Sala. Por un lado entendíamos que se debe anular todo el juicio y que, en todo caso, debería reiniciarse desde el principio. Teniendo presente que nosotros siempre hemos pedido el archivo de este proceso porque creemos que no existe tipo delictivo sobre el que se pueda juzgar a estas personas, indicamos que, en cualquier caso, el juicio debía anularse porque habíamos podido comprobar que en la 75/89 había diligencias que afectaban a todos los imputados, incluso a aquellos que ya se había interrogado sin conocer el contenido de estas diligencias. También solicitábamos, de manera subsidiaria, que si no se anulaba el juicio por este motivo, nos tenían que dar el plazo de un mes para poder instruirnos de todos los documentos del 75/89.
Quienes siguen el juicio hablan constantemente de estas diligencias 75/89. ¿Hasta dónde llega la importancia de estos documentos?
Son documentos que, además de ser la base para el inicio de las investigaciones, observaciones y acusaciones contra los imputados, constituyen la base de los escritos de la acusación fiscal, de los escritos de la AVT, de los informes policiales y, en definitiva, suponen la base de la teoría político-policial de que todas las organizaciones de la izquierda abertzale son ETA. Documentos que necesitan un exhaustivo estudio por la importancia que tienen y que además, en la forma en que se han instruido, son una auténtica chapuza, sin orden ni concierto, como ya hemos descrito más de una vez.
Podemos deducir, por lo tanto, que la decisión de la Audiencia Nacional no ha paliado la situación de indefensión…
No la ha paliado. Además, ésta es una denuncia que hemos ido haciendo a lo largo de todo el procedimiento, no sólo desde el inicio de las sesiones de la vista oral, donde creemos que también se está vulnerando el derecho a la defensa por la forma de actuar de la Sala. Hemos trasladado nuestras denuncias desde el inicio del procedimiento. Son muchas las irregularidades y muchas las infracciones del derecho procesal y del derecho penal que se están dando.
A pesar de todo, la decisión del presidente de la Audiencia Nacional parece que reconoce, aunque sea de forma indirecta, que la actuación del tribunal no ha sido correcta, ¿no?
Esto ha sido reconocido, no sólo por el Consejo Vasco de la Abogacía, el Consejo General de la Abogacía o el decano del Colegio de Abogados de Madrid, sino también por otros reputados juristas, por el Colegio de Abogados de Barcelona o el Consejo de Abogados de Berlín, que también han expresado sus quejas. De alguna manera, se está reconociendo que existe una situación muy grave y que se está vulnerando el derecho a la defensa. Luego, la Sala con su actuación, con estas suspensiones, con este acceder a aquello que en un principio nos negaba rotundamente, sí entende- mos que de alguna manera nos da la razón. Aunque insisto en que no palía la situación. Se sigue vulnerando el derecho a la defensa, no sólo por esa prueba documental, sino por cómo se está desarrollando el juicio.
En calidad de abogados de la defensa, ¿qué importancia le dan al amparo del Consejo Vasco de la Abogacía, del Consejo General de la Abogacía y de los Colegios de Abogados?
Le damos mucha importancia. Creemos que han jugado un papel muy importante, no sólo en el amparo que nos han concedido, sino en la denuncia pública que han hecho incluso de la situación que se estaba dando en la Audiencia Nacional. Ha sido muy importante, porque de alguna manera todo aquello que veníamos denunciando en la Sala, y también públicamente, respecto a las condiciones en que se está celebrando el juicio se ha visto apoyado por gente de esta entidad, lo que en definitiva ha hecho que también la opinión pública y otros ámbitos jurídicos y judiciales pongan atención en qué es lo que está ocurriendo en este juicio.
Ustedes llevan prácticamente toda la vida trabajando en la Audiencia Nacional. ¿Esperaban llegar a esta situación?
Pues sí, porque este tipo de chapuzas y de vulneraciones de derechos se dan en muchos juicios de la Audiencia Nacional y también en las medidas que adopta esta audiencia contra la gente que, en calidad de detenidos o de imputados, pasa por la misma. Lo que ocurre es que este juicio tiene una mayor repercusión mediática, y los medios no están tan atentos en otros juicios en los que se denuncian estos mismos hechos. También ocurre que, al ser un macrojuicio y al haber tantos imputados en las mismas condiciones en un sumario de esta envergadura, todo pasa a un nivel más exagerado. Eso es lo que está sucediendo ahora, pero estas vulneraciones del derecho a la defensa y de derechos fundamentales ocurren y se manifiestan continuamente en la Audiencia Nacional.
Toda la atención se ha situado ahora sobre el asunto de las diligencias, pero la vista ha estado marcada por las irregularidades desde el inicio. ¿Qué ba- lance hacen de la misma?
En este tiempo hemos visto cómo se corta la palabra a los procesados y se les impide explicarse y contestar, cuando se está pidiendo hasta 51 años de prisión contra ellos. Hemos visto recortes en el ejercicio de la defensa por parte de los letrados cuando intentan poner de manifiesto algún tipo de infracción de norma procesal o de vulneración de derechos. Comprobamos también que existía una prisa para iniciar el juicio, que viene de un impulso político clarísimo, parece que desde fuera de la Sala, porque hasta al propio tribunal se le ve completamente forzado tanto en sus decisiones como en el momento de tomar declaración a los procesados. Parece que llevamos de juicio mucho más de lo que llevamos realmente, porque ha sido muy intenso, la tensión ha sido muy fuerte, y porque la actitud del tribunal hacia los procesados ha sido tremendamente hostil, con miedo a que existan denuncias políticas cuando es más que evidente que las acusaciones aquí son políticas.
Han llegado incluso a recusar al tribunal por «parcialidad manifiesta»…
Nosotros en su día, cuando se decidió quién iba a ser el tribunal, ya lo recusamos por haber tenido actuaciones judiciales con referencia a estas diligencias. Tanto al señor Javier Gómez Bermúdez, que era el que estaba destinado a juzgar, como a la señora Angela Murillo. La recusación de Gómez Bermúdez, aun cuando él se opuso a la misma, se admitió, pero la de la señora Murillo no. Iniciadas las sesiones del acto de vista oral, y viendo cuál era la actuación por parte del tribunal, ordenando leer documentos sobre las que nadie había solicitado su lectura, sin ningún criterio jurídico, entendimos que aquello estaba manifestando la parcialidad y la arbitrariedad del tribunal. Es lo que nos llevó a recusarlo. Nosotros entendemos que desde ese momento, y lo planteamos con toda la razón, el tribunal quedaba invalidado para actuar con imparcialidad.
Al juicio están acudiendo varios reputados juristas internacionales. ¿Qué impresión se están llevando?
Hemos tenido contacto con ellos, y sabemos también que han hecho una serie de declaraciones ante la opinión pública. La verdad es que nos estamos encontrando con mucho apoyo, con mucha solidaridad, y que desde todos los foros y desde todas las personas que entienden de la judicatura y de derecho, se nos está dando la razón en cuanto a la denuncia que estamos haciendo de las vulneraciones de derechos.
El mismo día en que el tribunal rechazaba la recusación ordenaba que todos los procesados deban acudir a todas las sesiones del juicio. ¿Puede ser una especie de venganza?
No sé si se puede hablar de venganza, pero sí que da toda la sensación de que el juicio, por una serie de criterios y de impulsos políticos, se está dirigiendo desde fuera del tribunal. Esto hace que decisiones que la propia Sala había acordado con los letrados antes del inicio de las sesiones de la vista oral no se hayan cumplido. Se hablaba de un juicio por piezas, en las que los procesados sólo tendrían que comparecer en las piezas en las que están incluidos, se hablaba de flexibilidad en las ausencias… Sobre todo eso se llegó a un acuerdo. De repente, por una decisión que tiene que ver más con criterios políticos que con criterios jurídicos, se ha establecido que todos los procesados deban acudir a todo el juicio. –
