En estos últimos días gobierno y «agentes sociales» se encuentran culminando un proceso de negociación para, según afirman, «provocar cambios en el mercado de trabajo y en el sistema de protección social que permitan reducir la alta temporalidad de los contratos, estimular la competitividad de las empresas y la adaptación de la economía española a […]
En estos últimos días gobierno y «agentes sociales» se encuentran culminando un proceso de negociación para, según afirman, «provocar cambios en el mercado de trabajo y en el sistema de protección social que permitan reducir la alta temporalidad de los contratos, estimular la competitividad de las empresas y la adaptación de la economía española a las exigencias planteadas por la nueva situación de la UE». En este «diálogo social» todas las partes que intervienen han manifestado la proximidad en sus conclusiones en materias económica, social y laboral, de manera que cabe esperar que sus resoluciones tomen el mismo rumbo de las reformas laborales realizadas hasta ahora, afectando, sin duda, a las condiciones materiales de vida de la clase trabajadora.
Analizando detenidamente las medidas propuestas podremos ver que en realidad se trata de continuar impulsando la precarización del empleo estable y arrebatar derechos de los trabajadores para poner a disposición de las empresas la obtención de mayores beneficios. El supuesto objetivo que les ilumina de combinar la seguridad en el empleo con la flexibilidad laboral es una farsa. La continuación de los esquemas mantenidos en pasadas negociaciones, como si de dogmas de fe se trataran, no dejan de ser más que repeticiones de la falaz doctrina manifestada por el neoliberalismo que no pueden traer mas que la profundización de las injusticias de un sistema que emplea a los trabajadores como si de una mercancía se trataran, provocando la sobreexplotación, la desigualdad y la marginación de un sector de la sociedad que ve como se van diluyendo sus derechos básicos.
Una vez acuerden la componenda simplemente se tratará de que los sindicatos mayoritarios pongan en marcha sus maquinarias para que la clase trabajadora acepte los resultados que, presumiblemente, seguirán poniendo mayores rentas en manos de los más ricos. Porque la postura de las cúpulas de estas centrales sindicales dando por bueno el modelo económico vigente no es en absoluto dudosa. Obsérvense sus declaraciones respecto a la necesidad de reforzar la productividad y la competitividad ¡pero no para ganar en derechos laborales!, sino sólo con el objetivo de que no se menoscaben. Y como el mercado laboral es un fiel reflejo del aparato productivo, sostienen que no hay otro remedio que aceptar que el gobierno y la patronal legislen la reforma laboral, eso sí, con su consentimiento.
De momento sabemos que las medidas propuestas presentan un marcado carácter desregulador allanando el camino a la precarización del trabajo. No hay nada nuevo en las tendencias manifestadas. En los últimos tiempos las capitulaciones arrancadas a la clase trabajadora por la patronal y los gobiernos de turno han sido más que evidentes, permitiéndoles desarrollar sin demasiadas dificultades la convergencia en el objetivo del pensamiento único de la globalización capitalista para el desmantelamiento de la democracia y de los logros políticos y sociales conseguidos durante los últimos 200 años.
En esta situación se hace necesario acordar que la única reforma válida tiene que pasar por solucionar definitivamente el problema de la precariedad. A partir de ahí habrá que movilizarse y luchar para dar a conocer los planes referidos e impedir el empeoramiento de las condiciones laborales y de vida de la clase trabajadora.
Para evitarlo se hace necesaria la organización de una plataforma elaborada de forma unitaria y democrática, que tenga en cuenta la voluntad de la clase trabajadora y negocie en base a lograr acuerdos que apunten a la recuperación del terreno perdido y la adopción de cambios que signifiquen avances en la legislación laboral.
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Salvador Buades Castell es miembro del Colectivo Prometeo