En febrero de 2002, el marroquí Magdare Rábay, recluido en la prisión de Monterroso (Lugo), fue golpeado y vejado por el jefe de los servicios médicos, Mario Luis Martínez Martínez, y los jefes de servicio José Ramón Hidalgo Fernández y Joaquín Escudero Álvarez, produciéndole no solo lesiones físicas, sino también morales. Un año después, la […]
En febrero de 2002, el marroquí Magdare Rábay, recluido en la prisión de Monterroso (Lugo), fue golpeado y vejado por el jefe de los servicios médicos, Mario Luis Martínez Martínez, y los jefes de servicio José Ramón Hidalgo Fernández y Joaquín Escudero Álvarez, produciéndole no solo lesiones físicas, sino también morales. Un año después, la CNT de Lugo, mientras investigaba el origen de una carta anónima (procedente de la citada prisión) en la que se solicitaba ayuda, tuvo conocimiento de los hechos sufridos por Rábay y comenzó una investigación.
En septiembre de 2004, el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Lugo (Galicia) concluyó que el jefe de los servicios médicos y los dos funcionarios de prisiones torturaron y agredieron a Rábay «por motivos raciales». Según los informes, los guardianes le propinaron una paliza hasta que perdió el conocimiento y luego el médico continuó golpeándolo. El fiscal afirmó en sus conclusiones que el recluso fue desnudado, que los acusados orinaron sobre él y que le insultaron con descalificaciones racistas, acusándole de «terrorista». Por todo ello, el Fiscal pidió para los acusados cinco años de prisión e inhabilitación por un período de diez años. Sin embargo, tras la celebración del juicio en la Audiencia Provincial de Lugo, a finales de abril de 2005, el tribunal absolvió a los acusados por falta de pruebas. Sentencia que fue ratificada por el Tribunal Supremo el 3 de noviembre.
La CNT realizó entonces un informe, en el que aclaraba las razones aducidas por los tribunales para basar su decisión. La principal de estas cuestiones fue el rechazo a la declaración de la principal testigo de la acusación (1), además otro de los testigos presenciales de la agresión, que acababa de salir de prisión, no se presenta al juicio. Las razones alegadas por la Audiencia para rechazar el testimonio, se basaron en un documento suscrito por Modesto Gutiérrez Llamazares, director del Centro Penitenciario de Bonxe (Lugo), en el que se descalifica al testigo y, en consecuencia, su testimonio. El sindicato consiguió pruebas (un acta notarial y testigos) que demostraban la falsedad de lo contenido en ese documento.
Con todo ello, el pasado 31 de marzo, se presentó ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Lugo una denuncia contra Gutiérrez Llamazares por injurias y falso testimonio. En el texto presentado se fundamenta la falsedad de la declaración del director de Bonxe, cuando testificó ante la Audiencia en abril de 2005.
Además se recuerda la gravedad de este hecho «dada la condición por razón de su cargo del autor de las mismas». Solicitando que sea investigada esta situación por ser «constitutiva de los delitos de injurias y falso testimonio previstos y tipificados en el Código Penal».
(1) J.V.M. mantuvo en todo momento su declaración inicial sobre los hechos ocurridos que incriminaban a los citados funcionarios y médico, compañero de J.V.M. La testigo acompañaba en las visitas a algunos familiares de presos como miembro del Voluntariado Penitenciario, y con motivo de actos realizados en dicho centro (obras de teatro, etc.).