El martirologio del Partido Popular

Miguel Hidalgo, antiguo miembro de la Brigada Político Social en los últimos años del franquismo -el «social» de la facultad de Derecho de la Complutense- reciclado como guardián de la legalidad democrática, es el autor de la desmedida sentencia del «Caso Bono» que condena a dos policías a varios años de cárcel al considerar que los dos militantes del PP «sufrieron un daño moral, primero al ser detenidos y luego al aparecer ante la opinión pública como imputados de unos hechos que no habían cometido». Parece probado que el tiempo que pasó declarando en comisaría «Toñi» de la Cruz, una de las «detenidas», impidió que acudiera esa tarde a su cita con el tinte en la peluquería de toda la vida, sólo pensar en lo que dirían sus «compis» del PP y de la la UNICEF de Las Rozas hizo que se esmoronara -¡qué humillación, dios mío! musitaba-, si bien los rudos policías no le tocaron ni un pelo y la dejaron amablemente utilizar su móvil para anular la cita con la peluquera y avisar, de paso, a su abogado por si las moscas. El otro detenido, Isidoro Barrios, a pesar de que la policía lo trató espléndidamente y lo pasó a recoger no a las diez de la mañana -«que aún no estaba arreglado»- sino a mediodía y en un coche camuflado que es menos llamativo, está pasando un calvario; «mi mujer lleva tres meses ingresada por una depresión derivada de aquellos días terribles, yo, desde luego, no soy la misma persona», ha comentado a El Mundo. Curiosamente son cónyuges, aunque al PP le debió parecer mucho más «mediático» y moderno presentarlos como conocidos y residentes en Las Rozas.

Con estos argumentos -la sentencia y su manipulación- el PP ha convertido a esta pareja en mártires, en el único capital del que puede «presumir» dentro de un territorio yermo, inerte, jamás cultivado, el de la lucha por la democracia, la justicia y la libertad. Hasta sus diputados en la Asamblea de Madrid se han esposado para pedir la dimisión del ministro Alonso por el ultraje; los insultos de Martínez Pujalte eran coreados como forofos por los diputados fascistas en el Congreso; incluso el bronceado Zaplana, con la adrenalina a tope por las denuncias de sus «míticas» travesuras, pide la dimisión del ministro de Defensa con carácter retroactivo; mientras, el travieso y dicharachero Acebes insiste en la existencia de dos líneas de investigación añadiendo a la petición de dimisión del ministro la creación de una comisión que indague el asunto pues ¡quién sabe si ETA también tuvo algo que ver con las detenciones! Encima «don» Manuel, su presidente honorífico, se permite el lujo de justificar, entre mastodónticos vaivenes, la tortura y el fusilamiento de Julián Grimau; no en vano él mismo era miembro del Consejo de Ministros que, presidido por Francisco Franco, firmó la sentencia de muerte.

Los actores principales en la guerra sucia contra el terrorismo, el aparato del Estado, los miembros de los Gal, del Batallón Vasco-español, de la Triple A, etc. gozaron y gozan del paraguas de inmunidad que les han proporcionado los sucesivos gobiernos democráticos. Al general Galindo, el sanguinario de Intxaurrondo, se le permite vivir tranquilamente en su casa los más de 70 años que le quedan por cumplir por el asesinato de Lasa y Zabala cuando de justicia sería pasarlos en prisión. Corcuera y Barrionuevo, a pesar de «la patada en la puerta» a los fondos reservados y el caso Marey, han exigido al gobierno que permita a Rafael Vera disfrutar del mismo grado de impunidad del que ellos gozan desde hace años. Martín Villa, que organizó, entre otros muchos atentados, el frustrado asesinato del independentista canario Antonio Cubillo es, encima, alternativamente premiado por gobiernos y empresas. Sin ir más lejos, Antonio Gil Rubiales, a pesar de ser condenado por la tortura y muerte de Joseba Arregui, fue ascendido el año pasado a comisario provincial de la policía de Santa Cruz de Tenerife por el Delegado del Gobierno, el socialista José Segura, y ahí sigue.

Todo vale, sin embargo, cuando de lo que se trata es de detener a los que, simplemente, no condenan el terrorismo de ETA; a los que objetan y gritan ¡No a las guerras del capital!; a los que se aventuran y pasean por las calles de Murcia la bandera republicana; al sindicalista que no traga con las reformas laborales y se encadena a las puertas de alguna ETT. Qué decir de los «sin techo» que osen okupar por su cuenta lo que debe procurarles el Estado, una vivienda digna. Son tantos los colectivos amenazados.Para todos ellos, resulta tan peligroso un cuartel de la Guardia Civil en Roquetas de Mar como una estación de RENFE en Madrid, en los dos escenarios les pueden aplastar hasta morir, pero con una diferencia, unos serán funcionarios y otros empleados de una subcontrata de una subcontrata de un empresa de seguridad. Sin embargo, cuánto cuesta convencer a los jueces para que condenen a la policía o la guardia civil por detención ilegal o malos tratos. Con todo lo que ha llovido, la sentencia del caso Bono ha condenado a más agentes del orden que, por ejemplo, en todo el año 2003.

Parece mentira, pero aquí en Canarias no pierde vigencia, a pesar de los años pasados y de que se nos tilde de pesados y repetitivos, la exigencia de justicia para Antonio González Ramos, asesinado en 1975 por el comisario Matute en los siniestros calabozos del Gobierno Civil de S/C de Tenerife; el comisario, experto karateca, lo utilizó de esparring para sus prácticas antes de intentar tirarlo a una cuneta. Ni resulta menos actual que hace diez años esclarecer y establecer responsabilidades penales por el asesinato de Javier Fernández Quesada (1977), tiroteado a las puertas de la Universidad de La Laguna, en medio de la lucha de los trabajadores de las guaguas, los del frío y el tabaco que batallaban por su dignidad y existencia. Un año antes, en septiembre de 1976 muere acribillado a balazos en su casa de la barriada Somosierra en S/C de Tenerife Bartolomé García cuando la Guardia civil lo ametralló con la excusa de confundirlo con «El Rubio», personaje relacionado con la desaparición nunca esclarecida del empresario Eufemiano Fuentes. La misma mano ejecutora, la Guardia Civil, la misma impunidad y el mismo responsable político, el Gobernador Civil de entonces, Luis Mardones Sevilla que, convertido al nacionalismo avasallador de Coalición Canaria, repite una y otra vez como Diputado a Cortes. Más recientemente, en mayo de 2000, el guineano Antonio Fonseca entraba vivo en la comisaría de Arrecife de Lanzarote y salía muerto; según su familia por una brutal paliza, según un juez por causas naturales. El prestigioso forense, José Antonio García Andrade, afirmó tras la autopsia que la causa de la muerte del inmigrante se debió a un fuerte golpe en el cuello. Así mismo, un testigo que se encontraba detenido en las dependencias policiales aquella noche declaró que dos policías habían golpeado a Fonseca hasta matarlo. El caso se archivó.

Aún hoy, Amnistía Internacional y otras instituciones denuncian la existencia de torturas en la dependencias de los denominados pomposamente Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, por ello, sentencias como la de Hidalgo no son más que insultos a la Justicia y a la memoria de los apaleados, vejados, torturados y asesinados por policías, guardias civiles, policías municipales. que, en la mayoría de los casos, viven sin castigo. Solamente en lo que va de año han muerto 27 personas bajo custodia del Estado español en cárceles, comisarías, cuarteles de la Guardia Civil, etc. Ninguna era militante del PP.