Está candente el debate político en Colombia. En el trasfondo, luchan dos concepciones del mundo radicalmente diferentes. La una, la que el presidente Álvaro Uribe y sus seguidores y altos mandos del Estado defienden, procura el establecimiento de un Estado corporativo que tiene como pilar la seguridad llamada democrática para el beneficio de una minoría […]
Está candente el debate político en Colombia. En el trasfondo, luchan dos concepciones del mundo radicalmente diferentes. La una, la que el presidente Álvaro Uribe y sus seguidores y altos mandos del Estado defienden, procura el establecimiento de un Estado corporativo que tiene como pilar la seguridad llamada democrática para el beneficio de una minoría en el país. Seguridad que no se fundamenta ya en las instituciones históricamente creadas para ello (instituciones políticas como el Congreso, educación, salud, seguridad social, ejército, policía, etc.) sino que involucra activamente sus ciudadanos sin importar sus intereses de clase, para que se comprometan activamente (cooperantes del Estado corporativo) en la preservación de la seguridad de la propiedad privada y el usufructo de la riqueza por parte exclusiva de la minoría dominante colombiana y sus aliados: grandes terratenientes, industriales, financistas, poderosos grupos económicos; y las transnacionales que usufructúan los recursos naturales estratégicos como el petróleo, y se apropian las empresas públicas más rentables de la nación como telecomunicaciones, petrolera estatal, cadenas de almacenes, empresas cerveceras, sistema de salud, educación, etc.
La otra visión del mundo, la que defendemos tanto la izquierda desde el recién fundado Polo Democrático Alternativo, amplios sectores democráticos del país y el movimiento social, aboga por la creación del Estado Social de Derecho restituyéndole de nuevo su papel central en la consecución del máximo bienestar para su población sobre la base de la más amplia realización de los derechos (justicia social) y libertades a la que todos y todas aspiramos disfrutar en una sociedad democrática. Dentro de esta concepción alternativa a la que hoy impera en Colombia, la seguridad (social, no policial) la entendemos como el máximo bienestar de toda la población, más no de una minoría, a través del goce de la riqueza (justicia social) y los derechos (salud, educación, seguridad social, vida digna) que consagran nuestra Constitución. Con ella buscamos, además, hacer letra viva la Constitución del 91 que cada día muere con los atropellos, injusticias, crímenes de lesa humanidad, desaparecidos, amenazas de muerte, masacres, secuestros, expropiaciones de tierras a campesinos pobres y medianos, despidos masivos de empleados por cierres de empresas, etc.
Este es el verdadero debate que hay en el trasfondo del enfrentamiento entre la cabeza del ejecutivo, el presidente Álvaro Uribe, y los dirigentes del Polo como Carlos Gaviria, Gustavo Petro, Antonio Navarro, Jorge Robledo, Wilson Borja y que, incluso, salpica al expresidente César Gaviria. No podemos dejarnos intimidar ni amedrentar por el tono agresivo y desproporcionado del presidente. Sabemos bien, no es la primera vez que pierde su compostura, que cuando se sale de sus cabales se lanza a la opinión pública con acusaciones y ataques que nos pone en la mira de la ya conocida guerra sucia al Polo, a los voceros de las víctimas del paramilitarismo y a todo aquel o aquella que asuma una posición radicalmente contraria a la suya. Sus acusaciones de que en el Polo hay «terroristas de civil», son una muestra palpable de que concibe a éste no como su contradictor político legítimo en la disputa por el poder, sino como un enemigo a muerte.
De esta situación, lo preocupante no es el hecho de que en Colombia haya una lucha tenaz entre dos proyectos de sociedad y que a uno de ellos le llegará su muerte política, sino que ésta disputa no desemboque en la eliminación física del adversario. No deseamos ni promoveremos desde el Polo la eliminación de nuestros contradictores políticos. Pero es claro que el Polo le apuesta al fin del proyecto autoritario y al Estado corporativo de la seguridad democrática que ha beneficiado a una minoría que todo posee y goza. Por eso, nuestra preocupación es que ya se empezaron a sentir las amenazas de parte del nuevo grupo paramilitar Águilas Negras contra sindicatos, ONGs, y distintos voceros de la oposición en Colombia.
Al presidente Álvaro Uribe y quienes lo acompañan en la empresa política e ideológica de hacer de Colombia un Estado y sociedad corporativa al servicio de los intereses de una minoría, le tenemos que responder desde la izquierda, el Polo, el movimiento social y democrático con la más clara convicción y resolución de luchar en todos los espacios políticos legales que hemos venido ganando (no dádivas que alguien nos haya concedido gratuitamente, sino resultado de la propia lucha del pueblo colombiano) con la más amplia movilización y sin dejarnos provocar ni atraer por la idea de que en Colombia todo lo tenemos que resolver vía la eliminación física del adversario.
Que sean las armas de la razón, el debate profundo y amplio de ideas el hilo conductor en la disputa por el poder. Tenemos todo el derecho a hacerlo, a exigirlo y a impedir con la movilización en la calle que quienes ven amenazados sus intereses de clase por al avance y lucha organizada del pueblo a través del Polo, nos impongan como salida la guerra sucia otra vez.
Impediremos con la movilización y la lucha electoral que en Colombia se imponga una ideología de corte fascista como la que defiende el presidente Álvaro Uribe. Ideología política fundada en ideas falsas de la realidad y que solo sirven a sus intereses de clase, creyendo que cambiando el modo de pensar de la gente con la propaganda (que la izquierda es terrorista) y la demagogia (haciendo creer que la seguridad democrática es beneficiosa para todos) se transforma la realidad, y así contribuirían con sus ilusiones sobre ésta a producir de nuevo la embriaguez de todo un pueblo.
Ya conocemos en lo que termina la embriaguez de un pueblo una vez que fue creada por una eminencia gris como Laureano Gómez en los años 30s. En una guerra civil, La Violencia, que arrasó con el pueblo liberal y conservador. ¿No estaremos maduros como pueblo para impedirlo? Que el desespero del presidente y sus lugartenientes en esta batalla política e ideológica por el poder, no sea el combustible que encienda más una pradera que ya no tiene donde arder.
Al presidente hemos logrado ponerlo a la defensiva y hoy el Polo como oposición tiene la iniciativa. Este round político lo perderá, sus respuestas de odio, rabia y graves acusaciones contra nosotros son prueba irrefutable que se le agotó su política, su capacidad de resistencia y que lo tenemos a la defensiva. Haremos realidad nuestro anhelo de vivir una vida digna, de derechos y en paz en Colombia desde el Estado Social de Derecho.
* Oto Higuita es miembro de la dirección nacional del Polo
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