El juicio por la muerte en un cuartel de la Guardia Civil del agricultor Juan Martínez Galdeano, ocurrida el 24 de julio de 2005, comenzó e lunes en la Audiencia Provincial de Almería (Andalucía). En el banquillo de los acusados se sientan nueve guardias civiles del cuartel de Roquetas de Mar. El teniente y jefe […]
El juicio por la muerte en un cuartel de la Guardia Civil del agricultor Juan Martínez Galdeano, ocurrida el 24 de julio de 2005, comenzó e lunes en la Audiencia Provincial de Almería (Andalucía).
En el banquillo de los acusados se sientan nueve guardias civiles del cuartel de Roquetas de Mar. El teniente y jefe del puesto, José Manuel Rivas Ruiz, afronta una petición del fiscal de diez años de prisión por los delitos de «atentado grave contra la integridad moral, lesiones y homicidio imprudente» -los dos últimos con la agravante de «abuso de superioridad»- mientras que la acusación particular exige para él 12 años de cárcel.
Para siete imputados el fiscal pide ocho años de prisión para cada uno por los citados delitos. Para el último, la Fiscalía solicita el sobreseimiento y archivo de las actuaciones al considerar que no participó en los hechos, aunque la acusación particular le considera cómplice.
Juan Martínez Galdeano murió sobre las 17.45 del 24 de julio de 2005 después de acudir al cuartel de la Guardia Civil para pedir auxilio tras su implicación en un accidente de tráfico leve.
Testigos y paliza mortal
La Guardia civil ofreció en un primer momento la versión de que murió de un infarto. Al menos siete vecinos lo vieron desde una confitería próxima y narraron una paliza mortal a cargo de los uniformados.
En sus conclusiones, el fiscal coincide en dar por probada esta paliza, en la que atribuye un protagonismo especial al citado teniente, provisto con sendas porras metálica extensible y eléctrica.
El informe forense constató la existencia de más de un centenar de heridas en el cuerpo del agricultor fallecido.
Las cámaras de vigilancia registraron parte de la agresión, aunque, una vez percatados de ello, los guardias llevaron al detenido a un patio fuera del alcance de las cámaras. El Gobierno reconoció ocultación de pruebas.