Cuatro guardias civiles se enfrentan a un total de 30 años y medio de prisión por torturas La Fiscalía pide la absolución porque la víctima pudo romperse el bazo «de forma espontánea» o con un mínimo esfuerzo
Ocho años después, los cuatro guardias civiles de San Juan que están procesados por la muerte de un detenido se sentarán en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Alicante. El juicio se celebrará el próximo 27 de septiembre, pero la Fiscalía no ejercerá su función acusatoria porque ha decidido solicitar la absolución de los agentes.
Tal y como se refleja en su escrito de conclusiones provisionales, al que ha tenido acceso este periódico, el fiscal considera que la víctima pudo romperse el bazo, lo que desencadenó su muerte, «de forma espontánea».
En cambio, la acusación particular, que representa a la madre del fallecido, reclama para los agentes un total de 30 años y medio de prisión y una indemnización de 300.000 euros.
Este supuesto caso de torturas -las acusaciones, entre ellas una popular, recogen en sus conclusiones ése y otros delitos- ha sido uno de los de mayor repercusión en la provincia en los últimos años. Ocurrió el 20 de septiembre de 1999. Ese día, Juan Martínez Cano y su sobrino, Roberto M.C., fueron detenidos por la Guardia Civil de San Juan bajo los cargos de amenazas y tráfico de drogas, unas diligencias que más tarde serían archivadas.
Una vez en el cuartel, entre las cuatro y las cinco de la tarde, Juan aprovecha su salida al baño para escapar. El hombre es finalmente arrestado en Parque Ansaldo.
A partir de este momento surgen las discrepancias entre el fiscal y la acusación. El primero sostiene que el detenido opuso «fuerte resistencia», pero no hace referencia alguna a la conducta de los agentes. Para la segunda, en cambio, Juan es golpeado durante la vuelta al cuartel por el cabo José Francisco A.C. y el guardia Sergio S.C.
Más tarde, en un calabozo Sergio S.C. y otro agente, Jesús Abel C.R, que fue sancionado por la fuga del sospechoso al estar bajo su custodia, le propinan .»una brutal paliza», añade el letrado.
El fiscal señala que a las ocho de la tarde es reconocido en el hospital de San Juan y el médico de guardia únicamente le diagnostica «síndrome de abstinencia leve». La acusación, por el contrario, acusa al cabo y a otro guardia, Juan G.P., de no llevarle inmediatamente a Urgencias pese su «grave deterioro de salud».
Al día siguiente, ya en el Juzgado de Instrucción 1 de San Vicente del Raspeig, Juan Martínez Cubero se desploma. Al parecer tiene el bazo destrozado y entra en un coma del que nunca despertó. El 5 de abril de 2001 muere en una clínica.
La acusación particular cree que hubo en el caso delitos de torturas graves y leves, lesiones, homicidio imprudente y omisión del deber de socorro. Así, pide para cada uno de los agentes Jesús Abel C.R. y Sergio S.C. catorce años y medio de prisión y diez años de inhabilitación, dieciocho meses de cárcel para José Francisco A.C. con multa de 3.240 euros y otra multa de 1.620 euros para Juan G.P.
No obstante, la Fiscalía no ve delito alguno en esta muerte y considera que la rotura del bazo pudo ser accidental. La acusación pública recuerda que la víctima tenía varias patologías previas como hepatitis C y VIH y que la fragilidad de su bazo debido a su gran tamaño pudo hacer que se rompiera «de forma espontánea o por cualquier mínimo esfuerzo o golpe en la fuga».
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