La escalada de acontecimientos que cuestionan directamente la legitimidad democrática de la monarquía borbónica ha saltado a primer plano de la actualidad. Desde hace algunos años, en el conjunto del Estado, manifestaciones populares de diverso cariz – obrero, estudiantil, contra la OTAN y la participación de tropas españolas en la ocupación de diferentes países, por […]
La escalada de acontecimientos que cuestionan directamente la legitimidad democrática de la monarquía borbónica ha saltado a primer plano de la actualidad.
Desde hace algunos años, en el conjunto del Estado, manifestaciones populares de diverso cariz – obrero, estudiantil, contra la OTAN y la participación de tropas españolas en la ocupación de diferentes países, por la vivienda, etc – se han acompañado sistemáticamente de la presencia masiva de banderas republicanas enarboladas masivamente por jóvenes que, con un grito cada vez más general «Lo llaman democracia y no lo es», vinculaban el hecho concreto que las convocaba con la denuncia global del sistema establecido por la Transición.
Todo ello ha venido desembocando en las manifestaciones del 6 de diciembre y del 14 de abril, que desde 2003 muestran una capacidad creciente de convocatoria, reuniendo a decenas de miles de personas, cada año más numerosas, con lemas abiertamente rupturistas: «Contra la Constitución de 1978», «Por el Derecho de Autodeterminación» y «Por la III República». Estas manifestaciones son convocadas de forma unitaria por organizaciones y movimientos sociales situadas fuera del ámbito institucional. IU no convoca y el PCE lo hace con manifiestos y lemas diferentes, que no salen del republicanismo nostálgico, sin cuestionar el orden establecido.
Aparece así un nuevo escenario político que desbarata el tablero de juego instaurado por los Pactos de la Moncloa, que ha sido intocable durante treinta años, y que ha sido protegido como el bien más preciado por la oligarquía dominante y sus representantes políticos: PP y PSOE, con la importante complicidad de IU. Las reglas del juego han sido rotas por el profundo malestar social generado por la brutalidad de la agresión del capitalismo salvaje contra la nueva clase obrera más explotada – jóvenes, mujeres e inmigrantes – y por el alineamiento, cada vez más difícil de ocultar, del imperialismo español, con la bota militar de la UE y de EE.UU., bajo mando de la OTAN.
Salta ahora por los aires todo el engranaje construido sobre la capacidad de contención de la lucha social de una izquierda institucional -PSOE, IU y PCE- ahora profundamente deslegitimada e incapaz de contener el creciente malestar de la calle.
La debilidad democrática congénita del régimen instaurado en 1978 sobre un pacto entre fuerzas políticas que hoy carecen de la representatividad obrera y popular que les permitió entonces traicionar impunemente los contenidos de la lucha contra la Dictadura, se manifiesta ahora con toda su crudeza.
A todo esto se une el estallido del eslabón históricamente más débil del engranaje institucional de la Transición: la continuidad del más rancio nacionalismo español, hegemónico en todas y cada una de las estructuras del Estado y la nula respuesta democrática a la reivindicación del derecho de autodeterminación.
La monarquía borbónica, clave de bóveda de la continuidad del franquismo en todas las estructuras del Estado, está siendo cuestionada directamente. Cada acto de represión contra medios de comunicación o contra movimientos sociales que denigran a la monarquía, muestra públicamente ante la opinión pública del Estado español e internacional, su papel de continuidad con la Dictadura, su insultante boato, sus riquezas imposibles de justificar, su vinculación con lo más negro de la Iglesia Católica, su impunidad y sobre todo, su incompatibilidad con los mínimos principios democráticos.
Un reciente estudio sobre la vinculación de los Jefes de Estado a las Fuerzas Armadas, concluye que sólo cinco Estados árabes y el Estado español, tienen a la más alta magistratura del Estado como Jefe del Ejército.
Todo ello se ha puesto de manifiesto en la instituida Fiesta Nacional del 12 de Octubre. Una festividad que explícitamente conmemora el genocidio del imperialismo español sobre los pueblos de América Latina, el expolio de sus recursos y la matanza de millones de personas.
Lo que en otros países es conmemoración de victorias nacionales contra la dominación colonial o del pueblo contra monarquías opresoras, aquí – sobre todo este año – ha sido una pírrica exaltación del Ejército colaborador en tareas imperiales y, sobre todo, una manifestación fascista.
El insultante intento de Bono, anterior Ministro de Defensa del PSOE, de escenificar la «reconciliación nacional» haciendo desfilar a un combatiente republicano junto a otro de la División Azul, junto al Festival de música latinoamericana de este año, con el que el gobierno PSOE intentó enmascarar la exaltación imperialista del desfile, no han podido ocultar el verdadero significado del 12 de octubre de 2007: unos pocos miles de fascistas aclamando al Ejército vencedor de la guerra civil, colaborador de las gestas imperiales y garante, según establece la Constitución, de la «Unidad de España».
Las contradicciones se agudizan y las máscaras caen. Los problemas reales de la gente y los problemas pendientes aparecen en primer plano.
En el Estado español, para la izquierda consecuente, solo hay un lado de la barricada, la que vincula las reivindicaciones nacionales con las de clase.