La lucha por la vivienda digna y el tinglado inmobiliario

El problema de la vivienda en España

La vivienda, una necesidad humana y social básica, imprescindible para poder desarrollar el proyecto vital de cada persona, es inaccesible en este país. Y no es porque falten viviendas, de hecho hay varios millones vacías y otros tantos millones de segundas residencias. Sobran viviendas para especular y faltan para vivir, lo que provoca que existan millones de casas sin gente y millones de personas sin casa. Hay casa para el que pueda pagar lo que el mercado pida por ella. El mercado como mecanismo de resolución de las necesidades excluye a la población no rentable del acceso a la vivienda y aquellos que acceden deben soportar un sobreendeudamiento hipotecario masivo y a muy largo plazo. No se hipotecan viviendas: se están hipotecando vidas. La vivienda y el urbanismo se han convertido en un gran negocio, el más lucrativo de todos, y ha dejado de ser un derecho (si alguna vez lo fue). Y esto es posible por la existencia de un tinglado urbanístico que controla la situación, asentado en la asunción por la sociedad del llamado capitalismo popular del ladrillo1.

La política pública de vivienda

El objetivo del Gobierno del PSOE es resolver mediáticamente el problema de la vivienda. Es decir, hacer creer a la mayoría de la población, y especialmente a los jóvenes, que están trabajando mucho y bien sobre la vivienda, sortear unas cuantas VPO y repartir unas cuantas ayudas, pero sin cuestionar el modelo de urbanismo, de sociedad y de sistema económico que ha provocado que el acceso a la vivienda sea un negocio a costa de un derecho.

A lo largo de la actual legislatura (2004-2008) el Gobierno ha ido jalonando su quehacer en política de vivienda de gestos mediáticos, con una limitada repercusión real sobre las consecuencias del problema de la vivienda y ninguna sobre sus verdaderas causas. Gestos como la propia creación del Ministerio de la Vivienda -con un presupuesto insuficiente y sin capacidad ni autonomía para legislar decididamente en las pocas materias sobre las que el gobierno central mantiene competencias-, el inmediato Plan de Choque (2004) -del que nunca más se supo-, la fallida y no dotada Sociedad Pública de Alquiler, el Plan de Vivienda (2005-2008) -continuista de los de anteriores gobiernos, aunque con más asignación de fondos-, la nueva Ley del Suelo (2007) -que retoma postulados de leyes del suelo anteriores a la del PP, y que en el pasado tampoco evitaron la especulación-. Tradicionalmente en España el gasto de la política pública de vivienda ha ido destinada a sostener la actividad del sector de la construcción subvencionando la edificación y compraventa de viviendas, y este gasto se ha canalizado principalmente a través de las injustas e ineficientes desgravaciones fiscales por compra de vivienda en el IRPF, que terminan en el bolsillo del promotor/vendedor.

El último ejemplo de esta política espectáculo es el Plan de Apoyo a la Emancipación de los Jóvenes e Impulso al Alquiler (a partir de enero de 2008). Este plan reúne un conjunto de ayudas y deducciones destinadas a sufragar parte del gasto en alquiler. Estas ayudas se limitan a responder a las consecuencias de un fenómeno (la carestía de la vivienda, en este caso de alquiler) y no a las causas que lo generan (la vivienda como negocio), por lo que no serán más que medidas paliativas, que en el mejor de los casos rebajarán algo la cuantía del alquiler pagado por el inquilino (pero no la cuantía cobrada por el propietario arrendador) a costa del presupuesto público. Puede que ni siquiera rebajen el alquiler a pagar o, incluso, lo aumenten: es bastante probable que, dada la situación actual del mercado del alquiler, los propietarios se apropien de las ayudas subiendo los precios de los alquileres, sabedores de la mayor capacidad de pago y solvencia que proporcionan las ayudas a los inquilinos. Al final, con el dinero de todos estaremos transfiriendo más dinero a los que más tienen -los propietarios- y ni siquiera se estará mejorando el acceso a la vivienda en alquiler o aumentando el número de las mismas.

La Asamblea contra la precariedad y por la vivienda digna en Madrid (y el conjunto de las Asambleas VdeVivienda a nivel estatal) ha rechazado de plano esta política de parches, cheques y demás limosnas que no contribuyen a acabar con el problema, sino que lo convierten en crónico. Las diferentes Asambleas VdeVivienda nos hemos opuesto a este último paquete de ayudas al alquiler con argumentos y en la calle, con la movilización, como dejamos claro en el grito por la vivienda digna que el pasado 6 de octubre movilizó a varios miles de personas en las principales ciudades de España. La Asamblea en Madrid realizó en esta ocasión un esfuerzo mayor por presentar y difundir sus propuestas alternativas para solucionar el problema de la vivienda. El Gobierno, a través del Ministerio de la Vivienda, dijo entonces haber entendido el mensaje y asumieron el lenguaje y los principales conceptos defendidos por las Asambleas: parque público de alquiler, actuar sobre las viviendas vacías,… palabras huecas para el Ministerio que, apropiándose del discurso de las Asambleas, a continuación lo reconducía hacia las propuestas y medidas ya aprobadas por dicho Ministerio. Es decir, más de lo mismo.

Unas Administraciones Públicas que estuvieran realmente al servicio de las personas deberían desmontar el tinglado urbanístico para garantizar el derecho de acceso a una vivienda digna a un coste asequible. Ni quieren ni pueden: las propias Administraciones -y quienes las controlan- son parte del tinglado, son parte del oligopolio del ladrillo y de los intereses económicos que gobiernan la sociedad.

El tinglado urbanístico y el capitalismo popular del ladrillo

El tinglado urbanístico español es un oligopolio formado por un conjunto reducido de agentes e instituciones que mantienen un consenso básico de intereses y actuación para posibilitar el impresionante negocio que se mueve alrededor del urbanismo, la vivienda y el suelo. Todos los componentes de este tinglado se lucran económicamente de su funcionamiento, por lo que carecen de incentivos para modificarlos, por mucho que públicamente manifiesten lo contrario.

Este oligopolio del ladrillo está conformado por las entidades financieras (bancos y cajas), los grandes propietarios del suelo, las promotoras inmobiliarias, las empresas constructoras y las Administraciones Públicas (local, autonómica, central). Este oligopolio controla todo el proceso inmobiliario desde la recalificación del suelo hasta la entrega de llaves, la fijación del precio de la vivienda, la financiación de su adquisición, el qué, cómo, dónde, cuándo, por quién se construye y edifica. Todo.

El tinglado urbanístico ha logrado en la última década el mayor proceso de transferencia de rentas de la historia de este país, redistribuyéndola desde la mayoría de la población hacia esa minoría que se ha lucrado. Las ganancias salariales más allá del nivel de subsistencia arrancadas con no poco esfuerzo a empresarios y capitalistas son recuperados fácilmente por éstos mediante el encarecimiento de la vivienda y el endeudamiento masivo de la población. Para que esta inmensa extracción de rentas de las clases trabajadoras se potencie y perdure en el tiempo, este oligopolio se ha garantizado el apoyo cómplice de la mayoría de la sociedad, haciéndoles creer que ellos también podrían lucrarse y participar del reparto de la tarta: es el capitalismo popular del ladrillo, la sublimación del darwinismo social, del egoísmo más individualista, del pelotazo y del dinero fácil, sin escrúpulos, sin preguntas: incautos que sostengan este timo piramidal por el que nos esclavizan de por vida, iluminados por el milagro de la multiplicación de los euros y los ladrillos. Y lo han conseguido: casi toda la población percibe la vivienda como un bien de inversión, una oportunidad de negocio con la que todos nos comportamos como míseros especuladores a pequeña escala y echamos las cuentas de la lechera acerca de la revalorización de la vivienda.

Este gusto de los españoles por la propiedad de la vivienda no es genético. Responde a los intereses del tinglado urbanístico y del Estado, que durante décadas han fomentado la cultura de la propiedad (ya lo pusieron en práctica los falangistas mediante la obra social de la vivienda durante el franquismo) para anclar a la población a la estabilidad y buena marcha del sistema y de su propiedad más preciada, atemperando su compromiso y voluntad de transformación social. Desde hace años se viene apoyando social y económicamente la compra y propiedad privada de la vivienda y difundiendo su atractivo como bien de ocio e inversión (la vivienda nunca baja, la vivienda es su mejor inversión, un seguro para la vejez, disfrute de su apartamento en la playa) y el descrédito de otras opciones (alquilar es tirar el dinero, la gente no quiere pisos en alquiler). Además de la inoculación de las ventajas de la propiedad, esta preferencia se asienta igualmente en realidades materiales que fomentan la opción de la vivienda en propiedad. La debilidad del estado de bienestar y de los mecanismos colectivos de protección social refuerzan la importancia de la posesión de una vivienda como garante último de nuestra seguridad y bienestar individual. Las políticas públicas y los incentivos fiscales han subsidiado tradicionalmente la compra de vivienda, mientras que el alquiler, maltratado, presentaba una escasa y mal conservada oferta de viviendas, insuficiente para la demanda de las mismas, lo que ante el total abandono del alquiler por la iniciativa pública provocaba unos precios de los alquileres muy elevados y nada atractivos en relación a la cuota a pagar por una hipoteca.

Las distintas Administraciones Públicas están implicadas a fondo en este tinglado. Por decirlo claramente, sin su participación cómplice no hubiera sido posible el saqueo colectivo al que nos estamos viendo sometidos. Las Administraciones puestas al servicio de la especulación inmobiliaria, lucrándose de ella, recurriendo a la corrupción política para engrasar y maximizar los beneficios inmobiliarios, todo esto consentido por una población acrítica e individualizada que prefiere mirar para otro lado o lucrarse ellos también en la medida de sus posibilidades.

El posicionamiento de la Asamblea

Esa realidad, el secuestro de esta sociedad democrática capitalista a manos del oligopolio del ladrillo, es lo que decidido enfrentar la Asamblea contra la precariedad y por la vivienda digna de Madrid, tal vez ni siquiera sin ser del todo consciente de este posicionamiento. Desde que la Asamblea se ha posicionado contra las causas de la especulación inmobiliaria y no sólo contra las consecuencias más sangrantes, como hacen otros que se dicen defensores de la vivienda digna, no tiene otro camino que denunciar y combatir a fondo el tinglado urbanístico -denunciando públicamente sus medios y fines- y la claudicación ante los intereses del ladrillo de los instrumentos políticos de representación existentes, difundiendo al mismo tiempo las propuestas alternativas que contribuyan a garantizar el acceso real y asequible a una vivienda digna y en su medida, a la transformación solidaria de esta sociedad.

Se avecinan hasta las elecciones generales un periodo de subasta electoral, en el que los diferentes partidos políticos intentarán ofrecernos su mejor mercancía. En materia de vivienda, la subasta electoral del partido en el gobierno va a durar toda la legislatura. Y el resto de los partidos también están presentando sus propias tómbolas de la vivienda. Antes de las elecciones generales volveremos a movilizarnos por el derecho a una vida digna. Y después, gane quien gane, también. Da igual quien gane, el consenso básico en torno al tinglado urbanístico se mantendrá si no lo hacemos caer, hay mucho dinero en juego. Y no tenemos nada que perder, salvo las cadenas que nos atarán durante años a la precariedad y la hipoteca si no transformamos radicalmente la realidad.

La Asamblea en Madrid ha apostado en sus análisis2 y en su reivindicación por soluciones radicales, aunque se planteen y apliquen gradualmente. No nos valen apaños. Hay que sacar la vivienda del mercado. Porque los derechos ni se compran ni se mendigan: son o no son. Para ello serán necesarios cambios ideológicos y de mentalidad social, que desmonten los mitos de la propiedad y articular cambios materiales que efectivamente despojen a la vivienda de su atractivo como inversión, y recupere su valor como bien de uso, garantizado a toda la población.

A pesar de la ofensiva mediática del Gobierno vendiendo las excelencias de su política de vivienda, que según ellos nos permitirá acceder al paraíso de la vivienda en propiedad y como mal menor a una ayudita al pago del alquiler, la realidad real (no la publicada) dice que la vivienda sigue por las nubes y los derechos siguen por los suelos. Y la Asamblea contra la precariedad y por la vivienda digna (VdeVivienda de Madrid), al igual que el resto de asambleas, seguimos en la lucha, y en la calle. Para que todo cambie. Para que nada siga igual. No hay otra opción.

Artículo incluido en el número 17 de la revista Rescoldos, correspondiente al segundo semestre de 2007

*Luis Zarapuz es economista, miembro del Caum y de VdeVivienda de Madrid