Madrid ha vuelto a quedar en evidencia a ojos de la comunidad internacional en el quinto informe realizado por el Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en el Estado español. Ginebra le conmina a que derogue de forma definitiva la incomunicación y adopte medidas eficaces e integrales para la prevención de la tortura, y alarma sobre la excesiva laxitud que supone la definición de «terrorismo».
El informe que hizo público ayer el Comité de Derechos Humanos de la ONU censura las salvaguardas de los derechos civiles y políticos en el Estado español. Los expertos de Ginebra recomiendan al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, entre otros aspectos, que derogue «definitivamente» el régimen de incomunicación, y muestra su preocupación por el alcance «potencialmente excesivo de las definiciones de terrorismo en el derecho interno», así como por la pervivencia de las denuncias de torturas y la aplicación excesiva de la prisión preventiva a los detenidos.
Después de que el Estado español haya permanecido doce años sin someterse al análisis sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que los estados firmantes deben realizar cada seis años -el último data de 1996; y el Gobierno de Aznar se negó a la investigación en 2002-, el Comité de Derechos Humanos de la ONU vuelve a denunciar que el fantasma de la tortura planea sobre las comisarías y los acuartelamientos.
Es más, critica a Madrid por «no haber elaborado una estrategia global, ni haber tomado medidas suficientes para asegurar la erradicación definitiva» de la práctica de la tortura. Por consiguiente, urge al Estado español a que acelere «el proceso de adopción de un mecanismo nacional de prevención de la tortura», conforme a lo dispuesto en el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles -del que es Estado firmante-, teniendo en cuenta las recomendaciones de órganos y expertos internacionales, como los realizados por el Relator Especial contra la Tortura de la ONU.
Contradice al Gobierno español
En el apartado siguiente, uniéndolo con la denuncia de la práctica de la tortura, la Organización de Naciones Unidas emplaza a Madrid a que suprima «definitivamente el régimen de incomunicación», porque, contra la justificación del Gobierno español de que su mantenimiento resulta ser «en aras del `interés de la justicia'», los expertos entienden que ese régimen de detención «puede propiciar los malos tratos».
Aunque el Comité de Derechos Humanos de la ONU lleva años realizando similares recomendaciones al Estado español, en este informe la insistencia y el tono es evidentemente más conminatorio. Al respecto, además, los expertos afirman que el Estado español debe reconocer a todos los detenidos el derecho para que elijan libremente a un abogado con el que «puedan consultar de manera plenamente confidencial y que pueda estar presente en los interrogatorios». Asimismo, señala que debe ser Madrid el que haga cumplir la utilización sistemática de medios audiovisuales para grabar los interrogatorios «en todas las comisarías y lugares de detención».
La ONU también critica al Gobierno español por el excesivo empleo de la prisión preventiva que realizan las autoridades españolas, y, en concreto, le recomiendan que «no emplee la duración de la pena aplicable como criterio para determinar la duración máxima de la prisión provisional».
Los casos de Gestoras o 18/98
Otro de los elementos sobre el que más llama la atención Ginebra es por «el alcance potencialmente excesivo de las definiciones de terrorismo en el derecho interno». En particular, la ONU se refiere a los artículos que van desde el 572 hasta el 580 del Código Penal español.
Cabe destacar que estos nueve artículos del Código Penal se refieren a los delitos que genérica y sistemáticamente aplica la Audiencia Nacional española a los ciudadanos vascos. Ese abanico de medidas punitivas van desde «la pertenencia y colaboración con banda armada» hasta «el enaltecimiento del terrorismo». Es de reseñar que entre esos artículos se encuentra también la definición del delito que ha sido aplicado a los vascos condenados en los macrojuicios llevados a cabo en la Audiencia Nacional española como el del 18/98 o el caso Gestoras-Askatasuna; «los que, sin pertenecer a banda armada, organización o grupo terrorista, y con la finalidad de subvertir el orden constitucional o de alterar gravemente la paz pública, o la de contribuir a estos fines (…)».
En otro de los apartados, el informe de la ONU, fechado anteayer, los expertos también muestran su preocupación por la figura del secreto de sumario, ya que, en el marco de una instrucción, «el juez puede prohibir total o parcialmente el acceso de la defensa a la in- formación resultante de la instrucción». Asimismo, sin ahondar demasiado, el Comité de Derechos Humanos señala que «toma nota» de las informaciones según las cuales las acciones judiciales ante el tribunal especial de Madrid por delitos relacionados con la «asociación o colaboración con grupos terroristas» podrían restringir de modo injustificado la libertad de expresión y de asociación.
Los expertos también han criticado «el alcance potencialmente excesivo de las definiciones de terrorismo en el derecho interno» del Estado español.
La ONU también pide derogar de la Ley de Amnistía de 1977, que entorpece, a su juicio, la investigación y las exhumaciones de las víctimas del franquismo. Recuerda, además, que los delitos de lesa humanidad «son imprescriptibles».
Aunque en la práctica no resultó tan evidente como afirmaban previamente que Madrid otorgara «una gran importancia» a la visita que realizó en mayo pasado el Relator Especial de la ONU para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, Martin Scheinin, en la nota de prensa que el 5 de mayo emitió el Ministerio español de Relaciones Exteriores se subrayaba que «el Gobierno español otorga gran importancia a esta visita en el contexto de su firme y renovado compromiso con la absoluta garantía de los derechos fundamentales en la lucha contra el terrorismo y la consecuente aplicación hasta sus últimas consecuencias del principio de `tolerancia cero’ frente a cualquier actuación de los poderes públicos que implique la vulneración de los mismos».
«El Gobierno está firmemente convencido de que la visita del Relator y las recomendaciones que genere contribuirán tanto a identificar los aspectos de nuestras política susceptibles de mejora, como a incrementar el conocimiento público internacional de las mismas, en coherencia con el criterio de máxima transparencia», prosigue el comunicado de prensa que aún se puede encontrar en la página web oficial del citado Ministerio. Scheinin, por su parte, volvió a realizar las mismas recomendaciones que su antecesor, Theo Van Boven, al respecto de la práctica de la tortura en el Estado español y las vulneraciones de derechos fundamentales.