La Corriente Sindical de Izquierda, CSI, presentó un escrito ante la Fiscalía de Asturias denunciado las irregularidades que precedieron a la Asamblea de trabajadores del 04-12-2008 celebrada en el Astillero y a los acuerdos previos en los que se pactó en secreto la liquidación y el cierre definitivo del Astillero previa prejubilación y despido de […]
La Corriente Sindical de Izquierda, CSI, presentó un escrito ante la Fiscalía de Asturias denunciado las irregularidades que precedieron a la Asamblea de trabajadores del 04-12-2008 celebrada en el Astillero y a los acuerdos previos en los que se pactó en secreto la liquidación y el cierre definitivo del Astillero previa prejubilación y despido de sus trabajadores.
La denuncia afecta, además de a las organizaciones y entidades mencionadas, a sus representantes y se ampara en los art. 315 y 318 del Código Penal que recogen como delito el impedir o limitar el derecho al ejercicio de la libertad sindical. Los encausados en la denuncia criminal son el Administrador del Astillero, García Sanz, la empresa pública Pymar (Pequeños y Medianos Astilleros en Reconversión); el dirigente de CCOO, Máximo García; el dirigente de UGT, Eduardo Donaire; el Consejero de Industria, Graciano Torre y el Director General de Trabajo, Antonio González.
La CSI señala en el escrito que al menos desde el año 2000 el sindicato ha sido excluido de todas las negociaciones que afectaban al futuro y a la viabilidad del Astillero. Ya en dos ocasiones anteriores el Tribunal Superior de Justicia de Asturias dictó sentencias condenatorias por causas similares, como son la discriminación sindical y el atentado al ejercicio de la libertad sindical en perjuicio de los derechos sindicales y vulnerando el derecho constitucional que los ampara expresamente.
Cada uno de los tres sindicatos que integran el Comité de Empresa (CCOO, UGT y CSI) disponen de tres representantes, es decir, que cualquier acuerdo o negociación podía haberse llevado adelante con o sin el acuerdo de la CSI. Esta es la clave y el fondo de la denuncia como fácilmente se puede intuir.
En este conflicto se dan dos hechos muy significativos y que seguramente explican por sí solos la actitud delictiva –ya han sido condenados en dos ocasiones por el TSJA– tanto de las respectivas federaciones de los dos sindicatos CCOO y UGT y sus dirigentes, como de los representantes de la Administración, bien a través de Pymar como empresa pública o bien de la Consejería de Industria. Por una parte, en primer lugar, la ocultación sistemática de todos los datos y de las cuentas por parte del Astillero en el que se incluye e implica precisamente a Pymar y a la Consejería de Industria junto con la necesaria complicidad CCOO y UGT porque sin la colaboración de estos dos sindicatos no hubiera sido posible este acuerdo.
Y, por otro lado, el hecho de que las negociaciones siempre hayan sido «secretas» sin que se pueda lleguar a conocer las alternativas o los debates, si es que los ha habido. Sólo cuando los acuerdos ya han sido tomados se presentan ante la Asamblea de los trabajadores del Astillero, e incluso, después de haber sido publicados, previamente, en la prensa local.
¿Para qué la Asamblea si las decisiones no sólo han sido ya tomadas, sino que incluso, ya se han publicado en la prensa? Pero esto no era suficiente, requería necesariamente la exclusión y la desinformación de la CSI porque como manifiesta en la propia denuncia la CSI no estaba de acuerdo ni con el procedimiento ni con el cierre del Astillero y lo que ello implicaba para muchos trabajadores a cambio de nada conocido.
Sin información y sin debate las decisiones derivadas de cualquier votación están viciadas y obedecen más al dictado de los que hayan organizado los acuerdos «secretos» que al interés de los trabajadores afectados. El argumento fundamental del escrito de la denuncia presentada en la Fiscalía se basa en que las decisiones tomadas fueron especialmente graves porque afectaron a la prejubilación, al despido de trabajadores y al cierre definitivo del Astillero. Para ello, a los denunciados, les fue necesario excluir de cualquier negociación a la CSI y ocultar la documentación, que de ningún modo debía llegar a manos de este sindicato porque preveían que, con toda seguridad, se iba a oponer a la «solución» de la liquidación y al cierre.
Muchas pueden ser las causas y los intereses que han motivado esta política de exclusión sindical, pero de todos los motivos posibles, el más inmediato, sin duda alguna, es el de la recalificación urbanística de las dársenas y de las gradas, primero de Naval Gijón y seguidamente de Juliana. La trama se explica por sí misma y para convencerse basta con ver qué hay ahora alrededor de estos dos astilleros y, si añadimos que la Playa de Vías -el proyecto estrella del urbanismo municipal- está al lado de estos astilleros que ocupan miles de metros cuadrados al lado del mar.
En el 2004 Pymar, sociedad pública, que ya controlaba el Astillero, solicitó al Ayuntamiento de Gijón la recalifiación de sus terrenos, es decir, convertir suelo privilegiadamente industrial en solares para viviendas y «negocios». Conviene añadir que la ubicación de Naval Gijón, lo mismo que Juliana, es única para construir barcos. Cualquier otra actividad o industria puede tener múltiples localizaciones, pero un astillero no, ni siquiera vale cualquier costa. Y, aún hay que añadir que determinados equipamientos ya están construidos y no requieren nuevas inversiones. Naval Gijón tiene un dique de 180 metros de eslora y 40 metros de manga, seguramente el mayor de Europa, pero esto parece no importar y tampoco su especulativo destino.
Aparte de que la construcción naval nunca estuvo más bollante que ahora, en ningún caso ni los diques ni las gradas, y su entorno, debieran destruirse -como han hecho con los astilleros ya cerrados y su entorno- por la sencilla razón de que es el único sitio en donde se puede construir y reparar barcos.
Pero la cuestión y el fondo del conflicto es que nunca barco alguno dio tantos dividendos como una recalificación aunque, eso sí, ninguna recalificación dio ningún puesto de trabajo, sólo «negocio» y la ruina de la mayoría que ahora han convenido en denominar como crisis.
El cierre de los astilleros, supone la renuncia definitiva a la construcción y reparación naval a cambio de una nueva escalada expeculativa, de una nueva burbuja inmobiliaria y de la supresión de miles de puestos de trabajo.
Nota
*El 23-12-2008 el Secretario General de la CSI, Samuel Fernández, presentó la dununcia ante la Fiscalía de Asturias. Ver el escrito pinchando aquí.
*El 09-12-2008 la CSI recurrió el Expediente de Regulación de Empleo, ERE, de Naval Gijón por el que se cierró el astillero pero, en 24 horas, la Dirección de Trabajo (El Gobierno de Asturias) validó el ERE. Ver artículo y escrito pinchando aqui.