Interior sigue sin aclara quién «ha hecho mal su trabajo». Nadie aclara quién dictó la instrucción para detener indocumentados masivamente. Tampoco muestran los datos de detenciones que arrojarían luz sobre el caso El Gobierno ha querido zanjar la polémica suscitada por el documento que revela prácticas dudosas en una Comisaría madrileña en la aplicación de […]
Interior sigue sin aclara quién «ha hecho mal su trabajo». Nadie aclara quién dictó la instrucción para detener indocumentados masivamente. Tampoco muestran los datos de detenciones que arrojarían luz sobre el caso
El Gobierno ha querido zanjar la polémica suscitada por el documento que revela prácticas dudosas en una Comisaría madrileña en la aplicación de la Ley de Extranjería. Con la comparecencia ayer del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, se ha dado carpetazo a un asunto en el que la única certeza es que el documento es verdadero. El propio ministro lo ratificó. «Es evidente que esa hoja existe. Alguien no ha hecho las cosas bien y punto», sentenció. Begoña Moreno, del Sindicato Unificado de la Policía, cree que «se le veía nervioso» y acorralado dando explicaciones sobre el caso, pero con este «y punto», zanja una polémica de la que sólo conocemos la punta del iceberg. Además, deja tres preguntas cruciales sin contestar. ¿Eran ilegales o no estas prácticas? ¿Quién las ejecutaba? Y sobre todo ¿quién las ordenaba? (EFE)
Rubalcaba no aclara el asunto de las detenciones de inmigrantes. ¿Eran ilegales o no estas prácticas?
Sólo hay que juzgar las reacciones suscitadas entre los sindicatos policiales, los grupos parlamentarios y las ONGs para darse cuenta de que el asunto reviste más gravedad y tiene más importancia que la que se le está dando desde las instancias políticas. En concreto, los puntos peliagudos son tres:
* Los cupos: aunque desde Interior reconocen que se utilizan criterios cuantitativos en la lucha contra la inmigración ilegal, no les ha debido hacer mucha gracia eso de que se establezcan cupos, o al menos que se hable del tema públicamente. Algunos parlamentarios han recordado a Rubalcaba la existencia de los ‘palotes’ (en referencia a las marcas que supuestamente hacen los policías cuando cumplen un objetivo, en este caso las detenciones de indocumentados). El concepto de ‘palotes’ no es del todo desconocido para las fuerzas de seguridad del Estado. De hecho, ya en 1999 se contempló eliminar esta práctica, aunque se ha arraigado en el argot policial. De este escándalo sacamos una conclusión: a partir de ahora, los cupos están prohibidos. «Para que quede claro, estos cupos no pueden establecerse», ha sentenciado Rubalcaba.
* Redadas masivas: se ha llegado a decir que se detenían a personas indocumentadas cuando llevaban a sus hijos al instituto. El Ministro cree que ha habido un desafortunado malentendido. «No hay redadas en las puertas de los institutos sino un plan para evitar el menudeo de drogas», explicaba Rubalcaba, quien cree que esto «se ha podido confundir» con un plan de detención de ilegales. Sin embargo, él mismo resta intensidad a su argumento asegurando que ésa es «la a única explicación que se le ocurre», ya que en su fuero interno, está convencido de que nadie tiene esa «mala fe». También ha aclarado que las redadas masivas para detener a extranjeros indocumentados «son ilegales».
* Marroquíes prioritarios: se ha hablado mucho de los cupos, pero si hay algo que chirría en el polémico documento, es la instrucción de dar prioridad a la detención de ciudadanos marroquíes, «más baratos de repatriar» (la deshumanización de estas palabras ha puesto los pelos de punta a las asociaciones de inmigrantes de este país), frente a otros colectivos como los bolivianos. Las asociaciones defensoras de los derechos humanos, así como los letrados consultados sólo tienen un calificativo para estas afirmaciones: «racistas». Para más inri, se trataría de racismo institucional, echando más leña al fuego de la polémica. Rubalcaba sólo ha podido decir de esta información que «es muy mala y muy falsa» y, -primera laguna- «no sabemos de dónde sale». Para demostrar su falsedad, el Ministro se apoya en las cifras que demuestran que el año pasado se detuvieron a «menos ciudadanos marroquíes». Esas cifras han servido también para dar explicaciones al Gobierno marroquí que, por supuesto, las ha pedido. Son los únicos que han tenido acceso a estos datos.
¿Se llegaron a ejecutar estas directrices?
Una de las principales bazas del Ministerio para quitarle hierro al asunto es que no se sabe «si la policía ha llegado a cumplir esas directrices». Tanto los principales sindicatos del cuerpo, como el Partido Popular, han pedido cifras que puedan clarificar este asunto, ya que podrían demostrar si ha aumentado el número de detenciones, en qué distrito y de qué nacionalidad son. El último comunicado del Sindicato Unificado de la Policía, la Confederación Española de Policía, la Unión Federal de la Policía y el Sindicato Profesional de Policía es rotundo. «Con estos datos se comprenderá la aberración y absoluta inutilidad que supone usar a los servicios de protección preventiva y seguridad ciudadana en una cuestión que es meramente estadística, que no aporta nada a la seguridad de los ciudadanos y que se lleva a cabo como estrategia política de este Ministerio», aseguran.
El ministro se opone a dar las cifras «porque nunca se han dado», pero defiende a capa y espada que las detenciones a indocumentados han bajado significativamente en los últimos meses. «Pocos palotes se han hecho este año», aseguraba con sorna en su comparecencia en la Comisión de Inmigración. Rafael Hernando, portavoz del PP le contradice escudándose en los datos del primer trimestre de 2008 -los últimos que se conocen-, que evidencian un crecimiento exponencial de los arrestos. Otras cifras más recientes apuntan a un crecimiento de más del 140% en las detenciones a personas indocumentadas. Según unos datos oficiales a los que han tenido acceso el ABC, entre diciembre y la primera mitad de enero, se produjeron 4.015 arrestos por infracción de la Ley de Extranjería, mientras que en el mismo periodo del año anterior fueron 1.667.
¿Quién ha sido?
Y si los datos son un enigma, más aún lo es la autoría de la orden que recoge el documento que ha dado lugar a todo este embrollo. A modo de cuestionario, hemos acotado a tres las posibilidades:
a) La orden, directamente del Ministerio y la Dirección General de la Policía
Esto es lo que mantienen los sindicatos policiales. Según ellos, «las prácticas de identificaciones indiscriminadas de jóvenes y extranjeros, que adquieren al producirse el carácter de sospechosos, son producto de instrucciones de los responsables políticos». El Ministerio no asume ninguna responsabilidad al respecto y echa balones fuera. Las últimas declaraciones de Rubalcaba son muy ilustrativas.
Quiero decir con toda rotundidad que no existe ninguna instrucción, ninguna circular, ninguna orden, ni verbal ni escrita, dictada por los responsables policiales, que son el Director General de la Policía o director operativo para establecer un cupo de inmigrantes ilegales a detener. Por tanto, no se ha procedido a ninguna rectificación, ya que no se puede rectificar algo que no se ha adoptado previamente.
Interpretando sus palabras al pie de la letra, sólo niega con «rotundidad» que exista una instrucción «dictada por los responsables policiales, que son el Director General de la Policía o director operativo». Así, deja abierta la posibilidad de que se trate de un caso de mala praxis por parte del propio cuerpo de Policía. De hecho, el Ministerio sí reconoce una instrucción referida a la inmigración. «Lo que yo he dicho es que hay que priorizarse en inmigrantes indocumentados que cometen delitos. Es la única instrucción que he dado a la Policía», asegura Rubalcaba, dejando que cada uno saque sus propias conclusiones. ¿Una mala interpretación de esa instrucción, quizás?
b) Los funcionarios interpretaron mal la ley
Precisamente la primera reacción del ministro fue alegar que alguien pudo interpretar mal las instrucciones de Interior al aplicar la Ley de Extranjería. Apenas 24 horas después reconocía que «se lució» dando estas declaraciones, y hacía una férrea defensa de la educación democrática de la Policía en nuestro país. Eso sí, una defensa aderezada con frases de amplia interpretación como «yo no lo he ordenado, pero aunque lo hubiera hecho, ningún policía está obligado a cumplir órdenes inconstitucionales», o «estoy seguro de que la Policía habría incumplido esta instrucción». ¿Se ha hecho o no se ha hecho? Por si acaso, el titular de Interior deja claro que «se ha cortado».
El Sindicato Unificado de la Policía cree que no es descabellada una mala interpretación de la ley por parte de los funcionarios del cuerpo. «No se sabía como hacerlo y ahora se sabe», sostiene su portavoz, Begoña Moreno, que se queja de la falta de personal cualificado para llevar a cabo este trabajo. Con todo, los sindicatos sostienen en un comunicado que «alguna responsabilidad tendrá el Ministerio del Interior, que informado de todo esto por los sindicatos policiales, no ha hecho nada al respecto hasta que la opinión pública ha supuesto una amenaza para el ministerio».
c) Un alto mando de la propia comisaría de Villa de Vallecas
De acuerdo con las explicaciones del Ministerio, ningún responsable político está detrás de las directrices dadas a algunos policías, como a los de la comisaría de Villa de Vallecas. La Policía también está limpia, cree el Ministro, ¿entonces quién? Recordemos que, según sus palabras, «alguien ha hecho mal su trabajo», pero no hay nombres ni intención de depurar responsabilidades. Tan sólo una «instrucción para que no haya malentendidos». Según Rubalcaba, «parece que hay algunos comisarios que han incorporado esta práctica». También reconoce que «es verdad que puede haber una comisaría que se hayan puesto cupos, pero eso lo hemos eliminado», pero del quién, cómo, el cuándo y el dónde, ni una sola palabra.
Para leer la noticia: http://www.soitu.es/soitu/2009/02/17/actualidad/1234889066_555298.htm