Tres trabajadores colombianos siguen en huelga de hambre en la occidental Cali, precariamente protegidos en una tienda instalada al lado de la sede de las empresas municipales de la ciudad, cuyos despidos y amenaza de privatización provocaron la protesta. Javier Román, despedido de las Empresas Municipales de Cali (Emcali) en 1994, tuvo que ser hospitalizado […]
Tres trabajadores colombianos siguen en huelga de hambre en la occidental Cali, precariamente protegidos en una tienda instalada al lado de la sede de las empresas municipales de la ciudad, cuyos despidos y amenaza de privatización provocaron la protesta.
Javier Román, despedido de las Empresas Municipales de Cali (Emcali) en 1994, tuvo que ser hospitalizado hace una semana con neumonía, pero volvió a la tienda y sigue el ayuno, con tratamiento de suero y antibióticos.
José Reyes es tesorero del Sindicato de Trabajadores de Emcali (Sintraemcali), pero tuvo que trabajar en los primeros cinco días de la huelga de hambre. En el sexto obtuvo un certificado médico de incapacidad laboral. Los dirigentes sindicales son dispensados del trabajo, pero a los de Sintraemcali la empresa les suspendió sus permisos.
Los trabajadores reclaman el reintegro de 54 personas cesadas y condiciones básicas para la supervivencia de su organización. Además de retirar el permiso que permite a los dirigentes no trabajar y cumplir actividades sindicales, la empresa retiene desde octubre los aportes sindicales descontados de los salarios de los empleados, sofocando financieramente al sindicato, dijo Reyes.
Emcali, una entidad estatal creada en 1931, presta servicios de telecomunicaciones, distribución de energía y saneamiento básico en Cali, capital del departamento de Valle del Cauca situado en el oeste de Colombia, con costas sobre el océano Pacífico. Está intervenida desde hace nueve años por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, órgano de control e inspección del sector, vinculado a la Presidencia de la República.
Sintraemcali se dividió en dos juntas directivas, y la empresa no puede transferir recursos a las dos, ni conceder el permiso sindical a todos sus dirigentes hasta que la justicia defina qué grupo representa legalmente a los trabajadores, se justificó la gerenta interventora Susana Correa.
Las dos juntas, así como otros ocho sindicatos menores organizados por algunas categorías de trabajadores de la empresa, ya existían cuando Correa asumió la gerencia de Emcali en julio de 2008, dijo la jerarca a IPS.
Pero solo hay «una directiva legal» de Sintraemcali, elegida en enero de 2008 por una asamblea que contó con 1.026 participantes, 61 por ciento del total de afiliados, y reconocida administrativamente, replicó Jorge Vélez, presidente de la junta que considera legítima.
La actual administración de Emcali intenta hacer inviable al sindicato, negándole las contribuciones ya pagadas por los afiliados, obligando sus dirigentes a cumplir las jornadas laborales y fomentando organizaciones paralelas, en clara violación de la autonomía sindical, dijo Vélez a IPS.
Nueve dirigentes de Sintraemcali fueron asesinados desde que se intensificó la lucha de los trabajadores, en 1998, y muchos más han sido heridos, mientras las amenazas de muerte empujaron a otros cinco al exilio, acotó.
Las cifras de la no gubernamental Escuela Nacional Sindical son más alarmantes, pues registran 11 asesinatos solo en el período 1998-2003.
Esa violencia contra el sindicalismo es generalizada en Colombia, que vive una guerra civil desde 1964. Un estudio de la abogada Lina Paola Malagón, de la no gubernamental Comisión Colombiana de Juristas, contó 2.694 sindicalistas asesinados en los últimos 23 años, 685 de ellos dirigentes. Noventa y seis por ciento de esos crímenes siguen impunes.
Detrás de la cruenta batalla sindical de Cali está la privatización de las empresas municipales de servicios públicos. Los trabajadores acusan a la interventora de preparar la venta de Emcali, aunque la empresa sea eficiente, rentable y apoyada por la población.
La «privatización es transferencia de activos, y en ese sentido no se va a privatizar», sino que habrá «una especie de concesión, mediante un contrato de largo plazo, y sólo para la operación de las telecomunicaciones, respondió Correa. De esa forma, Emcali seguirá siendo estatal y manteniendo intactas sus áreas de agua y energía, aseguró.
En cambio, Reyes sostuvo que sí se trata de una privatización, y precisamente del «corazón» de la empresa, que concentra el grueso de sus ganancias y por tanto es capaz de financiar otros servicios menos rentables. Según cifras de 2007, las utilidades de las telecomunicaciones equivalen a 60 por ciento del total de la empresa, aseguró el dirigente.
La gerenta, sin embargo, justificó la concesión de las telecomunicaciones asegurando que es un área deficitaria y sin recursos para acompañar los rápidos avances tecnológicos de ese sector.
Los sindicalistas temen que Emcali tenga el mismo destino de la Empresa de Servicios Varios (Emsirva), encargada del aseo urbano, que fue liquidada el jueves de la semana pasada.
Emsirva, que también estuvo intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos por más de dos años a causa de dificultades financieras atribuidas a la mala gestión, fue «reestructurada» el año pasado bajo la batuta de la misma Correa. Tampoco allí había privatización, sostuvo ella.
La ciudad fue dividida en cuatro zonas para el barrido y la recolección de basura. Tres fueron concedidas a empresas privadas, pero Emsirva conservó una zona y la coordinación general.
La mayor parte del servicio, arguyó Correa, ya era ejecutado por personal de una cooperativa de «escobitas», como se llama a los recolectores y barrenderos. A la acusación de que promovió más de 400 despidos, la interventora alegó que no podía obligar a las empresas privadas a absorber a toda la gente de la cooperativa, incluida la ineficiente.
Pero la Emsirva amaneció cerrada el jueves 26 de marzo, y protegida por policías que reprimieron violentamente al personal que, sorprendido por la decisión de la Superintendencia de Servicios Públicos, se reunió en una asamblea delante de la sede para informarse de lo ocurrido y discutir la situación de más de 400 personas que trabajaban para la empresa.
El concejal Wilson Arias no escapó a los golpes y gases lacrimógenos lanzados por la policía y acusó el gobierno central de «usurpar» la autoridad del municipio, en una actitud «centralizadora y autoritaria».
El anuncio de la liquidación de Emsirva se hizo en la noche del miércoles 25, «sin que las autoridades locales» fueran informadas previamente, aunque son las responsables de los servicios, destacó Arias.
El alcalde de la ciudad, Jorge Ospina, reaccionó convocando una manifestación a la que acudieron decenas de miles de caleños el 31 de marzo, en defensa de «la dignidad y autonomía» del municipio de 2,5 millones de habitantes, de la reactivación de Emsirva y de la devolución de Emcali a la gestión municipal.
Vivian Villamil, de 40 años, fue una de las 51 personas despedidas en 2004, acusadas de invadir la sede de Emcali y de paralizar sus servicios. Dos años antes, la trabajadora había perdido a su marido, asesinado por ser sindicalista y líder comunitario, aseguró. Hasta hoy no se ha identificado al matador.
Acusados de ser «guerrilleros», los despedidos no logran otro empleo, dijo Villamil, madre de tres hijos. El mayor, de 23 años, aporta gran parte de los insuficientes ingresos familiares, trabajando en la construcción y la remoción de escombros. En esas condiciones, los jóvenes no logran estudiar, se lamentó.
La huelga de hambre se decidió en respuesta a un nuevo despido de tres empleados, un mes atrás, acusados de agredir a un colega. La acusación es falsa, pues el Instituto Médico Legal no comprobó huellas de agresión en la supuesta víctima, según el informe técnico que muestra el sindicato.
Por eso los huelguistas y el sindicato reclaman el inmediato reintegro de los 54 despedidos «injustamente».
En el caso de las 51 personas cesadas en 2004, un fallo definitivo del Consejo de Estado, tribunal supremo para asuntos de la administración pública, determinó la nulidad de los despidos, pues no cumplieron «el debido proceso», dijo a IPS uno de los afectados, Gustavo Izquierdo, acompañado de abundante documentación.
Además, la fiscalía descartó cualquier acción judicial contra ellos, por no comprobarse las acusaciones de la empresa, agregó.
Esos despidos fueron una prolongación de la «Operación Dragón», que en 2004 y 2005 pretendió «eliminar físicamente a directivos y activistas del sindicato» y que llegó a manifestarse en algunos atentados sin muertes, hasta que fue descubierta y denunciada como una acción de personas relacionadas con la intervención de Emcali, sostuvo Reyes.
Para el dirigente, todo el proceso está destinado a destruir al sindicato que encabeza la resistencia contra la privatización de los servicios públicos de Cali.