El Consejo de Ministros del 18 de septiembre «concedía» un indulto parcial a Cándido González Carnero y Juan Manuel Martínez Morala, rebajaba la pena de prisión de tres a dos años, mantenía la responsabilidad civil en favor del Ayuntamiento de Gijón al que tenían que abonar 5.624,83 euros y elevaba a cuatro años el tiempo […]
El Consejo de Ministros del 18 de septiembre «concedía» un indulto parcial a Cándido González Carnero y Juan Manuel Martínez Morala, rebajaba la pena de prisión de tres a dos años, mantenía la responsabilidad civil en favor del Ayuntamiento de Gijón al que tenían que abonar 5.624,83 euros y elevaba a cuatro años el tiempo en el que los dos sindicalistas no podían cometer actos «dolosos».
El importe íntegro de la responsabilidad civil fue ingresado en el juzgado por Gil Alberto Pérez Carneado, representante del Comité Autonómico del PSOE, en la cuenta de consignaciones del Juzgado de lo Penal nº 1, del Banesto, siguiendo al pie de la letra lo indicado en la sentencia. Este pago cumplía con lo dispuesto en el indulto. Las movilizaciones seguramente hicieron reflexionar al Ayuntamiento y por algún tipo de acuerdo entre el actual gobierno municipal del PSOE e IU, decidieron que ellos mismos abonaría la multa en el último momento.
Pero, incomprensiblemente, el juez Lino Rubio Mayo exigía el pago de la multa impuesta en el juicio de 2.160 euros a cada uno, cuando quedaba anulada implícitamente en la notificación del Consejo de Ministros, ya que no figuraba como condición para la reducción de la pena de cárcel. Días después, el abogado presentó escrito ante el juez Lino Rubio haciendo constar esta circunstancia.
Sorprende ahora que el citado juez, el viernes 20 de noviembre, yendo más allá de la exigua concesión del Consejo de Ministros, dos meses después, se ratifica y exige el pago de dicha multa a Cándido y a Morala. Acto seguido el abogado presentó de nuevo otro escrito haciendo constar, por segunda vez, los términos del indulto y acompañando escritos con lo resuelto en casos similares.
En todo momento Cándido y Morala se ha declarado inocentes de las acusaciones y en consecuencia que en ningún caso pagarían ni la responsabilidad civil al Ayuntamiento ni tampoco la multa.
La historia de la represión iniciada por el Delegado del Gobierno Trevín, el Gobierno de Asturias y el Ayuntamiento de Gijón, ambos del PSOE e IU, no parece tener fin. Se trata en cualquier caso de una lucha por el mantenimiento de los puestos de trabajo y en contra del cierre de los astilleros, cosa que no han logrado, para así proceder a la recalificación de las 30 hectáreas que ocupan frente a la mar, en medio de la bahía de Gijón.
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