La vocación expansiva del término «terrorismo» desde el 11-S no parece tener límites. Y, por supuesto, el «entorno» del terrorismo y la supuesta «colaboración» con el terrorismo crecen exponencialmente. Pero incluso antes de esa fecha, algunos países ya disponían de una legislación «antiterrorista» excesivamente amplia que paulatinamente ha ido degradando la protección de los derechos […]
La vocación expansiva del término «terrorismo» desde el 11-S no parece tener límites. Y, por supuesto, el «entorno» del terrorismo y la supuesta «colaboración» con el terrorismo crecen exponencialmente. Pero incluso antes de esa fecha, algunos países ya disponían de una legislación «antiterrorista» excesivamente amplia que paulatinamente ha ido degradando la protección de los derechos humanos . La historia nos ha demostrado -y a pesar de ello hemos sido incapaces de aprender- que el absolutismo y los argumentos excepcionales utilizados en la lucha contra el terrorismo no han resuelto el problema ni han traído mayor seguridad, pero sí han conducido a una vulneración preocupante ¿de los derechos humanos. Es importante entender lo que ya ha sido ampliamente reconocido: que tales medidas han tenido consecuencias contraproducentes. Los tribunales internacionales de derechos humanos advierten que independientemente de la gravedad de ciertas acciones y de la culpabilidad de quienes cometen ciertos delitos, el poder de los Estado no es ilimitado, ni pueden éstos adoptar cualesquiera medidas que estimen oportunas para alcanzar sus fines. No obstante, hacemos oídos sordos.
El terrorismo no parece que tenga capacidad para terminar con la democracia, pero la lucha contra el terrorismo cada vez parece más capaz de hacerlo. Y ello porque los gobiernos no quieren entender que tienen la responsabilidad de proporcionar una estrategia y unas directrices que sirvan para determinar aquellas prácticas que sean las más eficaces en la lucha contra el terrorismo, y que a su vez permitan llevar a cabo tal labor de la forma más efectiva dentro de los límites permitidos por el derecho internacional. Mientras que el terrorismo busca destruir los derechos humanos, los Estados deben entender que la protección de tales derechos, en el contexto de la lucha contra el terrorismo, es necesaria porque, por un lado, es lo que impone el derecho internacional, y, por otro, es la manera más eficaz de alcanzar la ansiada seguridad.
En cambio, la mala fe consistente en que gobiernos y responsables de la lucha antiterrorista intenten vincular con el terrorismo a cualquier organización, partido o movimiento social que cuestione las medidas antiterroristas o que simplemente ejerza la crítica política radical (radical, que no es sinónimo de violencia), también se extiende peligrosamente. En los juicios de Nuremberg el dirigente nazi Hermann Goering declaró que era muy fácil arrastrar a la gente a la guerra: « Todo lo que tienes que hacer es decirles que están siendo atacados y denunciar a los pacifistas por falta de patriotismo y por poner en peligro al país. Funciona de la misma manera en todos los países.» Parafraseando a Goering, todo lo que hay que hacer ahora es decir que el país está siendo- o puede ser- atacado por los terroristas y denunciar a los que no sigan la consigna y critiquen los métodos utilizados para combatir el terrorismo. Es muy fácil acusarles de connivencia con el terrorismo, y de ahí a acusarles de terroristas, el paso está casi dado.
Si prestamos atención a la cantidad de contextos en los que se ha intentado aplicar la lógica antiterrorista a personas y organizaciones que nada tenían que ver con ella, llegamos a preocupantes conclusiones. En el período 1997-2001, un grupo de indígenas mapuches en Chile protagonizó actos de protesta por reivindicaciones territoriales. Los detenidos fueron juzgados en 2003 acusados de terrorismo. Diversos organismos internacionales protestaron por este tratamiento. En 2008, en pleno estallido de la crisis financiera, el gobierno de Londres lograba un récord «antiterrorista» al amenazar a Islandia con aplicar la legislación antiterrorista para congelar los bienes de ciudadanos islandeses en territorio británico, y ello como represalia contra Islandia por no garantizar los depósitos de ciudadanos británicos. Son sólo dos botones de muestra entre miles. Como vemos, la lógica antiterrorista vale para un roto y para un descosido.
España ha demostrado no quedarse atrás en la carrera de los despropósitos e insidiosamente pretende colgar el sambenito de «terrorismo», o, mejor por más difuso, «colaboración con los terroristas», o el incluso más difuso «hacer el juego a los terroristas» a cualquiera que no siga las consignas oficiales. Desafortunadamente, en este país cae la sospecha de connivencia con ETA a cualquier crítica a la política antiterrorista del gobierno. Y no nos cabe duda de que entra ya en el terreno de la impudicia intentar desactivar las críticas de las organizaciones de defensa de los derechos humanos intentando colocarlas bajo la sospecha de colaboración con el terrorismo por el simple hecho de cumplir sus funciones manteniendo su independencia.
Recientemente tenía lugar un ataque mediático hacia una organización destacable en la defensa de los derechos humanos: la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH). Esta organización ha presentado, en este caso/entre otros, un informe alternativo al presentado por el gobierno español ante el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas, lo que al gobierno ha sentado francamente mal, como siempre quese toca el asunto de las torturas. A finales de octubre, Europa Press lanzaba una tendenciosa información destinada a desacreditarla acusándola de connivencia con ETA y para aumentar el descrédito de recibir ayudas de la Generalitat e Catalunya para esto, lo cual ES manifiestamente falso (esta última estratagema también la han empleado con Amnistía Internacional tanto el gobierno como la Iglesia Católica, sugiriendo que la organización recibe algún tipo de ayudas de ambos para así poner en tela de juicio su independencia y la fiabilidad de su trabajo ).
Claro. Es que España ha estado en el foco de atención de varios mecanismos internacionales e independientes de derechos humanos este año, y la verdad es que no ha salido muy bien parada. El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas ha recibido a varias ONGs -entre ellas la AEDIDH- y familiares de víctimas del franquismo, tras lo cual emitirá sus observaciones y recomendaciones en su informe anual al Consejo de Derechos Humanos. La AEDIDH sometió al Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU el caso de la detención de Karmelo Landa, que fue considerado por dicho organismo como una privación de libertad arbitraria contraria al Derecho Internacional. Asimismo, tanto el Comité de Derechos Humanos como el Relator Especial para la promoción y protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo han hecho una serie de recomendaciones contundentes al Estado español, recomendaciones que éste se ha permitido descalificar con una agresividad absolutamente injustificada.
Sistemáticamente, desde la versión «oficial» se pone un empeño digno de mejor causa para desacreditar a las organizaciones denunciantes de malas prácticas en la lucha antiterrorista, en vez de centrar el esfuerzo en terminar con estas prácticas. Los ciudadanos debemos rechazar rotundamente estas inaceptables presiones sobre las organizaciones que defienden los derechos de todos.
Pedro López López Profesor de la Universidad Complutense
Lydia Vicente Márquez. Abogada experta en Derecho Internacional de los Derechos Humanos
Rebelión ha publicado este artículo a petición expresa del autor, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.