Lunes, 30 de noviembre de 2009, décimo quinto día de huelga de hambre en el aeropuerto de Lanzarote. El Ministro español de Asuntos Exteriores, el mismo responsable político del gobierno Zapatero que 14 días después del inicio de la huelga, ni un día antes, ofreció a Aminatou Haidar la nacionalidad española, un documento de refugiada […]
Lunes, 30 de noviembre de 2009, décimo quinto día de huelga de hambre en el aeropuerto de Lanzarote. El Ministro español de Asuntos Exteriores, el mismo responsable político del gobierno Zapatero que 14 días después del inicio de la huelga, ni un día antes, ofreció a Aminatou Haidar la nacionalidad española, un documento de refugiada y la posibilidad de gestionar un pasaporte marroquí, ha señalado con tono airado a la intransigencia, a la cerrazón negociadora de Haidar y de las personas que «la están aconsejando», para explicar el hecho de que la ciudadana saharaui no haya podido regresar aún a El Aaiún [1]. Según el señor Moratinos el gobierno le ha ofrecido todas las opciones posibles, no hay más. La señora Haidar se niega a aceptar un nuevo pasaporte marroquí, quiere que le devuelvan el que le quitaron, el que le robaron, cuando fue expulsada de Marruecos el 14 de noviembre por escribir nacionalidad saharaui en su ficha de entrada. El Reino de Marruecos vulneró con esa expulsión un pacto que suscribió en 1977, el Pacto Internacional de Derechos civiles y políticos de la ONU.
La activista saharaui, multada además con 180 euros, por si faltara alguna arista, por una falta contra el orden público, ha respondido al señor Ministro con meridiana claridad y con admirable contundencia: «Quiero solamente transmitir un mensaje al señor Moratinos: yo, Aminatou Haidar, nunca he estado bajo presión y nunca lo estaré».
La señora Haidar no es una marioneta de nadie y es consciente de lo que está en juego en esta batalla. Que es mucho: su vida. Ni más ni menos. Su comunicado finaliza apuntando que lo que está haciendo el gobierno español es, como es obvio, un ejercicio de presión, pero no contra las autoridades de Marruecos, sino contra ella: «Está presionando a la Plataforma y al Frente Polisario, está haciendo chantaje a todo el pueblo saharaui». No se muerde la lengua la señora Haidar.
No parece infundada su crítica. Coincide con la opinión que merecen otras declaraciones y posiciones del señor Moratinos. Desde Estoril, desde una cumbre que, según algunos países latinoamericanos, sólo favorece los negocios de las transnacionales españolas en Hispanoamérica, y de Portugal en Brasil, puesto que sirven básicamente para lavar la imagen, csi siempre turbulenta, de los grandes negocios que tiene España en la región latinoamericana, el responsable de Exteriores se ha referido también a las fraudulentas elecciones hondureñas. La posición no tiene desperdicio: «España ni reconoce las elecciones ni tampoco las ignora». ¿Han entendido? Hemos entendido. Y tomamos nota de la novedosa e independiente política exterior española.[2]
Ha habido algo peor, se han lanzado al aire palabras más tóxicas, más contaminadas si cabe.
El defensor del Pueblo -¡el defensor del Pueblo!-, que se supone representa una institución no movida por la razón de Estado sino, en esencia, por la defensa de los derechos políticos de la ciudadanía, ha hecho también unas declaraciones que merecen pasar a la historia universal de la infamia. Las siguientes: «El Gobierno tiene que defender los intereses generales de España, que no se pueden subordinar a nada, ni a querencias ni a exigencias individuales, por muy legítimas que sean». [3] [el énfasis es mío].
En el fondo, claro está, Aminatou Haidar y su legítima lucha, a ella y a las dignas gentes que la siguen apoyando está lanzado el dardo mugicano. En la forma, la falsaria defensa de unos supuestos «intereses generales» nunca generales que no pueden subordinarse a nada cuando la supuesta subordinación afecta a quien afecta, a los que apenas cuentan aunque tengan una legitimidad indiscutida en sus denuncias. Otro decir sería, y otras palabras serían dichas, si lo que estuviera en cuestión fuesen los intereses de otros ciudadanos, de otros grupos sociales privilegiados a los que la razón de Estado siempre les está subordinada. De hecho, ellos son frecuentemente la razón de estado. De sus razones e intereses suelen alimentarse las actuaciones estatales.
Una conclusión marginal parece inferirse de todo ello, obvia pero que conviene repetir: no se es lo que se fue sino lo que uno es actualmente. El señor Múgica fue un cuadro resistente del PCE, devino con el paso del tiempo un político profesional situado a la derecha de la derecha del PSOE, aplaudido con entusiasmo no contenido por las huestes de la ultraderecha del PP, y hoy encarna, por decirlo cortésmente, el realismo sucio del viejo pragmatismo político. Empeñado, una vez más, en dar una nueva vuelta a la rancia noria histórica de siempre.
[1] Tomo la información de varios artículos publicados en Público, 1 de diciembre de 2009.
[2] Peor ha sido, si cabe, la posición del Premio Nobel de la Paz y mediador Óscar Arias. Tomen nota: «Lo peor sería que actuáramos con una doble moral. Se acepta el resultado de las elecciones en Irán o Afganistán, que se sabe que no fueron limpias, pero no en Honduras. No podemos convertirla en la Albania de Centroamérica».
[3] Tomó la cita del artículo de Ignacio Escolar, «Aminatou Haidar y los intereses», Público, 1 de diciembre de 2009.
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