La I+D es la parte que mayor atención y debate ha merecido de los presupuestos generales del Estado para el año 2010. Entre las diferentes posiciones que se han confrontado con el Gobierno destaca la comunidad científica, que se ha sentido discriminada y molesta porque los presupuestos para el año próximo prevén una disminución de […]
La I+D es la parte que mayor atención y debate ha merecido de los presupuestos generales del Estado para el año 2010. Entre las diferentes posiciones que se han confrontado con el Gobierno destaca la comunidad científica, que se ha sentido discriminada y molesta porque los presupuestos para el año próximo prevén una disminución de las aportaciones en I+D civil. La disminución prevista es de un 3,1%. Pero eso es verdad sólo en parte, pues si se miran las asignaciones separadas por partidas, la reducción es mucho mayor. Por ejemplo, las aportaciones dirigidas a personal, gasto corriente, transferencias e inversiones en los Centros de investigación públicos caen hasta un 15%; en cambio, aumentan en un 24% las destinadas a fomentar la investigación en las industrias privadas en comparación con las de este año 2009.
Lo cual representa un evidente agravio para la investigación que se realiza dentro del sector público. Por ejemplo, para el próximo año la investigación sanitaria se ha reducido en un 10%; la investigación científica, que incluye la financiación de la mayoría de los proyectos de investigación que se realizan en las universidades españolas, el CSIC y otros centros de investigación ha caído un 25%; y la investigación energética, medioambiental y tecnológica ha sufrido una disminución del 26%. (El Senado aprobó el 22/12 una enmienda en los presupuestos del Estado con un aumento de 150 M€ en I+D para el Ministerio de Ciencia y Tecnología que no varían substancialmente los datos aquí señalados).
De las partidas asignadas a la investigación en empresas privadas, la mayor parte (2.122 M€ sobre 2.524 M€), corresponden a créditos reembolsables y representan el 32% del total dedicado a I+D civil. Peor es lo que sucede en el sector de la I+D militar. La parte destinada a la investigación dentro del Ministerio de Defensa es de un 19% (231,89 M€), mientras que la parte que se asigna en créditos a las industrias militares desde el Ministerio de Industria representa el 81% restante (950,91M€). Es decir, un tercio de la I+D civil y más del 80% del I+D militar son recursos destinados al sector privado en óptimas condiciones crediticias en detrimento de la investigación pública que ve mermados sus recursos. Ante ello, hay que preguntarse: ¿Es éste un primer paso de la privatización de la ciencia en España?
Observemos ahora el caso de la I+D militar con más detalle. Los créditos que surgen desde el Ministerio de Industria que anteriormente surgían en su integridad del Ministerio de Defensa, obedecen a una fórmula alambicada iniciada en 1997 para hacer frente a las enormes inversiones en los grandes proyectos de armas empezados a mediados de la década (EFA-2000, blindados Leopard, Fragatas F-100, submarinos S-80…). De este modo se conseguía el propósito de no incrementar demasiado el gasto militar del Ministerio de Defensa sin alarmar a la opinión pública; y de paso, aumentar la contribución a las industrias militares que sin esa ayuda se negarían a financiar la investigación y el desarrollo de los nuevos armamentos.
La fórmula consistía a conceder préstamos en I+D a cero interés reembolsables al Ministerio de Industria en un plazo de 20 años a las industrias militares. Se firmó un convenio entre los ministerios de Industria y Defensa según el cual Industria adelantaba el dinero en concepto de I+D que las empresas devolverían a Defensa cuando se llevara a término el pago de las armas. Una operación que en el transcurso de los años ha acumulado una deuda de 14.440 M€ en concepto de I+D, según declaró el Secretario de Estado de Defensa, Constantino Méndez, en su comparencia en el Parlamento (26/6/09). Las cifras van aumentando de año en año sin que nadie sepa a ciencia cierta como acabará ese enorme pozo sin fondo.
La comunidad científica, ante el grave deterioro a que se ven abocados los centros públicos, ha criticado agriamente al Gobierno por no apostar por la investigación pública mientras si lo hace a favor de la empresa privada. Es de esa situación de donde surge la noticia de la dimisión, cese o portazo de Carlos Martínez como Secretario de Estado del Ministerio de Investigación y Ciencia. Quién, cabe recordar, anteriormente había ostentado la presidencia del CSIC.
No cabe duda que la comunidad científica está cargada de razón por criticar que la I+D civil se desvirtúa mediante créditos a empresas privadas. El caso de la I+D militar ilustra que detrás de los créditos en I+D a la industria privada se esconde una operación de dudosa eficiencia tecnológica. Pues por mucho que se esfuercen los voceros de las virtudes de la tecnología militar, ésta difícilmente tiene una traducción práctica en el desarrollo de tecnologías civiles que redunden en beneficios sociales. Además, existe un segundo problema no resuelto, las industrias perciben los créditos como ayudas y son de difícil retorno, ahí están esos 14.440 M€ acumulados y que tarde o temprano hará falta resolver de manera contable en los presupuestos del Estado ¿Quizás condonándolos y convirtiéndolos en más déficit público?
El estado español parece caminar hacia la privatización y la militarización de la ciencia a través de fórmulas de ingeniería financiera que, repercutirán más temprano que tarde, de forma negativa en el desarrollo del país.