La Oferta de Empleo Público para 2010 va a sufrir de modo espectacular las consecuencias de la política de austeridad del Gobierno. El Consejo de Ministros de ayer aprobó un recorte del 87% de las plazas de nuevo ingreso que baja de 15.084, en 2009, a 1.989 en 2010. Mientras que en 2009 se convocaron […]
La Oferta de Empleo Público para 2010 va a sufrir de modo espectacular las consecuencias de la política de austeridad del Gobierno. El Consejo de Ministros de ayer aprobó un recorte del 87% de las plazas de nuevo ingreso que baja de 15.084, en 2009, a 1.989 en 2010. Mientras que en 2009 se convocaron casi 18.000 vacantes, en 2010 el Estado ofertará 4.019 plazas de funcionarios y otro personal estable de la Administración, incluidos los nuevos puestos de la Guardia Civil (232), la Policía Nacional (222), las Fuerzas Armadas (754) y la justicia (2.030), capítulo éste último que comprende más de 1.300 plazas destinadas a las plantillas de las autonomías.a».
Los sindicatos manifestaron ayer su malestar ante el recorte de la oferta de empleo para 2010. El secretario general de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, advirtió de que «no se puede estirar» el recorte de empleo público hasta «extremos insoportables», porque se corre el riesgo de hacer a los servicios públicos «absolutamente ineficaces». Y la dirigente de UGT Yolanda Palomo avisó de que la decisión del Gobierno incumple lo pactado con los sindicatos.
Toxo señaló que exigirán el cumplimiento de lo pactado para la Función pública en el que establecieron una tasa de reposición de vacantes de 15% aproximadamente para este año, en un pacto que subscribió el Gobierno, UGT y CSI-CSIF.
Mientras que la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSI-CSIF) manifestó su malestar a través de su secretario nacional, Miguel Borra, que incidió en que debe existir un número de empleados públicos necesarios para ofrecer un servicio público de calidad, «ni uno más ni uno menos» y denunció el proceso de externalización que se está produciendo mediante la creación de empresas públicas, que supone una «forma de privatización». «la proliferación de organismos públicos escapa al control de sus empleados» y parece que los trabajadores «tienen que ser los culpables».