En defensa de la sanidad pública se ha convocado una concentración ciudadana el jueves 10 de junio, a las 9 horas en el Cap Claret, calle Antoni Maria. Claret nº 21 de Barcelona ciudad. Durante la protesta se recogerán firmas contra el copago, la dormida medida que está a punto de despertarse en la conselleria […]
En defensa de la sanidad pública se ha convocado una concentración ciudadana el jueves 10 de junio, a las 9 horas en el Cap Claret, calle Antoni Maria. Claret nº 21 de Barcelona ciudad. Durante la protesta se recogerán firmas contra el copago, la dormida medida que está a punto de despertarse en la conselleria de Sanidad catalana, para enviarlas al Parlament de Catalunya.
¿Y por qué esta protesta, por qué esta valoración crítica del estado de salud de la sanidad pública, que no de la privada ni de la privada concertada, en esta Catalunya gobernada por un gobierno que se dice de izquierdas y nacionalista desde hace unos ocho años?
Por las siguientes razones.
Según los organizadores del acto, desde el momento en que se transfirieron las competencias de Sanidad a Catalunya, el proceso de privatización directa o encubierta de la Sanidad Pública no se ha interrumpido. Todo lo sólido se ha ido desvaneciendo en el aire neoliberal. Procedimiento seguido: deterioro de los servicios públicos por falta de inversión para justificar, como medida salvadora, su privatización posterior.
Las medidas seguidas en este campo, no es necesario insistir, están planificadas para acabar con la salud como derecho básico y esencial de ciudadanía.
Antes de la aprobación de la Ley 15/97, «Nuevas Formas de Gestión», con los votos favorables de CIU, PP, PSOE, CIU, que siempre ha sido punta de lanza de todas las agresiones neoliberales en éste y en otros ámbitos, fue la pionera en la introducción de diversas fórmulas de gestión privada en instituciones públicas: consorcios, fundaciones,… tanto da, la finalidad era la misma: derivación de dinero público (los organizadores de la protesta hablan de más del 40% del presupuesto) para empresas privadas. Su clientela social, la sal de su tierra y de sus vástagos.
Esto, decíamos, era práctica de los gobiernos de CiU. Irrumpió un nudo inesperado: los gobiernos del PSC-PSOE, ERC e ICV-EUIA han continuado, sin cambios sustantivos apreciables, la misma política privatizadora mediante la aprobación en 2007, bajo la presidencia del honorable José Montilla, de la conversión del Institut Català de la Salut en una empresa pública de gestión privada. Ni más ni menos, otra vuelta de tuerca, otra admirable hazaña del tripartito de izquierdas, otra concreción de la cosmovisión neoliberal que ciega miradas y finalidades a diestra y también, ay, a siniestra.
El gobierno de izquierdas de Catalunya ha aplicado esto modelo privatizador que se cree moderno, renovador, lo último de lo último, al nuevo hospital de Sant Joan Despí, una ciudad pegada a Barcelona, cediendo su, digamos bien, «explotación» durante tres décadas, ¡30 años!, a la Caixa, el poder fáctico por excelencia de Catalunya, la institución que de hecho gobierna la comunidad, nacionalidad o nación, tanto da en este caso, al grup Sumarroca y otras entidades afines. Finalidad: la de siempre, la usual: que puedan hacer negocios incluso con la salud de la ciudadanía. La pela es la pela. Aquí no hay apenas diferencia entre españolistas (neoliberales) y nacionalistas catalanes (convergentes y afines). El capitalismo les creó y ellos se volvieron a juntar en los temas esenciales.
La Organización Mundial de la Salud, OMS, que no es precisamente un tentáculo vivo del partido bolchevique internacionalista, está reconociendo que el modelo, este modelo público-privado, la modernidad catalana, es una bomba financiera para los sistemas públicos de salud, sin olvidar que presenta además peores, no mejores ni iguales, indicadores de calidad asistencial. Es decir, el suicidio de lo público con dolor y matando a un tiempo.
Con la excusa de la crisis, además de los recortes salariales conocidos, la política restrictiva de compensación de las jubilaciones y la disminución de servicios, el copado o repago está de nuevo en la agenda sanitaria, Medio, dicen, de seguir teniendo derecho a una Sanidad Pública de calidad que ya pagamos mediante nuestros impuestos.
Los organizadores del acto de protesta creen que el copago o el repago consistirá en abonar un canon por cada visita al médico, al ser atendido por un especialista o por ir a urgencias; que los pensionistas paguen un porcentaje, hasta un 40%, por los medicamentos y que no se cubran algunas prestaciones, como tratamientos o pruebas, obligando a la ciudadanía a contratar un seguro privado. Lo público al servicio de los intereses privados. El Estado a los pies de la Caixa y afines.
La Plataforma «Gràcia en Crisi» y la Coordinadora ciudadana en defensa de los Servicios Públicos y contra las privatizaciones (dSp), las organizaciones que convocan la protesta, apunta que todas estas medidas afectarán negativamente a la población trabajadora, a pensionistas y mujeres viudas sobre todo, incrementando la diferencia de esperanza de vida entre barrios y clases sociales que, en estos momentos, antes de estas medidas, es ya de más de 10 años entre los barrios ricos y pobres de Barcelona (¡más de un 12% de la esperanza media de vida!), por no hablar del incremento de la injusticia social y de la disminución de la redistribución de la riqueza, finalidades que no deberías estar ausentes en la actuación de un gobierno que se reclama de los valores de la izquierda.
Por lo demás, puestos a no olvidar nudos, ¿no era el panorama descrito lo que el PSOE, y organizaciones próximas, critica y criticaba de la política sanitaria de la señora Esperanza Aguirre y Gil de Biedma en la Comunidad de Madrid? ¿Cómo entonces se sigue aquí un sendero fuertemente denunciado en otras zonas del país?
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