En sólo dos días, apenas 48 horas, Madrid se ha visto paralizada por una huelga de transportes que ya no se recordaba desde los años noventa. Ni servicios mínimos, ni concensiones a la empresa, ni las típicas vacilaciones de los mandarines sindicales, sencillamente paro total, y quienes acostumbraban a usar el Metro ¡a buscarse otra […]
En sólo dos días, apenas 48 horas, Madrid se ha visto paralizada por una huelga de transportes que ya no se recordaba desde los años noventa. Ni servicios mínimos, ni concensiones a la empresa, ni las típicas vacilaciones de los mandarines sindicales, sencillamente paro total, y quienes acostumbraban a usar el Metro ¡a buscarse otra alternativa! Pillados por sorpresa, la maquinaria política y la mayor parte de los medios de comunicación no han tenido casi tiempo para reaccionar, pero ya han puesto en marcha el típico estribillo: «es una huelga insolidaria, corporativa, ilegal, política, promovida por sindicalistas sinvergüenzas e irresponsables» dicen. Pero para entender bien lo que suceda en las próximas horas habrá que tener bien en cuenta lo que se quiere señalar con cada uno de estos lindos epítetos:
«Insolidaria» dice el Sr. José Ignacio Echeverría, Consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid. Sí, en efecto, lo es. La huelga afecta más y primero a aquéllos y aquéllas que no tienen medio de transporte privado, que dependen casi exclusivamente del Metro y que han tenido que añadir en ocasiones una hora más de ida y vuelta a sus casas. Pero aquí es también preciso reconocer que la insolidaridad camina en ambas partes. ¿Quien se ha preocupado alguna vez por los problemas laborales de los trabajadores del Metro, por cómo se «fabrica» un servicio que se presta a diario a millones de personas? ¿Por qué entonces tendrían que preocuparse estos trabajadores y trabajadoras de los usuarios del suburbano? Hay quien podrá decir «que los arrasen, que los expedienten, despidan y pongan en la piqueta, para que todo vuelva a como antes», esto es, a las dos horas justas que de media diaria pasan de los trabajadores madrileños de camino de ida y vuelta a unos trabajos mal pagados (más de la mitad mileuristas o menos) y que en muchos casos sobrepasan de largo las 40 horas semanales. Enfadarse por el engorro de perder algo más de tiempo en medios de transporte, es completamente justo, pero quizás el cabreo que importa de veras sea otro: el que produce el miedo y el chantaje a ser despedido en tiempos de crisis, el que proviene del multiempleo, la infrerrremuneración y la precariedad. Eso sí que son motivos. Por no mencionar años de malas prácticas urbanas que han llevado a bascular aún más los puestos de trabajo hacia el norte de Madrid (ahí están las ciudades empresa de las grandes corporaciones del Ibex 35 como Telefónica o Santander), al tiempo que la brecha de renta desplazaba cada vez más a los trabajadores pobres hacia el sur de la región. Todo un logro en términos de eficiencia de transporte que lleva a más de un millón de trabajadores diariamente a más de 20 km. de distancia, muchos en Metro. Por otra parte, en favor de los trabajadores del subterráneo habrá que decir que son los únicos que en los últimos años se han preocupado por la calidad del servicio, denunciado reiteradamente la reducción de costes de mantenimiento que acompaña a los planes encubiertos de privatización y que producen los ya conocidos retrasos que antes no se producían y que seguramente sumarán más horas laborales pérdidas este año que la propia huelga de metro.
«Ilegal» denuncia, de nuevo, el Consejero. Sí también es cierto, pero de quién ¿de quién no respeta un convenio firmado? ¿O de unos trabajadores que deciden olvidarse del eufemismo de los servicios mínimos? Y de otro lado ¿de qué legalidad se habla? ¿La de una legislación que proscribe por vía normativa el derecho de huelga o que únicamente permite paros que no paran nada? Acostumbrados a la permanente corrupción de la clase política (la misma que legisla), poco o nada nos debería costar distinguir entre legalidad y legitimidad. La cuestión es únicamente si son o no legítimos los paros. Y esto es tan sencillo cómo que quien trabaja deja de hacerlo asumiendo todas las consecuencias. Se trata de una pura relación de fuerzas, que cada cual se decante cómo buenamente quiera.
«Sindicalismo irresponsable y salvaje» o bien «corrupto y sinverguenza». ¿En qué quedamos? Podría decirse, efectivamente, que los sindicatos mayoritarios son los principales interesados en la tranquilidad y la responsabilidad sindical, arropados en la comodidad de la subvención y de la carrera del «liberado», por eso los mensajes contradictorias y el permanente «no decir nada» frente a la crisis. Pero estos sindicatos son minoritarios en Metro al lado de las uniones de conductores, taquilleras y Solidaridad Obrera. Y lo que es más importante, ha sido la asamblea, formada por la mayoría de los trabajadores, la que ha decidido por unanimidad ir a la huelga: democracia impecable. No es una huelga de los sindicatos, es una huelga de los trabajadores. Sutil y gran diferencia.
«Corporativa». Sí también claro, ya no hay solidaridad «de clase», pasaron los tiempos de las huelgas en mancha de aceite y la banderas comunes. La huelga viene provocada precisamente por una revocación «ilegal» de un convenio ya firmado y una disminución salarial unilateral. ¿Es qué acaso la crisis se soluciona vía reducción de sueldos de trabajadores o trabajadoras que ganan entre 1000 y 1500 euros por dejarse ocho horas diarias bajo tierra y en un trabajo repetitivo y monótono? ¿Es que es preciso «disciplinar» y «amarrar» bien a los currelas para qué otros, encorbatados, arropados bajo el sacrosanto nombre del «inversor», que ganan 10 veces esa cantidad en un sólo día puedan seguir haciéndolo especulando con el dinero de todos (ya sea en forma de bonos de deuda pública o de fondos de pensiones)? ¿O bien se trata de congraciar a los «mercados» (entiéndase inversores, entiéndase especuladores) con una clase política, mediocre y corrupta, incapaz de más imaginación que la de responder obedientemente con rescates billonarios a bancos y empresas, de un lado, y con recortes sociales y salariales, de otro?
«Política». Pero política contra quién, ¿contra el PSOE en el gobierno que ordena el Decretazo? ¿O contra la Comunidad de Madrid que participa la empresa? Si por política se entiende lo que viene siendo habitual en la esfera mediática (el posicionamiento en la aburrida e intrascendente lucha partidista) esta sería sin duda la más antipolítica de las huelgas políticas (en tanto dirigida contra el conjunto de la clase política). Pero si por política se entiende lo que se debiera (la gestión y decisión sobre lo común), está huelga, siendo en principio apolítica, apuntaría en una posible dirección irremediablemente política. Rechazando con todas sus fuerzas la bajada salarial y aprovechando su posición de fuerza en el transporte metropolitano, los trabajadores y trabajadoras de Metro han señalado un camino posible de intolerencia de masas contra una clase política y empresarial que sólo obedece a las consignas de «socialización de pérdidas» y «privatización de las ganancias». En este sentido, esta huelga no sólo es política, sino que es la primera acción de protesta real y efectiva contra la crisis. Sólo queda seguir ejemplo.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.