1. Introducción: ¿qué son las Constituciones? Uno de los ejemplos más utilizados en la filosofía política para estudiar el significado de las Constituciones es el pasaje de Ulises y las sirenas. Después de pasar una temporada en el palacio de Circe, Ulises emprende el camino de regreso a Ítaca. La diosa le revela que la […]
1. Introducción: ¿qué son las Constituciones?
Uno de los ejemplos más utilizados en la filosofía política para estudiar el significado de las Constituciones es el pasaje de Ulises y las sirenas. Después de pasar una temporada en el palacio de Circe, Ulises emprende el camino de regreso a Ítaca. La diosa le revela que la primera aventura que tendrá que superar es no dejarse seducir por el canto de las sirenas. Para poder cumplir su objetivo, Ulises tapa los oídos de sus marinos con cera, después de pedirles ser atado al mástil. De esta forma, cuando Ulises pidiera ser desatado, sus compañeros permanecerán sordos a sus demandas.
Las Constituciones son restricciones y precompromisos que se imponen las sociedades para conseguir objetivos deseados. La soga y la cera demandadas por Ulises son semejantes a dichas restricciones; y la voluntad de atarse y no escuchar el canto de las sirenas son precompromisos de Ulises y los marinos para no claudicar a la seducción de las sirenas y cumplir el objetivo deseado. Al igual que Ulises, las sociedades buscan delinear un curso de acción, así como protegerse de las acciones irreflexivas en el futuro (Elster, 2002: 20) . Mediante algunos mecanismos como la elevación de costes, la sociedad se auto-restringe y disminuye la incertidumbre.
En este sentido, un cambio constitucional implica un nuevo pacto de convivencia, en el cual las partes se comprometen a cumplir con acuerdos y aceptar restricciones. Partiendo de esta reflexión, este documento pretende reconocer, desde el campo de la filosofía política, cuáles son los términos del contrato social de la Constitución de 1998 en Ecuador. Luego de tal reconocimiento, se analiza si la nueva Carta Magna de 2008 establece un cambio radical respecto a la anterior. Para esto se examina qué tipo de pacto de convivencia se está proponiendo a la comunidad y cuál es el objetivo al que se quiere llegar con dicho pacto.
Este documento está organizado en siete secciones. Luego de esta breve introducción, en las secciones segunda y tercera se realiza un conciso recuento de las constituciones de Ecuador y una clasificación de los principales tipos constitucionales, para ubicar en un contexto histórico qué tipo de sociedad se deseaba construir con la propuesta de 1998. Dado que, en términos de justicia distributiva, la propuesta liberal más elaborada es la teoría de Rawls, la sección cuarta intenta responder a la pregunta respecto a si la propuesta constitucional de 2008 es posrawlsiana y posutilitaria. En la sección quinta, se describe como variable focal del nuevo pacto de convivencia al sumak kawsay o Buen Vivir. En la sección sexta se explica este nuevo pacto social como un compromiso biosocialista (igualitario) republicano, o socialismo del sumak kawsay. La sección siete propone una nueva bioestrategia de acumulación y (re)distribución para el país, dado que se demuestra cómo no cambiar la estrategia imperante inviabilizaría el nuevo pacto de convivencia. Finalmente, la última sección sintetiza los retos que se enfrentan para cumplir este nuevo pacto social.
2. Antecedentes: la historia constitucional de la exclusión
En el análisis de las teorías de la justicia, dos de las preguntas usuales son: ¿quién diseña los principios de justicia?, así como: ¿para quién se diseñan estos principios? Estas interrogantes se contestan a través de la historia de los procesos constitucionales. En Ecuador, esta historia refleja procesos de exclusión: los principios constitucionales no han tenido como propósito el Buen Vivir de todos sino de grupos particulares.
Según el historiador Juan Paz y Miño (2007), entre 1830 y 1929 las Constituciones ecuatorianas garantizaron una república oligárquico-terrateniente. Durante este período, la riqueza se convirtió en el mecanismo de conservación del poder, y el Estado fue el garante de la reproducción de las oligarquías. En efecto, a través de sus 75 artículos, la Constitución de 1830 deja instaurada una sociedad excluyente y racista:
Art. 12 .- Para entrar en el goce de los derechos de ciudadanía, se requiere: 1. Ser casado, o mayor de veintidós años; 2. Tener una propiedad raíz, valor libre de 300 pesos y ejercer alguna profesión, o industria útil, sin sujeción a otro, como sirviente doméstico, o jornalero; 3. Saber leer y escribir.
Con estas restricciones, aproximadamente el 90 por ciento de la población ecuatoriana de entonces no podía ser considerada sujeto de derecho. Además, el artículo 68 dejaba consagradas formas de discriminación y dominación de los grupos indígenas. Más tarde, el artículo 9 de las constituciones de 1835, 1843, 1845 y 1852, y el artículo 8 de la Constitución de 1851, reproducirán exactamente el mismo texto del artículo 12 de la Constitución de 1830, con la excepción de que bajan el monto del «valor libre» a 200 pesos. Únicamente a partir de la Constitución de 1861 desaparecen tales cláusulas, aunque se mantiene la de «saber leer y escribir» como requisito para gozar de derechos de ciudadanía. También en la Constitución de 1864 se establece que «s on ciudadanos los ecuatorianos varones que sepan leer y escribir, y hayan cumplido veintiún años» (art. 9). Este requisito sólo desaparece en 1979, lo cual no es un dato menor; por ejemplo en 1950 el 44 por ciento de la población era analfabeto, y a principios de los ochenta uno de cada cuatro ecuatorianos no sabía leer ni escribir. Con esta restricción, quedaron fuera de la comunidad política entre un cuarto y la mitad de la población.
Otra forma de discriminación y exclusión se impuso a través de la religión, el género o el origen étnico. En la «Carta Negra» de 1869, dictada por García Moreno, para ser considerado ciudadano se requería también ser católico. Además, la esclavitud de los negros fue abolida recién veintidós años después de la primera Constitución. Solo a partir de la Constitución de 1929 se reconoce la ciudadanía para las mujeres y por tanto su derecho al voto.
La discriminación se aplicaba también en la arena del poder, pues para ser presidente, vicepresidente o diputado se requería tener propiedades o rentas de cierto valor (Paz y Miño, 2007) .
Si bien únicamente a partir de la Revolución Liberal de finales del XIX se moderniza el Estado y se avanza en términos de derechos, no es sino hasta 1925, con la Revolución Juliana, que se rompe con el compromiso estatal como garantía del poder oligárquico-terrateniente. Se instaura entonces un intervencionismo económico del Estado, y los derechos civiles y políticos avanzan; pero los derechos sociales son garantizados únicamente para los trabajadores formales. Así, la Revolución Juliana introdujo al país en un contexto internacional proclive a la modernización capitalista, dando forma a un Estado desarrollista.
Es a partir de la Constitución de 1998 que, si bien en el campo de los derechos civiles y políticos se dan importantes saltos cualitativos, en el campo social y económico se consagra un modelo en que los sujetos de derecho son el trabajador formal y el consumidor con capacidad adquisitiva. El sujeto potencial de cambio es el empresario, encargado de dinamizar la economía y distribuir los beneficios del desarrollo a través del mercado.
La evidencia empírica muestra que dicho papel le quedó grande al sector empresarial. En el período de liberalización, la apertura de la economía ecuatoriana no generó un incremento de la demanda de su factor más abundante, la mano de obra poco calificada, sino de la mano de obra de alta calificación (Vos, Taylor y Páez de Barro, 2002). Esto provocó un aumento de la brecha salarial entre calificados y no calificados, quienes pasaron a ser parte del sector informal, y contribuyó al incremento de la concentración del ingreso y el aumento de la desigualdad. Actualmente, el 10 por ciento más rico de los ecuatorianos acumula el 42 por ciento de los ingresos totales, un poco más de la mitad de la población no logra satisfacer a plenitud sus necesidades básicas, y dos de cada cinco ecuatorianos viven una pobreza de consumo. No es casualidad que la cobertura de la seguridad social pública haya disminuido, un claro indicio de la paulatina reducción de la ciudadanía social: apenas el 14 por ciento de la población que pertenece al decil más pobre tiene acceso a este servicio, mientras que del decil más rico, accede el 53 por ciento.
En suma, un recuento de las cartas constitucionales revela cómo, a partir de la herencia colonial del país, se ha profundizado la exclusión y la desigualdad en Ecuador. Pasar de una sociedad del privilegio (para algunos) a una sociedad igualitaria -para todos, respetando la diversidad- es quizá la mayor virtud de la Constitución de 2008.
3. Conservadurismo, radicalismo y liberalismo constitucional
En la perspectiva histórica constitucional, se ha identificado en términos generales tres paradigmas: constituciones de corte conservador, radical o liberal (Gargarella, 2005).
Constituciones conservadoras : se sustentan en una presencia política basada en el perfeccionamiento moral o autoritarismo político. La organización constitucional se enfoca en la concentración del poder y en el fortalecimiento de la autoridad del Ejecutivo. Los derechos dependen de la concepción del bien, que se determina a partir de la religión, la riqueza o el género. El conservadurismo defiende que existen modelos adecuados de vida, independientemente de lo que los individuos opinen. Un ejemplo es la Constitución promulgada por García Moreno en 1869.
Constituciones radicales : el radicalismo se basa en el fortalecimiento de la autoridad ciudadana, lo que implica tomar en cuenta las demandas de los actores locales. Dicha postura se podría resumir en la consigna: «la voz del pueblo es la voz de Dios», que busca asegurar mayores oportunidades para el debate, de manera que los derechos están prioritariamente orientados por los reclamos y necesidades de la mayoría. Si bien existe un reconocimiento de los derechos individuales, se admite que las mayorías sociales pueden imponer su autoridad aun en contra de los reclamos básicos de individuos particulares.
Constituciones liberales : se basan en limitar y equilibrar las facultades de las ramas del gobierno, es decir, la separación de los tres poderes y su equilibrio a través de contrapesos. Se podría resumir la concepción liberal como: «ni dictadura de uno, ni autoritarismo de muchos». La discusión pública se agota con el debate entre las distintas ramas de gobierno, y existe una concepción individualista donde los derechos no son dependientes de la conveniencia de alguien. Existe además una visión sacra de los derechos de propiedad, y la libertad individual depende solo de la voluntad y principios de cada persona.
Por otra parte cabe señalar que, si bien en el campo de los derechos políticos y civiles las Constituciones de las últimas décadas en América Latina y en Ecuador han sido liberales en su aspecto jurídico, también han tenido un tinte utilitario en términos económicos. La perspectiva utilitaria tiene como principio rector la suma de utilidades individuales como medida de bienestar social. Las políticas y las instituciones se eligen y priorizan según el valor de la suma de utilidades individuales que alcancen. El utilitarismo apela a la regla de mayoría para elegir la mejor opción entre diferentes políticas, y la variable a ser maximizada es el consumo.
En Ecuador no han existido Constituciones radicales, sino más bien Constituciones de carácter conservador, así como Constituciones liberales con fuerte influencia utilitaria. En un país con grandes injusticias sociales, no propiciar una igualdad real que permita el florecimiento humano de las personas es caer en una propuesta conservadora de sociedad. En este sentido, si bien en el campo de los derechos la Constitución de 1998 tiene las virtudes del liberalismo, en el campo socioeconómico es utilitarista y en algunos puntos, libertaria, con componentes conservadores, dado que el derecho está principalmente sujeto a la riqueza (poder adquisitivo) de la persona.
El nuevo proyecto de Constitución marca una ruptura con los anteriores paradigmas al buscar construir un pacto social en favor de una biosocialismo republicano.
4. Hacia una justicia social posrawlsiana y posutilitaria
Toda Constitución tiene implícita una forma de justicia social particular. E l principio de la justicia social que sustenta la Constitución de 1998 se basa tanto en la teoría de Rawls como en el (neo)utilitarismo, lo cual permite establecer criterios de justicia distributiva; es decir, pautas que se refieren a cómo la sociedad distribuye sus escasos recursos.
¿Qué son las justicias utilitaria y rawlsiana?
La teoría de John Rawls, una de las más influyentes en filosofía política, parte de la crítica radical a la teoría utilitaria de la justicia. El utilitarismo se sustenta en dos principios: el primero supone la igual consideración de las utilidades de todos, y el segundo se basa en el principio de utilidad marginal decreciente. En este sentido, la justicia utilitaria defiende la maximización de la suma de utilidades de los individuos, y afirma que la maximización del bienestar agregado requiere (re)distribución de la renta, debido al principio de utilidad marginal. [1] Empero, el orden de los bienestares individuales no justifica medidas distributivas, pues lo que importa es el bienestar agregado, así que se aconseja el abandono de políticas redistributivas cuando estas afectan el crecimiento económico. Según el utilitarismo, una sociedad es justa cuando sus instituciones están articuladas de modo que realicen la mayor «suma de satisfacciones».
La crítica principal de Rawls a tal perspectiva es que al principio de utilidad «le es indiferente, salvo de forma indirecta, cómo se distribuye la suma de satisfacción entre individuos […] y cómo distribuye una persona sus satisfacciones a lo largo del tiempo […]. Simplemente ocurre que, al menos en la mayoría de circunstancias, por este camino no se alcanza la máxima suma de beneficios» (1999: 124).
El centro de la construcción rawlsiana es el diseño de una situación de deliberación racional para la elección colectiva de los principios de justicia, en una «posición original» equitativa. «El carácter racional de una concepción de la justicia social no consistiría en su concordancia con una presunta esfera de verdades morales previas e independientes, sino en su susceptibilidad de ser acordada siguiendo un cierto procedimiento» (Rodilla, 1999: 19). Desde esta perspectiva, los principios de justicia válidos serían aquellos acordados unánimemente por individuos racionales, libres e iguales, que se encuentren en una situación equitativa para proteger sus intereses.
Así, la teoría rawlsiana de la justicia propone dos principios. El principio de iguales libertades básicas garantiza por igual a todos los ciudadanos libertades fundamentales al nivel más elevado (Rawls, 1999: 79). El segundo principio se divide a su vez en dos: el principio de iguales oportunidades de acceso a posiciones sociales y el principio de la diferencia. En este marco, «una sociedad justa es una sociedad en que las instituciones reparten los bienes primarios sociales de una manera equitativa entre sus miembros, teniendo en cuenta el hecho de que estos difieren unos de otros en términos de bienes primarios naturales» (Hernández, 2006: 190). [2]
Bajo dicha concepción, una institución es justa cuando permite que la vida de las personas no dependa de las circunstancias que a cada uno le ha tocado vivir. Para ello, se debe igualar a los individuos con un manojo igual de bienes primarios sociales. El segundo principio se centra en producir el mayor beneficio a los menos favorecidos (equidad).
El siguiente acápite describe la crítica realizada por Martha Nussbaum, quien señala los límites de la propuesta de Rawls.
Una Constitución posrawlsiana
Tanto Martha Nussbaum como Amartya Sen proponen utilizar como información de los juicios de valor las «capacidades», es decir las libertades fundamentales para realizar la vida que valoramos. Para esto es necesario tomar en cuenta las características personales relevantes que determinan la conversión de los bienes primarios en capacidades de las personas para alcanzar sus fines (Sen, 1999: 99).
Bajo tal marco teórico, la teoría rawlsiana tiene cuatro problemas difíciles de tratar desde su concepción de la justicia: lo que se les debe a las personas con discapacidad (temporal, permanente, mental o física); la justicia más allá de las fronteras nacionales; lo que se les debe a los animales y al resto de la naturaleza; y el problema del ahorro para las generaciones futuras (Nussbaum, 2006: 42).
A continuación se explica la propuesta de la filósofa estadounidense para superar los problemas de la teoría de Rawls, y además se analiza cómo la nueva Constitución del Ecuador se encuentra en consonancia con dicha superación.
Sobre las discapacidades
La doctrina de Rawls asume que los agentes contratantes son ciudadanos más o menos iguales en capacidades. Sin embargo, las personas con discapacidad no son consideradas parte de la esfera pública, no son tratadas como iguales y sus voces no son escuchadas. En el texto constitucional de 1998 no se garantiza explícitamente la participación pública de los discapacitados. La actual Constitución busca en cambio garantizar su participación política y su representación (art. 48 inc. 4).
En la Constitución de 1998 -a través de los artículos 23, 47, 50, 53, 57, 60 y 66-, se considera la discapacidad de forma asistencial, señalando que es necesario prevenir, eliminar barreras, atender prioritariamente y cubrir dicha contingencia con la seguridad social. Pero más allá del igual trato formal ante la ley, no se reconoce al discapacitado como un auténtico igual.
En la Constitución de 2008, lo asistencial es garantizado pero no como una cuestión principal del pacto social. El punto neurálgico en la nueva Constitución ha sido añadir, a las libertades que ya se consideran, la igualdad de trato, la inclusión social de los discapacitados y la igualdad de oportunidades (ver arts. 11 y 330). Además de que en el nuevo texto constitucional existe una sección completa sobre discapacidades (sección sexta del capítulo III), dicha temática es transversal.
Sobre la nacionalidad
Como señala Nussbaum, otro problema de la tradición del contrato social tiene que ver con la influencia del lugar de nacimiento sobre las oportunidades vitales de las personas. A diferencia de la Constitución de 1998, que pone el centro de su propuesta en la liberalización de los mercados y en el libre flujo del capital (art. 244), la nueva propuesta busca un desarrollo endógeno y una inserción inteligente en el mercado mundial, en donde se da prioridad a la protección del productor o inversionista nacional en el marco de la búsqueda de una justicia global. Esta búsqueda parte de la ausencia real de una posición original en igualdad de condiciones: por ejemplo no se puede garantizar el derecho a la alimentación en un comercio internacional injusto y desigual. Así, no es casualidad que en la Constitución de 1998 no exista el término «soberanía alimentaria», sino que se utilice el concepto de «seguridad alimentaria». En cambio, el capítulo tercero del título VI de la nueva Constitución está dedicado a la soberanía alimentaria.
Además, un aspecto muy importante del nuevo texto constitucional es la movilidad humana y la ciudadanía universal. Los derechos y deberes no son únicamente para los ciudadanos ecuatorianos sino también para todo ser humano que habite el territorio del Ecuador (art. 9), buscando igual trato para los ecuatorianos en el resto del mundo. A su vez, el nuevo proyecto, a diferencia del de 1998, plantea el derecho a la migración (art. 40). En este sentido, el socialismo que se propone a través del nuevo pacto de convivencia en el Ecuador es post-nacional.
Derechos de la naturaleza y de las generaciones futuras
En la literatura tradicional de la justicia, se suele escuchar que son sujetos de derecho los que pueden cumplir deberes. En este sentido, ni las futuras generaciones ni la naturaleza podrían tener derechos. La Constitución de 2008, a diferencia de cualquier otra a nivel mundial, extiende la demanda de la justicia inter-temporalmente y más allá del reino humano (ver arts. 71 y 317). En este sentido, la protección de la naturaleza se afirma por el derecho de las siguientes generaciones de gozar de un ambiente sano, así como por su intrínseca importancia. A partir de esta Constitución, al considerarse la naturaleza sujeto de derechos, se pasa de una ética antropocéntrica a una ética bio-céntrica, en que el papel del ser humano se interpreta como parte de la comunidad de la vida. El desarrollo del hombre no debe amenazar la integridad de la naturaleza ni la supervivencia de las especies dado que, a más del valor que tiene en sí misma la naturaleza, su explotación indiscriminada arriesgaría la reproducción de la vida del propio ser humano. El biocentrismo es fundamental para entender la diferencia que existe entre la mirada clásica del desarrollo y la mirada del sumak kawsay, Buen Vivir o vida plena. En este sentido, el pacto de convivencia propuesto es post-socialista, en tanto se trata de un biosocialismo, como explicaremos más adelante.
5. Sobre la base de información: el sumak kawsay o Buen Vivir
La base de información es la variable focal que la sociedad utiliza para realizar juicios de valor, priorizar acciones y distribuir bienes limitados. Si bien en el texto constitucional de 1998 la base de información son los derechos en el campo político y civil, en la práctica la variable focal que predominó en el campo económico y social fue el crecimiento económico medido en dinero (ingreso/consumo), junto con la garantía de mínimos sociales (de supervivencia). [3] La pauta distributiva se establecía a través del mercado libre y una política social asistencial.
La actual Constitución utiliza como base de información el «Buen Vivir», que se sustenta no solo en el «tener» sino sobre todo en el «ser», «estar», «hacer» y «sentir»: en el vivir bien, en el vivir a plenitud. Sabiendo que la definición del Buen Vivir implica estar conscientes que es un concepto complejo, vivo, no lineal, pero históricamente construido, y que por lo tanto está en constante resignificación, podemos aventurarnos a sintetizar qué entendemos por Buen Vivir o sumak kawsay: la satisfacción de las necesidades, la consecución de una calidad de vida y muerte dignas, el amar y ser amado, y el florecimiento saludable de todos, en paz y armonía con la naturaleza, para la prolongación de las culturas humanas y de la biodiversidad. El Buen Vivir o sumak kawsay supone tener tiempo libre para la contemplación y la emancipación, y que las libertades, oportunidades, capacidades y potencialidades reales de los individuos/colectivos se amplíen y florezcan de modo que permitan lograr simultáneamente aquello que la sociedad, los territorios, las diversas identidades colectivas y cada uno -visto como un ser humano/colectivo, universal y particular a la vez- valora como objetivo de vida deseable (tanto material como subjetivamente, sin producir ningún tipo de dominación a un otro). Nuestro concepto de Buen Vivir nos obliga a reconstruir lo público y lo común para reconocernos, comprendernos y valorarnos unos a otros -y a la naturaleza-, entre diversos pero iguales, a fin de que prospere la posibilidad de reciprocidad y mutuo reconocimiento, y con ello viabilizar la autorrealización y la construcción de un porvenir social compartido. [4]
6. Hacia un socialismo del sumak kawsay o biosocialismo (igualitarismo) republicano
Se puede afirmar que el nuevo contrato social es posrawlsiano y posutilitario. No obstante, de esta afirmación no se desprende de inmediato el núcleo del nuevo pacto social. Para examinar dicho núcleo, las secciones siguientes analizarán los nuevos criterios de justicia propuestos.
En la literatura sobre teorías de la justicia, todo contrato social parte de la idea de que «los principios de justicia son principios que unas personas libres y racionales interesadas en promover sus propios intereses aceptarían en una posición inicial de igualdad» (Rawls, 1999: 11). Una virtud de la nueva Constitución es que reconoce históricos procesos de depredación natural, discriminación, y las amplias distancias que hoy separan a los habitantes del Ecuador entre sí. En este sentido, se propone dejar atrás los principios de una sociedad liberal/utilitaria y conformar un biosocialismo (igualitarismo) republicano. [5]
Como bien mencionamos anteriormente, en términos de derechos y de su pauta distributiva, la Constitución de 1998 es rawlsiana-liberal en cuanto a los derechos civiles y políticos, mientras que en el campo económico es utilitaria. La Constitución de 2008 propone, en cambio, edificar un bio-igualitarismo republicano que se sustenta en: garantizar los derechos de la naturaleza construyendo una ética biocéntrica, romper distancias indignas, eliminar el racismo y formas de exclusión, buscar una libertad positiva no dominada -a más de defender la libertad negativa-. En esta misma dirección, se consideran ciudadanos/colectivos con responsabilidad republicana; espacios de participación y deliberación; el reconocimiento de vidas plurales; la autorrealización a través del autogobierno y la virtud cívica; y la construcción de un Estado y una sociedad plurinacional, intercultural y no patriarcal.
¿Por qué «bio»?
Sin lugar a dudas, una de las mayores críticas al capitalismo ha venido por el lado del ecologismo y de la economía ecológica. La economía no puede verse únicamente como un circuito cerrado entre productores de mercancías y consumidores, siendo el mercado su mecanismo de coordinación a través de los precios. En realidad, es necesario ver «la economía como un flujo entrópico de energías y materiales, que chupa recursos agotables exteriores y que genera residuos (calor desaprovechado, materiales no reciclables)» (Martínez-Alier & Schlüpmann, 1991: 156). En este marco, el capitalismo, bajo cualquier forma, es insostenible para garantizar la reproducción de la vida.
Como se señaló anteriormente, la nueva Constitución del Ecuador presenta dentro de su marco básico -en el capítulo 7- los «derechos de la naturaleza», junto a otros artículos que hacen alusión a los derechos ambientales de base ciudadana ligados al concepto de sumak kawsay.
La naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos (art. 71).
Al ser la naturaleza titular de derechos, este nuevo pacto de convivencia no es solo entre los miembros de la comunidad, sino entre estos y el ambiente; o dicho de otra forma, entre los seres humanos, vistos como parte de la naturaleza. En este marco, no se incorpora el ambiente en función a los derechos de los seres humanos sino que la naturaleza posee derechos propios. De esta manera, la justicia intergeneracional no únicamente tiene que ver con generaciones humanas sino también con especies de vida.
Como bien señala Gudynas (2009: 39), el reconocer valores intrínsecos a la naturaleza es uno de los puntales centrales de la construcción de una sociedad con una ética biocéntrica. Con ello se busca romper con la postura antropocéntrica (propia de la modernidad que se maneja en el campo de los valores instrumentales de uso, beneficio y provecho) y productivista, que ha primado en el capitalismo.
A esto hay que sumar, como parte de esta ética biocéntrica, que se busca recuperar una mirada transestatal que tiene referencia con la construcción del problema ambiental como un bien público y un bien común de carácter mundial. En este sentido, el nuevo pacto de convivencia es post-antropocéntrico y transestatal. [6] El mejor ejemplo de tal búsqueda, es la iniciativa ITT que el Ecuador ha presentado al mundo, que no solo busca disminuir la contaminación sino evitar producirla o generarla, manteniendo el crudo probado bajo tierra. El mayor valor de tal iniciativa se conseguirá cuando el mundo reconozca el valor de no hacer nada; porque esto implicará reconocer el significado de un bien mundial, público y común, así como el valor de la naturaleza, el valor de una acción colectiva global, el valor que tiene también la «no acumulación», y también el valor igual que tuvo y tiene la vida ayer, la vida hoy y la vida mañana. [7]
¿Por qué un pacto social igualitario?
Esta es una Constitución igualitaria en primer lugar porque busca la justicia política. Esto es de especial relevancia, si consideramos que Ecuador es el país con mayor nivel de sobre-representación en su poder legislativo en América Latina. El nuevo proyecto de Constitución busca una representación que respete el principio «cada ciudadano, un voto», así como la alternabilidad y paridad en las listas entre hombres y mujeres (ver art. 116).
Además, el texto de 2008 propone una relación más horizontal entre representantes y representados. Asume que la vida política no se agota en las relaciones entre los órganos políticos, y apoya prácticas extraparlamentarias para atender demandas sociales. Establece también más oportunidades y espacios para debatir, y asegura un control más estricto desde la ciudadanía/colectivos hacia las instancias públicas y privadas.
De la misma forma, se democratiza el corporativismo como un medio para que grupos sin capacidad de acción colectiva puedan ser escuchados públicamente. La instauración de los «Consejos por la Igualdad» (art. 156) es un ejemplo. Además, se da la posibilidad de que los colectivos también sean titulares de derechos (art. 10).
Un tercer aspecto que deja translucir el carácter igualitario es que en el Estado Constitucional del nuevo pacto social los derechos son afectados por acciones u omisiones tanto del Estado como de grupos no estatales.
Una cuarta arista tiene que ver con la reivindicación de la justicia intergeneracional y el reconocimiento del «diverso como igual». La nueva Constitución toma en cuenta las injusticias del pasado así como las de generaciones futuras. El reconocimiento del Estado plurinacional e intercultural es quizá una de las principales conquistas igualitarias del nuevo pacto de convivencia. Esta comprende, entre otras cuestiones, la afirmación del kichwa y del shuar como idiomas oficiales (art. 2), la posibilidad de configurar territorios para la preservación de culturas ancestrales, el reconocimiento a las comunas que tienen propiedad colectiva de la tierra (art. 60), y la garantía estatal de que la justicia indígena sea respetada por las instituciones públicas (art. 171). En este campo, la justicia intergeneracional no solo tiene que ver con corregir las históricas injusticias sino con una ética de comportamiento social e individual que busca un Buen Vivir de igual o mejor calidad para las futuras generaciones.
Un quinto aspecto que evidencia el igualitarismo de esta nueva Constitución es la reconfiguración territorial que, a partir de la búsqueda de autonomías, crea gobiernos intermedios, policéntricos y equilibrados. A través de los artículos que van desde el 251 hasta el 269, la Constitución auspicia la construcción de regiones autónomas y solidarias, articuladas en un gran proyecto unitario nacional. La horizontalización del país es indispensable para romper barreras geográficas que han promovido el regionalismo y la exclusión.
Una sexta arista tiene que ver con la construcción de una justicia imparcial igualitaria para todos y todas, principalmente a través de la recuperación de lo público, de los derechos sociales que permiten una defensa pública al alcance de todos, así como el reconocimiento de la pluralidad de justicias (ver art. 168, inc. 4, y art. 191).
Finalmente, la nueva Constitución impulsa una justicia socioeconómica, enfrentando la desigualdad en sus múltiples formas (Ramírez, 2008). Para ello, se apela a reducir las grandes brechas sociales y económicas a través de dos procesos: el redistributivo (equitativo) y el distributivo. Esto se evidencia por medio de las políticas fiscal, tributaria y social, y a través del acceso a medios de producción (ver art. 3 inc. 5; art. 281 inc. 4; art. 285; art. 300 inc. 2; art. 334).
No obstante, la (re)distribución es insuficiente, dado que, aunque mejora la situación de los más pobres, no cambia las relaciones de poder ni la estructura productiva, y en pocos casos disminuye distancias sociales (Ramírez, 2008). En este sentido, la nueva Carta Magna invita a «producir redistribuyendo» y «distribuir produciendo»; es decir que en el propio proceso de generación de riqueza se produzca la distribución (ver arts. 276 y 284 inc. 1). Esta propuesta centra su énfasis en un desarrollo endógeno para construir una economía social y solidaria, con una articulación inteligente en el mercado mundial.
A nivel interno, se propone edificar una economía social y solidaria, que no niega el mercado, sino que lo subordina a la reproducción de la vida y a otras formas de organización y producción. La economía social y solidaria «reconoce al ser humano como sujeto y fin», y se propone generar una relación dinámica entre Estado y sociedad que permita realizar el Buen Vivir (ver art. 283) . No se trata, por tanto, solo de una cuestión (re)distributiva, sino también de garantizar los derechos humanos para fortalecer una sociedad más igualitaria que permita profundizar la democracia. La economía social y solidaria se propone entonces
… un modo de hacer economía organizando de manera asociada y cooperativa la producción, distribución, circulación y consumo de bienes y servicios, no en base al motivo de lucro privado, sino a la resolución de las necesidades, buscando condiciones de vida de alta calidad para todos los que en ella participan, sus familiares y comunidades, en colaboración con otras comunidades para resolver las necesidades materiales, a la vez que estableciendo lazos sociales fraternales y solidarios, asumiendo con responsabilidad el manejo de los recursos naturales y el respeto a las generaciones futuras, consolidando vínculos sociales armónicos y duraderos entre comunidades, sin explotación del trabajo ajeno (Coraggio, 2007a y 2007b).
El camino para alcanzar la economía social y solidaria es cambiar el monopolio de los medios de producción de la actual sociedad de mercado, en donde los propietarios tienen el control de los procesos de trabajo y de la producción, e impiden que los trabajadores ejerciten libremente sus virtudes, los aliena de sus capacidades y del producto de su trabajo. La nueva propuesta apela al florecimiento in situ del trabajador, a compartir los derechos de propiedad y a cooperar en todo el proceso productivo. Se apela a la premisa de que «la estructura de la distribución está completamente determinada por la estructura de la producción» (Marx cit. por Fleischacker, 2003: 97). Esto se articula con una propuesta de inserción en el mundo global a través de la política comercial soberana (ver art. 304). Dentro de este marco, se puede señalar que este igualitarismo no tiene como fin el Estado sino la propia sociedad y los colectivos. En este marco, la economía es social y solidaria, no es de mercado sino con mercado, pues auspicia otras formas de propiedad y de organización, entre las principales: propiedad estatal, propiedad gran-nacional, propiedad republicana, propiedad comunitaria, propiedad social y propiedad capitalista. Dentro de este marco, es necesario pensar todas las combinaciones de propiedad y organización que de ellas surjan.
No obstante, el proceso (re)distributivo no solo pasa por el campo productivo. El objetivo igualitario consiste en repartir toda la carga de trabajo, no solo la parte que se realiza como empleo y que beneficiaría únicamente a los asalariados. Se trata de buscar la solidaridad en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Así, por ejemplo, el solo hecho de garantizar los derechos reproductivos (art. 332) permite dar cuenta del espíritu igualitario en otras esferas de la vida de esta Constitución.
En efecto, el nuevo pacto de convivencia pone su énfasis en construir otros mundos vitales diferentes a la propuesta civilizatoria de Occidente, que se basa principalmente en lo económico/productivo y en el consumo. Se sitúa en una perspectiva más amplia de la transformación de las relaciones sociales; en un sentido emancipador, liberando tiempo para el ocio creador, para el erotismo, para el arte y la artesanía, para el descubrimiento personal y la indagación existencial, para el estudio, para el viaje, para la participación democrática, para la fiesta y la celebración, para el cuidado de las personas y de la naturaleza, para la minga dentro de la comunidad. Todo esto siempre y cuando se satisfagan las necesidades materiales que tienen todo individuo y sociedad, y se consiga una sociedad más digna e igualitaria en el marco de mirar al ser humano como un ser constitutivo de la naturaleza y que no se encuentra escindido de ella. Tal situación se vincula, además, con los objetivos de la abolición de la división sexual del trabajo y un reequilibrio de los tiempos sociales que reduzca la importancia del trabajo en beneficio de otras dimensiones de la existencia humana (Riechmann & Recio, 1999: 110).
Esta nueva Constitución es también una apuesta para cambiar ciertos principios de convivencia. Como señala Jean-Pierre Dupuy (1998), algunos de los valores a través de los cuales se configuró la sociedad capitalista son la envidia, el egoísmo y la desigualdad, inscritos en un sistema de coordinación de las decisiones a través de los precios y en un sistema de propiedad privada de desigual acceso a los medios de producción. Este sistema envilece a los individuos, movidos únicamente por la avaricia, que miran a sus prójimos instrumentalmente, solo como fuente de riqueza o amenaza, y en donde la desigualdad es necesaria, dado que motiva la creatividad para superarse, poder competir y crecer (Ovejero, 2005: 83).
La nueva propuesta constitucional de convivencia busca construir un continuo de relaciones en que los miembros de la sociedad se reconozcan como fines (y no como medios), y como partes integrantes de una comunidad social y política. Por ello se propone como condición sine qua non del Buen Vivir la eliminación de desigualdades opresoras y la construcción de igualdades que viabilicen la cooperación, la solidaridad, el mutuo reconocimiento y el deseo de construir un porvenir compartido.
¿Por qué una Constitución republicana?
La nueva Constitución propone edificar una sociedad republicana que amplíe la libertad negativa hacia la construcción de una libertad positiva, considerada como no dominación y potenciación de las capacidades de los individuos. Para ejercer tal principio, es necesario: tener los recursos materiales suficientes, contar con ciudadanos con responsabilidad republicana, que construyan autónomamente sus preferencias, e institucionalizar espacios de participación y deliberación, donde se ventilen argumentos y cada ciudadano defienda sus posturas. Asimismo, si bien en el republicanismo la participación en la esfera pública asegura la libertad, sin virtud cívica esta participación no existe. Como señala Rousseau, los ciudadanos republicanos «lejos de pagar por eximirse de sus deberes, están dispuestos a pagar por cumplirlos» (Rousseau, 1969: 105).
A continuación se exponen con mayor detalle las premisas que permiten denominar a esta nueva Constitución como republicana.
a. Libertad/autorrealización como no interferencia, no dominación y expansión de las potencialidades humanas y sociales
Superando los conceptos liberales, un nuevo paradigma de convivencia resulta de concebir la libertad como realización de las potencialidades de cada individuo con la condición de la realización de las potencialidades de los demás (Ovejero, 2006: 133) . La libertad de todos posibilita la libertad de cada uno y viceversa. A más de ser una libertad vista como no interferencia es también una libertad positiva en tanto no dominada y explotada.
No es libre el que «elige» entre dos trabajos de miseria que no garantizan la protección social cuando no tiene otras opciones. Tampoco aquella mujer que da a luz a sus hijos en su hogar no como opción informada y asistida, sino porque no tiene acceso a la opción de asistencia capacitada. Tampoco es libre aquella persona que migra pero que en tal proceso genera fragmentación, desarraigo y rupturas familiares.
En la nueva Constitución, los derechos civiles pasan a ser colocados como derechos de libertad (ver por ejemplo el inc. 4 del art. 66 y el art. 48).
b. La participación y deliberación como procedimientos adicionales de interacción ciudadana
Un Estado democrático republicano requiere instituciones políticas y modos de gestión pública que den cabida a la deliberación pública, a la participación social en la toma de decisiones y al control social de la acción estatal.
Esta visión que propicia la nueva Constitución se observa en el título IV, que comprende los artículos desde el 95 hasta el 111; en especial, en la sección cuarta, que se refiere a la democracia directa. Asimismo, se establece un quinto poder, denominado «Consejo de Participación Ciudadana y Control Social» (capítulo quinto, sección segunda, art. 207).
Uno de los principios motores de la economía clásica del bienestar capitalista hace referencia al principio denominado «óptimo paretiano». [8] Sin embargo, dadas las características externas, como el patrimonio heredado, el medio ambiente y la diferencia de características personales, la forma de asignación no puede estar dada por criterios ad hoc como la eficiencia, la eficacia y la optimalidad; razón por la cual el nuevo pacto social de la Constitución de 2008 pone en entredicho uno de los principios centrales del capitalismo. En lugar de buscar las «soluciones óptimas» se trata de priorizar, como sociedad, las dimensiones del desarrollo y las políticas más costo-efectivas en términos socio-económico-ambientales, para alcanzar objetivos y llegar a «soluciones compromiso» (Martínez-Alier & O’Connor, 1996). La participación entre actores pares permite jerarquizar intereses y objetivos según un conjunto de criterios definidos públicamente.
Si bien la anterior Constitución afirmaba que la planificación tenía que ser participativa, jamás se institucionalizaron los espacios para que esto sea viable. En cambio, en el nuevo Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa se establecen espacios que dan cuenta de tal lógica participativa a través de consejos de desarrollo, nacionales y regionales, que incorporan en la planificación la voz ciudadana, de tal forma que se articula también la acción del gobierno central con otros gobiernos autónomos descentralizados (ver art. 279). En ese sentido, el sistema de planificación es participativo, descentralizado y desconcentrado tanto en la elaboración como en la implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas.
c. La actividad pública como pilar del republicanismo: hacia la construcción de la virtud cívica
El bien común no puede consistir sino en realizar las transformaciones que frenen la máquina de destruir la vida en que se ha convertido el mercado «autorregulado». La nueva Constitución recupera aquellas concepciones de lo público que articulan la construcción de un proyecto de país independiente, con un proyecto social integrador y expectativas de un mejor futuro construido colectivamente. Parte de la recuperación de lo público pasa por la edificación de espacios comunes de encuentro social, cultural y político, que desbordan las estrechas relaciones de mercado y que buscan desmercantilizar las relaciones sociales.
En este sentido, la Constitución retoma la dimensión pública de la vida social y estatal desde algunos atributos centrales. Por ejemplo la idea de lo público como opuesto a lo oculto. La publicidad de los actos estatales es fundamental, ya que podría generar desigualdades en la forma de asignación de los recursos y la imposibilidad de reclamar por parte de aquellos perjudicados. Tal recuperación se puede observar en los procedimientos para las compras públicas o en la forma de auditoría de la deuda pública (ver arts. 288 y 289).
Parte de hacer público lo oculto supone evidenciar todo aquello que en el campo de lo privado produce relaciones de dominación o subordinación entre los seres humanos (ver art. 66), como la relación hombre-mujer.
Por otra parte, es necesario recuperar la noción de lo público como construcción social-colectiva del bien común. En este sentido, lo público «es de interés o de utilidad común a todos los miembros de la comunidad política, atañe al colectivo y a la autoridad de lo que de allí emana» (Rabotnikof, 1995: 9-10).
La nueva Constitución propone el impulso de la virtud cívica para que los ciudadanos contribuyan a construir leyes, a tomar decisiones y a asumir responsabilidades públicas. Uno de los artículos que establece explícitamente la responsabilidad pública del ciudadano es el 278.
Finalmente, es necesario recuperar la noción de lo público asociada a los espacios comunes de encuentro entre ciudadanos; es decir, espacios abiertos a todos y no excluyentes. Quizá la mayor reivindicación en este sentido es el establecimiento de políticas universales, públicas y gratuitas en el campo de la justicia, la salud, la educación, la seguridad social, entre otros campos (ver por ejemplo los arts. 356 y 367).
Tal perspectiva implica también pensar lo público desde un cierto retorno del Estado en relación con el rol que juega la sociedad civil. La Constitución recupera la intervención del Estado en los ámbitos de regulación, control, planificación, (re)distribución y como garante de los derechos. Esto se evidencia en el título VI del Régimen Económico y en el título VII del Régimen del Buen Vivir.
A su vez, hay que pensar lo público también desde el nuevo lugar que tiene la sociedad civil: los movimientos sociales, las asociaciones comunitarias, los colectivos ciudadanos, las nuevas identidades emergentes y la participación organizada del voluntariado, que reclaman para sí un peso en la toma de decisiones políticas para incidir en las orientaciones de la vida pública (ver el título IV). En este sentido, el Estado es un medio y no un fin, pues son los ciudadanos y los colectivos quienes orientan los fines de la política.
Si bien uno de los objetivos principales de esta propuesta es la recuperación del poder ciudadano y colectivo, para confiar a la sociedad civil (organizada) la «democratización de la democracia», es necesario recuperar al Estado como expresión de acción colectiva descentralizada. La sociedad de la exclusión se basó en una construcción «antiestatal», por lo cual la lucha pro inclusión «consiste en estabilizar mínimamente entre las clases populares aquellas expectativas que el Estado dejó de garantizar al perder el control de la regulación social» (De Sousa Santos, 2005: 90).
d. La construcción de un Estado plurinacional, intercultural y no-patriarcal
La construcción de los Estados modernos ha estado regida por una visión colonial del poder en que se asume, en el centro del orden social, étnico y simbólico de cada nación, una visión homogénea de la identidad cultural nacional definida por el universo blanco-mestizo-patriarcal, produciendo lo que Boaventura de Sousa Santos llama «epistemicidio». El contenido y la forma de las naciones han estado así estrechamente ligados a los intereses e imaginarios de las élites económicas y políticas, predominantemente blancas, burguesas, masculinas, educadas y urbanas. Se ha generado así una configuración simbólico-cultural fundada en sólidos sistemas de opresión y discriminación, con efectos directos sobre los problemas de desigualdad y exclusión económica -en casi todos los países de la región el mapa de la pobreza según consumo o necesidades básicas se traslapa con el mapa étnico-, que impiden la emergencia de sistemas políticos y culturales abiertos, flexibles, diversos y pluralistas.
La visión de un Estado plurinacional, megadiverso, intercultural y plurinacional apunta, por el contrario, al reconocimiento político de la diversidad étnica, regional, sexual, regional, y a la generación de una sociedad con múltiples trayectorias de lealtad y pertenencia a la comunidad política. El nuevo Estado asume la idea de una multiplicidad de identidades que dialogan, que en continua interacción reproducen una serie de relaciones complejas con la nación. Así, la figura del ciudadano como titular individual de derechos se articula para dar lugar también a la noción de derechos de titularidad colectiva: lenguaje, cultura, justicia y territorio. Tal diversidad es reflejada institucionalmente por medio de una arquitectura estatal de carácter flexible donde la descentralización, la autonomía y otras circunscripciones territoriales especiales pasan al primer plano (como, por ejemplo, las circunscripciones territoriales indígenas). Asimismo, el principio de un Estado que reconoce la diferencia debe prefigurar soluciones jurídicas e institucionales específicas, bajo la forma de derechos que posibiliten la efectiva igualdad en la diversidad. Se abre así el espacio para políticas que permitan la reparación de las desventajas históricas de ciertos grupos y prefiguren un contexto efectivo de oportunidades igualitarias para todos los ecuatorianos. De esta forma, se puede señalar que el nuevo pacto es post-patriarcal, poseurocéntrico y posidentitario.
7. Ecuador como «biópolis»: construyendo una nueva bioestrategia de acumulación y (re)distribución
La construcción de la sociedad del Buen Vivir tiene que estar asociada a la construcción de un nuevo modo de acumulación y (re)distribución. Los amplios niveles de desigualdad y exclusión que existen, a más de prácticas culturales que están enraizadas en la sociedad, son consecuencia de una estrategia de desarrollo que se ha sustentando principalmente en acumular riqueza a través de producir bienes primarios que se buscaba colocar en el mercado externo: estrategia agroexportadora. La llegada del petróleo no fue más que otra forma de reprimarizar la economía ecuatoriana, volviéndola aún más extractivista de lo que ya era. Salvo ciertas etapas de la historia republicana, cuando se intentó construir la industria nacional, la riqueza se quedó en un Estado corporativista que se aprovechó del petróleo, pero no redistribuyó sus beneficios. La llegada de la liberalización de la economía y la dolarización profundizó la concentración de la riqueza también en un grupo que vio en la demanda de bienes industrializados un nicho de mercado que podía ser explotado en el Ecuador: los importadores. Ambos grupos, con vínculos muy cercanos a los favores del Estado y de la banca, cerraban el círculo vicioso de la acumulación.
En este sentido, el nuevo pacto social que ha firmado la sociedad ecuatoriana no puede convivir con una estrategia primario exportadora en un contexto en donde Ecuador debe superar su rol de ser un proveedor de bienes primarios que depredan la naturaleza. Este rol siempre estuvo destinado al fracaso.
Es por ello que para construir el Buen Vivir que soñamos es indispensable tener una hoja de ruta alternativa para generar riqueza y (re)distribuirla. Vale aclarar que la estrategia de acumulación económica y de (re)distribución es apenas una arista de las múltiples que debe tener una estrategia para alcanzar el Buen Vivir. Pero en una sociedad en donde existen altos niveles de necesidades básicas insatisfechas es indispensable materializar alternativas a la mencionada estrategia que ha evidenciado su fracaso. [9]
La propuesta plantea una estrategia nacional endógena y sostenible para el Buen Vivir con una inserción estratégica y soberana en el sistema mundo. Esta estrategia consiste en implementar políticas públicas que modifiquen los esquemas de acumulación, redistribución y distribución con un enfoque territorial que permita reducir las inequidades. En este marco, la planificación de la inversión pública, los incentivos tributarios productivos y las políticas de crédito público buscan superar el modelo primario exportador, democratizar el acceso a los medios de producción y generar empleo de calidad.
Como bien se ha señalado, la estrategia de acumulación del Ecuador ha sido durante su vida republicana la agroexportación, a la cual en las últimas cuatro décadas se sumó el petróleo como bien exportable. Dicha forma de generar riqueza estuvo acompañada los últimos veinticinco años por una estrategia de liberalización de la economía y de redistribución «por goteo», ya sea a través del mercado o a por medio de política social que brindaba asistencia focalizada. Salir de tal modelo de la noche a la mañana es inviable, y es necesario por tanto trazar una hoja de ruta de mediano y largo alcance para viabilizar la salida de un paradigma que ha mostrado su ineficiencia.
Con este objetivo, cabe recordar que la mayor ventaja comparativa que tiene Ecuador es su biodiversidad, y la mayor ventaja competitiva que puede tener es saber aprovecharla a través de su conservación y la construcción de la industria de la bio y nano tecnología. En este sentido, la nueva estrategia está orientada a construir, en el mediano y largo plazo, biópolis: una sociedad del «bioconocimiento», de servicios ecoturísticos comunitarios y de productos agro-ecológicos». [10] Biodiversidad es sinónimo de vida y por lo tanto de información; sin embargo, hoy en día no genera riqueza porque no existe ni la industria ni el conocimiento que permita sacar provecho de dicha información. [11] Esto implica generar valor agregado a través de poner a trabajar éticamente la vida al servicio de los seres humanos respetando siempre los derechos de la naturaleza. A diferencia de perspectivas ortodoxas de crecimiento, esta nueva estrategia incorpora al conocimiento, el diálogo de saberes, la información, la ciencia, la tecnología y la innovación como variables endógenas al sistema, que deliberadamente se deben construir y auspiciar si el país quiere producir transformaciones radicalmente cualitativas.
No obstante, es necesario recalcar que el centro de atención del Buen Vivir durante estos períodos es la satisfacción de las necesidades básicas de la población y los territorios a través de procesos de generación de riqueza sostenible a lo largo del tiempo. Todas las acciones de la estrategia deberán tener como prioridad la satisfacción de las necesidades básicas en el marco establecido en la Constitución. Asimismo, si en la era del individualismo y el egoísmo se buscaba crecer y luego redistribuir «por goteo», la era de la solidaridad, la reciprocidad y la cooperación se busca distribuir produciendo y producir redistribuyendo. En este marco, la construcción y el impulso de una economía popular, social y solidaria constituye la principal herramienta para incorporar la (re)distribución en el propio proceso de generar valor agregado. De sde esta perspectiva, la estrategia endógena y sostenible responde a lineamientos de mediano plazo con un horizonte de 16 a 20 años, que se alcanza de manera progresiva considerando cuatro momentos principales:
La primera fase es de transición en términos de acumulación, en el sentido de dependencia de los bienes primarios para sostener la economía; no así, en términos de (re)distribución, considerada como el centro del cambio en este período, y en general como eje de la estrategia en su conjunto. A través de un proceso de sustitución selectiva de importaciones [12] , impulso al sector ecoturístico comunitario, agroecológico y de inversión pública estratégica que fomente la productividad sistémica -con énfasis en la conectividad- [13] , se sientan las bases para construir la industria nacional y producir cambios sustanciales en la matriz energética, [14] motores de generación de riqueza en este período. La desagregación tecnológica a través de su transferencia, la inversión en el extranjero para la formación de capacidades humanas (especialmente en ciencias básicas y biodisciplinas) [15] , la inversión en desarrollo infantil, el auspicio de una agricultura ecológica y el fortalecimiento de condiciones adecuadas para el ecoturismo comunitario son las prioridades dentro de esta primera fase. En esta fase, la protección a sectores generadores e intensivos en trabajo y empleo tendrán preferencia, así como aquellos asociados a iniciativas provenientes de la economía social y solidaria, al ejercicio de la soberanía alimentaria del país y, en general, a la satisfacción de necesidades básicas. Además, evitar que el excedente se quede en la intermediación es parte de la estrategia de (re)distribución, por lo cual el repensar el sector servicios -conectividad y almacenamiento- se vuelve clave en este período. De la misma forma, empezar un proceso de transformación de la seguridad social es fundamental si se quiere garantizar la sostenibilidad de largo aliento, incluso macroeconómica. Finalmente, consolidar un sistema tributario progresivo en el cual se incremente la presión tributaria, y paralelamente se tengan políticas que consoliden la (re)distribución de los medios de producción.
En la segunda fase, el peso relativo de la nueva industria nacional se incrementa frente a la de base primaria, y se busca consolidar un superávit energético, principalmente a través de la producción y consumo de energía limpia y bioenergía. [16] En esta fase se apuntala la estrategia de generación de riqueza a través del ecoturismo comunitario y se busca que, desde el propio proceso productivo, se distribuya el excedente a través del reforzamiento de la economía popular, social y solidaria. Ligada a las industrias nacientes, se prioriza la inversión en investigación y desarrollo, gracias a una alianza virtuosa tripartita: universidades, industria (pública o privada) e institutos públicos de investigación o centros tecnológicos de investigación. Con este horizonte, la consolidación de un sistema de educación superior de cuarto nivel y de centros de excelencia en investigación aplicada será la prioridad en esta fase. En este período la generación de ingresos para la economía nacional mantiene una dependencia -aunque menor a la primera fase- de la extracción responsable y sustentable de recursos naturales no renovables.
La tercera fase consolida una estrategia de diversificación y sustitución de exportaciones. Se espera que la industria nacional satisfaga la demanda interna y genere excedentes para exportación. Asimismo, la estrategia busca sustituir exportaciones por bienes con mayor valor agregado y no exclusivamente dependientes de procesos extractivos. En esta fase, el peso relativo de la industria nacional será un tanto superior al peso relativo en la economía de los bienes primarios (exportables). La inversión en ciencia y tecnología impulsará la innovación productiva en aspectos relacionados con la industria, cuyas importaciones, en un primer momento, se buscó sustituir. De la misma forma, en esta fase se consolida un sistema de seguridad social que permite acumular riqueza para la inversión pública que requiera el país.
En la cuarta fase, la estrategia tiene como objetivo el despegue de los bioservicios y su aplicación tecnológica. Se busca que el tamaño relativo de este tipo de servicios -principalmente de bioconocimiento- y de los servicios turísticos tenga un peso superior al generado por el sector primario. Los servicios de conocimiento que se auspicien estarán vinculados con las industrias nacientes que se fomentaron desde la primera fase.
En este contexto, la estrategia de inserción estratégica y soberana del Ecuador en el mundo depende estrechamente de la estrategia endógena para la satisfacción de necesidades básicas; no al contrario, como históricamente ha ocurrido en el país donde, bajo el esquema neoliberal, las decisiones públicas dependían de las políticas de liberalización del mercado globalizado. De la misma forma, desde la primera fase y como parte de una inserción inteligente, el punto de partida debe ser consolidar la integración latinoamericana y construir una arquitectura político-económica regional que busque incidir en nuevos equilibrios de poder global. Dicha arquitectura política -UNASUR, OEALC, ALBA- tendrá que contar al menos con seis aristas programáticas: la ambiental, la comercial, la financiera, la científica, la energética, la social y, obviamente, la política. El mantener un bloque político sólido respecto a postulados tales como el pago de la deuda ecológica, el impuesto Daly o los límites de emisión de CO2 frente al cambio climático; así como la consolidación de instituciones regionales para arbitrajes comerciales, y consolidar un comercio más justo entre nuestros países; la constitución del Banco del Sur y de una moneda común para la región; el buscar producir conocimiento desde y para la región y fomentar una integración y movilidad entre centros de educación superior; el afianzar una propuesta regional para tener soberanía energética, producida y consumida de una manera limpia y eficiente; el afirmar, conjuntamente, una estrategia para garantizar derechos de todos los ciudadanos de América Latina, tanto en la región como en los países del norte, son algunos ejemplos programáticos de la importancia que se tiene trabajar como región en la búsqueda de un mundo multipolar más justo.
Podríamos resumir que el centro de la estrategia endógena de generación de riqueza es convertir la principal ventaja comparativa que tiene el Ecuador, su biodiversidad, en valor agregado a través del disfrute de su contemplación (ecoturismo comunitario) y la transformación de esa información en conocimiento y bienes y servicios industriales para la satisfacción de las necesidades básicas (e. g. agroecología y materiales ecológicos para la construcción). A su vez, el centro de la estrategia de democratización de los beneficios del desarrollo es integrarse regionalmente, redistribuir los medios de producción y consolidar una economía social y solidaria, que reparta la riqueza al mismo momento que la genera; así como generar transformaciones de sistemas públicos (seguridad social y educación pública), que viabilicen la garantía de derechos y que paralelamente permitan consolidar una nueva forma de generación de riqueza y de (re)distribución.
Vale aclarar que si bien el objetivo de la estrategia es generar un tipo de riqueza que tenga como fin la satisfacción de las necesidades básicas de la comunidad política llamada Ecuador, se busca además que dicho foco de atención se encuentre a través de un proceso sostenible intergeneracionalmente y democratizador de sus beneficios. En este sentido, se rompe con dos falsas disyuntivas que han emergido en el debate público: conservación vs. satisfacción de necesidades; y eficiencia vs. distribución.
En la estrategia endógena de generación de riqueza que se ha descrito, la conservación y el conocimiento de la información que tiene la biodiversidad es condición para la satisfacción de las necesidades. Se apuesta que puede haber una convivencia armónica entre ambos términos de la ecuación, dado que «el no pago de la deuda social hoy es no pago de la deuda ambiental mañana, y el no pago de la deuda ambiental hoy es a su vez no pago de la deuda social mañana» (Ramírez, 2008). [17] La eficiencia deberá ser ponderada no solo considerando si se construye una economía más productiva, sino sobre todo en qué medida conseguimos una sociedad más justa que satisfaga las necesidades básicas de su población.
Asimismo es posible establecer una economía que en el propio proceso de generación de riqueza distribuya sus beneficios; es decir, que reparta la riqueza concomitantemente a su generación, tal y como supone la economía social y solidaria. La estrategia de construir una economía sostenible, que haga endógenos sus procesos para satisfacer las necesidades básicas de sus miembros y reduzca las vulnerabilidades externas, tiene connotaciones que deben ser tomadas en cuenta al momento de evaluar la implementación de políticas públicas, su consecución y temporalidad. La tasa de acumulación de la economía pasa a estar sujeta a los objetivos de la satisfacción intergeneracional de las necesidades básicas y la (re)distribución, y no a la inversa (Vos, 1989). Es decir, la reproductibilidad de la vida tiene primacía sobre la acumulación de la economía. Al tener como centro la satisfacción de las necesidades básicas, se pone énfasis además en la producción con intensidad en mano de obra, en el ahorro a través de la seguridad social y en el ahorro de importaciones. Por tal razón, la tasa de acumulación requerida puede resultar menor que en otras estrategias de desarrollo.
8. Hacia una sociedad biocéntrica, libre de desigualdad y envidia
La sociedad liberal utilitaria ha tenido como fundamento de su existencia la depredación de la naturaleza por la acumulación; el egoísmo, como motivación de competencia; la desigualdad y la envidia como estímulos; la actividad pública -acción pública estatal o comunitaria- como coste y la responsabilidad como problema. Tal perspectiva ha partido de dos premisas: que no existen límites en la naturaleza, y que en el contrato social todos los ciudadanos parten de igualdad de condiciones; es decir, libres, iguales e independientes. El objetivo máximo en términos concretos ha sido aumentar el bienestar de la población, visto como el incremento de la suma agregada de los ingresos y gastos de los consumidores (¿ciudadanos?). La garantía del derecho estaba principalmente sujeta a la condición de trabajador formal con poder adquisitivo, como un medio para permitir la reproducción de la clase dominante, en donde la herencia juega un rol fundamental. A su vez, el modo de producción se ha caracterizado por un desigual acceso a la propiedad, pues los derechos a la propiedad otorgan a los propietarios el control del trabajo y de la producción, convirtiendo al trabajador en mero instrumento. La distribución de la riqueza -monetaria y, en el mejor de los casos, de los bienes primarios- se da por medio del mercado y el asistencialismo subsidiario de la política social. Estas son las características que dan cuenta de la Constitución de 1998.
El nuevo pacto de convivencia de la Constitución de 2008, el socialismo del sumak kawsay o biosocialismo republicano, recupera una ética biocéntrica de convivencia. No parte del principio del «velo de la ignorancia»; parte del hecho de la abismal desigualdad, exclusión y discriminación que existe en la comunidad política llamada Ecuador. En este sentido, una primera arista de la propuesta es reducir tales brechas a través de procesos de (re)distribución de los beneficios del desarrollo, asumiendo la falsedad de la «tesis de la abundancia», mediante el reconocimiento de la justicia intergeneracional y considerando como sujeto de derecho a la naturaleza. El nuevo pacto de convivencia parte del objetivo de buscar el Buen Vivir de los ciudadanos y colectivos -todos y todas sin discriminación alguna-, que no es viable si no se tiene como meta la garantía de los derechos de la naturaleza, la reducción de las desigualdades sociales, la eliminación de la discriminación, de la exclusión, y la construcción del espíritu cooperativo y solidario que viabilice el mutuo reconocimiento entre los «iguales diversos» en el marco de una bioestrategia de generación de riqueza.
La construcción de una sociedad igualitaria en la (bio)diversidad, basada en la solidaridad y la cooperación como ausencia de envidia, quizá es un objetivo mucho más loable para una sociedad que tiene como horizonte el recuperar el carácter político, solidario y gregario del individuo, en contraposición con el ser solitario y egoísta en que se basa la sociedad utilitaria del libre mercado. En este sentido, e l principio rector de la justicia relacionado con la igualdad en el marco del reconocimiento de la (bio)diversidad que aquí proponemos,
…tiene que materializarse (objetiva y subjetivamente) -en el lado negativo- por la eliminación de las desigualdades que producen dominación, opresión, indignidad humana, subordinación o humillación entre personas o territorios y -en el lado positivo- por la creación de escenarios que fomenten una paridad que viabilice la emancipación y la autorrealización de las personas y donde los principios de solidaridad y fraternidad (comunidad) puedan prosperar y con ello la posibilidad de un mutuo reconocimiento (o posibilidad de reciprocidad) entre los miembros y territorios de una sociedad (Ramírez, 2008: 32).
La cooperación y solidaridad se desarrollarán en la medida en que las partes interesadas sean conscientes de que en el futuro estarán ligadas por proyectos conjuntos, y que la consecución de tales proyectos es condición también de la autorrealización personal. Es decir, un pacto de convivencia en que las personas se reconozcan mutuamente. En tal medida, la búsqueda de una sociedad que participe en la construcción solidaria y cooperativa de un porvenir compartido es condición necesaria para la edificación de una sociedad más o menos libre de envidia.
L a posibilidad del mutuo reconocimiento supone la creación de una sensibilidad pública ciudadana/colectiva, que construya el deseo de querer vivir juntos porque como individuo reconozco el Buen Vivir de todos -incluidos otros seres vivos y también a las generaciones futuras- como parte de mi calidad de vida. Esto no significa vivir como idénticos, sino vivir como iguales, queriendo vivir juntos. He aquí la propuesta de convivencia del nuevo texto constitucional. ¡He aquí el gran reto de transformación de nuestra sociedad!
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__________ (2005). Reinventar la democracia, reinventar el Estado. Buenos Aires: CLACSO.
Sen, Amartya (2001). La desigualdad económica. México: Fondo de Cultura Económica.
__________ (1992). Nuevo examen de la desigualdad. Madrid: Alianza Editorial.
UNDP-UNEP (2008). Poverty and environment indicators . Cambridge : St. Edmund’s College.
[1] Se entiende por utilidad marginal el aumento en la utilidad total que produce la última unidad de ingreso que recibe cada persona. Dado que esta utilidad marginal es mayor en los pobres que en los ricos, se sostiene que debe existir redistribución.
[2] Rawls entiende por bienes primarios naturales aquellos cuya distribución original no está directamente bajo el control de las instituciones sociales, como la salud y los talentos personales. En cambio, los bienes primarios sociales serían «cosas que todos los hombres racionales quieren», e incluyen «renta y riqueza», «las libertades básicas», «libertad de circulación y de elección de ocupación», «los poderes y prerrogativas de los puestos y posiciones de responsabilidad» y «las bases sociales del respeto por uno mismo».
[3] En el período liberal utilitario (neoliberal), es necesario advertir que, en estricto sentido, la variable focal económica (utilitaria) tuvo supremacía sobre la parte liberal. Cuando había que elegir entre ambas perspectivas, la mirada económica utilitaria se imponía.
[4] Lo cual incluye también tomar en cuenta, además de las generaciones futuras, las generaciones históricamente excluidas. Por ello el Buen Vivir comprende no solo el bienestar subjetivo de carácter tangible, sino también el intangible. Por ejemplo el ocio y el disfrute del tiempo libre se consideran esenciales para una vida digna -esto se puede observar en los artículos 24, 66 y 383 de la nueva Carta Magna-.
[5] En el caso ecuatoriano, si pensamos en momentos históricos, podríamos especular que primero es necesario construir una sociedad post-neoliberal -primera etapa que están intentando vivir algunos países de América Latina-, luego un capitalismo popular o socialismo de mercado y finalmente un biosocialismo republicano.
[6] Si bien esta problemática se despliega a través del Estado, podría ser considerada post-estatal en la medida en que quizá no encuentre respuesta en los centros de gobierno (como lo demostró la última cumbre sobre cambio climático en Dinamarca), sino que se viabilizará a través de los movimientos sociales mundiales y del cambio de comportamiento de una ciudadanía con conciencia ambiental.
[7] L a compensación que pide Ecuador por dejar el crudo bajo tierra es un simple pretexto dentro de este marco, pues realmente se trata de un paso más grande que ir a la Luna: para que en cumbres ambientales o de cambio climático mundial se apruebe no solo el valor de disminuir la contaminación sino de evitar producirla, como muestra de un cambio de valores a escala mundial. La cumbre de Copenhague de 2009, claramente dio señales de que este cambio de valores está muy lejos: la búsqueda del poder global se superpone a la búsqueda de la sostenibilidad y la reproducción de la vida.
[8] Este concepto ha sido el punto de referencia a partir del cual se ha defendido la forma de distribución y asignación de las políticas públicas alrededor del mundo. Se dice de una distribución de riqueza que es «paretiano-preferida» cuando cualquiera de los individuos puede aumentar su utilidad sin disminuir la de ningún otro.
[9] No hay que olvidar que la estrategia tiene como fin el «Buen Vivir», cuyo eje constitutivo, este momento histórico, se manifiesta en la satisfacción de las necesidades básicas de las personas. En ese sentido, el primer paso para construir la sociedad del Buen Vivir es garantizar de una manera digna la reproducción de la vida con un horizonte intergeneracional.
[10] El Ecuador como biópolis no solo tiene que ver con la construcción de una nueva estrategia de acumulación y (re)distribución sino con la construcción del biosocialismo que se mencionó anteriormente. No obstante, tal situación no es viable si no existe una propuesta que se decante en acciones en las cuales la sociedad vea el beneficio y la diferencia de tal construcción.
[11] Para tratar la cuestión del «bioconocimiento» debemos recordar que se calcula que «más del 90% de la diversidad biológica que subsiste en el planeta se encuentra en las regiones tropicales y subtropicales de África, Asia y América del Sur. A esto hay que sumar el conocimiento que proviene de saberes indígenas. De las especies vegetales del mundo, más de dos tercios son originales de los países periféricos y semiperiféricos. Más de 7.000 compuestos medicinales utilizados por la medicina occidental son derivados del conocimiento de las plantas. Se puede concluir que a lo largo del último siglo las comunidades han contribuido significativamente a la agricultura industrial, a la industria farmacéutica y a la industria biotecnológica. […] Las multinacionales farmacéuticas, alimenticias y biotecnológicas se han apropiado de los conocimientos de nuestros pueblos con una inexistente o mínima contrapartida, procesando luego estas sustancias y patentando los procesos y, al mismo tiempo, sus productos (Santos, 2003: 146). El neodependentismo se sustenta, principalmente, por la colonización del saber y el conocimiento. En el marco de la integración regional es fundamental incentivar a que se produzcan espacios de diálogo que busquen producir y generar conocimiento relacionados con problemáticas de nuestros países para entrar a disputar incluso la forma epistemológica de construir dichos conocimientos.
[12] Para una efectiva sustitución de importaciones se sugiere incentivar principalmente el desarrollo de las siguientes industrias nacientes: petroquímica; bioenergía y biocombustibles (de segunda y tercera generación, que no comprometan la soberanía alimentaria ni la frontera agrícola); metalmecánica; biomedicina, farmacéutica y genéricos; bioquímica; hardware y software; y servicios ambientales como la compensación mundial por mantener crudo en tierra. Adicionalmente se asigna prioridad a actividades generadoras de valor agregado con importantes efectos en la generación de empleo y la satisfacción de necesidades básicas, tales como la construcción (con énfasis en vivienda social), alimentos, pesca artesanal, artesanía, turismo comunitario, textiles y calzado.
[13] Uno de los retos es vincular, sobre todo, la inversión pública necesaria para el país con el ahorro nacional.
[14] La producción, transferencia y consumo de energía debe orientarse radicalmente a ser ambientalmente sostenible a través del fomento de energías renovables y eficiencia energética.
[15] Se enfatiza en estas áreas porque el sistema de educación superior ecuatoriano carece de las suficientes carreras en estos ámbitos, y resulta más eficiente invertir a través de becas en el exterior, de repatriación de talentos ecuatorianos o de intercambio con profesores extranjeros que permitan consolidar más adelante las carreras que necesita las nuevas industrias del país, y que están asociadas en una siguiente fase con el bioconocimiento.
[16] Para que esto suceda se debe consolidar la inversión pública necesaria en el sector energético. La energía y la transformación del sistema de seguridad social podrían constituirse en el sustituto del petróleo como ingreso estatal para la inversión pública.
[17] Por cada 1% que se degrada la naturaleza, la pobreza crece en 0,26% (UNDP-UNEP, 2008: 9).