El proyecto de modificar la Constitución para establecer límites al déficit y la deuda públicos encierra muchas cuestiones y problemas que van desde las formas como pretende imponerse hasta los principios que ordenan nuestra sociedad, pasando por sus objetivos económicos. No es admisible que un Gobierno obligado a anticipar las elecciones, desahuciado en las urnas, […]
El proyecto de modificar la Constitución para establecer límites al déficit y la deuda públicos encierra muchas cuestiones y problemas que van desde las formas como pretende imponerse hasta los principios que ordenan nuestra sociedad, pasando por sus objetivos económicos.
No es admisible que un Gobierno obligado a anticipar las elecciones, desahuciado en las urnas, hundido en las encuestas y prácticamente en funciones se haya propuesto como última gran decisión de su legislatura emprender una reforma constitucional cuyos plenos efectos – límite del 0,4% del PIB en el déficit fiscal del conjunto de las Administraciones públicas según la Ley orgánica pactada entre PSOE y PP- se aplicará en 2020, si bien en lo inmediato y de modo continuo servirá de coartada legal para intensificar los recortes sociales.
Cabe preguntarse por las razones, o bajo que presiones, Merkel, Sarkozy y el BCE han acosado a Zapatero para convertirlo de repente en el alumno más aventajado del cumplimiento del «Pacto por el euro». Sabemos que la economía española por su enorme deuda exterior, pública y privada, está en quiebra, y eso constituye una debilidad extrema que condicionará de modo decisivo su futuro, pero esa debilidad no se corrige por elevar a rango constitucional la cuestión del déficit público y la deuda, en este caso pública, ya acumulada.
El primer gran tema económico de la propuesta, contener el déficit o limitarlo, rígidamente o con cierto grado de flexibilidad, no elimina el gran problema de la deuda exterior acumulada por el país, que en última instancia es el reflejo acumulado de un largo período de déficits de la balanza de pagos por cuenta corriente y de la inmersión del capitalismo español en la vorágine de la globalización financiera.
Ningún problema esencial queda resuelto con la reforma propuesta, la situación sigue siendo insostenible, agravada por las medidas de ajuste que impiden el crecimiento económico y alientan la recaída en recesión, conformando un escenario en el que la deuda exterior es impagable, hecho que los agentes que intervienen en los especulativos mercados financieros no ignoran, a pesar de las ocurrencias de última hora de Zapatero.
Por otro lado, la cuestión técnica de valoración del déficit estructural en un país con más de 8.000 Ayuntamientos, 17 Comunidades Autónomas y el Estado con sus múltiples Organismos Autónomos, con alfombras enormes en donde esconder la basura, con métodos de ocultación o de enmascaramiento muy desarrollados y sin control, convierten el aparente rigor cuantitativo de fijar un déficit de las Administraciones Públicas en una farsa, reiteradamente vivida.
En realidad, hay que concluir que si la reforma propuesta no tiene urgencia, no es necesaria, resulta inútil y es de complicado cumplimiento, ha de responder a otros objetivos políticos, que entendemos son: dar la máxima cobertura jurídica -la Constitución – a una política sistemática de recortes del gasto público y no dejar resquicio, ahora y en el futuro, para una política alternativa que dé prioridad a otros empeños.
El paro, realmente el más dramático problema del país, queda relegado a las exigencias del «Pacto por el euro» y las instrucciones de Alemania y Francia, y el promover desde la Constitución las reducciones del gasto público es legalizar el desmantelamiento del raquítico Estado del Bienestar.
Además, al margen de las tensiones que parece provocar en el seno del PSOE, el proyecto de reforma, bajo el impulso de Zapatero y el parabién de Rubalcaba, deja las manos libres al próximo gobierno del PP para profundizar las agresiones sociales hasta donde considere necesario e implica renunciar de antemano a ejercer la oposición. Éste es el último servicio que los gobiernos del PSOE rinden a la izquierda: dejarla destruida e inerme para defenderse de la derecha.
Las consecuencias de la reforma si se lleva a cabo van, no obstante, mucho más allá. Un país que ha entregado la soberanía de su política monetaria, que no tiene control alguno sobre sus relaciones económicas internacionales (al no existir fronteras ni limitación alguna para los intercambios de mercancías y servicios, y ser los movimientos de capital absolutamente libres), si se despoja también del manejo de la política fiscal implica abandonar toda intervención del Estado en el campo de la economía, anular el significado de la política y las ideologías, y dejar a la sociedad al albur de las despóticas fuerzas económicas.
Se rompe con ello el marco surgido de la Constitución de 1978, que recogía y amparaba el modelo de la economía social de mercado, y se transforma la naturaleza del proyecto de convivencia social emanado de la «transición», enterrándose el papel del Estado en la consecución de fines sociales y económicos que contiene dicha constitución.
La que parecía inmutable Constitución se va a reformar repentinamente, de forma «express», con nocturnidad y alevosía, para atender exigencias espurias. Con toda legitimidad se puede calificar el proyecto de reforma como un golpe de estado al orden constitucional vigente y al autogobierno de las nacionalidades históricas, del resto de comunidades autónomas y de la administración municipal.
Es explicable que crezca la indignación, pues la soberanía del pueblo ha sido burlada y la ciudadanía despojada de sus derechos. Los ciudadanos lo más que pueden, a partir de una ley electoral antidemocrática, es designar a un gobierno sin poder, secuestrado como está el país por el capital y las instituciones europeas.
El PSOE y el PP dejan a la sociedad inerme para afrontar cualquier situación difícil o dramática que pueda aparecer. La legalidad constitucional, en cualquier circunstancia, estará respaldando la inoperancia del Estado ante las desgracias que puedan sobrevenir a sus ciudadanos.
A partir de ahora referirse a la soberanía popular o a la constitución será un acto más de la impudicia de la inmensa mayoría de nuestros políticos. La degradación que ha sufrido la Constitución en los últimos tiempos es manifiesta, conculcándose el espíritu y su letra. Por voluntad del PSOE y del PP ahora se la entierra definitivamente.
SOCIALISMO 21 rechaza de modo absoluto la propuesta de reforma de la Constitución por contravenir sus aspectos sociales y económicos más progresistas y se suma con pleno compromiso a las numerosas demandas que exigen un referéndum vinculante de todos los ciudadanos y ciudadanas.
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