Los Centro de Internamiento de Extranjero son una auténtica aberración, al igual que Guantánamo, las prisiones marroquíes o afganas suponen un insulto a la moral, a los derechos más elementales del hombre y una flagrante vulneración de los derechos humanos. No hace falta mirar en la casa del vecino para echarse las manos a la […]
Los Centro de Internamiento de Extranjero son una auténtica aberración, al igual que Guantánamo, las prisiones marroquíes o afganas suponen un insulto a la moral, a los derechos más elementales del hombre y una flagrante vulneración de los derechos humanos. No hace falta mirar en la casa del vecino para echarse las manos a la cabeza y es que como dice un viejo proverbio chino «antes de iniciar la labor de cambiar el mundo, da tres vueltas por tu propia casa» nosotros también tenemos nuestro Guantánamo particular.
En primer lugar, quiero indicar que en los mismos se mantienen detenidos a personas que se encuentran en situación irregular en España, esto es, sin cumplir los pertinentes requisitos burocráticos que la legislación establece a los extranjeros para poder entrar y residir en España. Por lo tanto, privan de libertad a una persona bajo el precepto de asegurar una eventual sanción administrativa -la expulsión- impuesta como ya hemos referido no por la comisión de un delito, sino por una infracción de naturaleza administrativa.
Según lo expuesto, se podría deducir la vulneración del art. 25. 3 de la constitución «la Administración civil no podrá imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad». Sin embargo, no lo entendió así la Sentencia del TC 115/1987 que justifico dicho internamiento cuando fuera precedido de una resolución judicial, es decir, pese a ser un procedimiento de carácter administrativo el TC considera que no se vulneraría dicho precepto constitucional pues la decisión de internamiento la tomaría en todo caso un juez. Supone, desde mi punto de vista, un intento de legitimación y justificación de una medida de privación de libertad, que aunque tomada por un juez y no por la administración, se produce en personas que como ya hemos señalado no han cometido delito alguno.
Por otro lado, creo importante señalar la situación en la que se encuentran sometidas estas personas en los CIE y el trato al que se ven sometidos durante todo el trámite de expulsión. El informe realizado por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), señala la vulneración de derechos básicos, constatando: situaciones de tortura, ausencia de sistemas de identificación de los policías, zonas grises en el sistema de video-control, negativa a elaborar partes médicos o a la documentación de lesiones por parte del personal médico del centro o la imposibilidad de acceso directo del interno al juez o fiscal para expresar quejas o denuncia, entre otras. Podríamos seguir enumerando más casos de tratos degradantes e inhumanos, que podéis ampliar acudiendo al citado informe, pero creo que los ya citados nos puede configurar una idea general del nivel de incumplimiento que se están produciendo de derechos fundamentales como el art. 10 de la constitución «la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la Ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social» o el art. 5 de la declaración universal de derechos humanos «Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes».
A la luz de los argumentos esgrimidos, considero que se hace patente la continua vulneración que se están produciendo de derechos fundamentales con reconocimiento internacional y estatal, tanto por la propia situación de detención de personas que no han cometido delito alguno como por el trato y circunstancias tan lamentables que tienen que sopesar. Por último, me gustaría denunciar la actuación en política de extranjería que están llevando a cabo las autoridades estatales e internacionales, que nos están llevando a esta situación. Por ello, hago un llamamiento a la sociedad civil a la movilización pacífica en contra esta injusticia y en defensa de los derechos humanos fundamentales.
Juan Antonio Moreno González, estudiante de 5º curso de derecho en la UMA
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