Tras muchos de ejercer en medios de comunicación convencionales, el periodista valenciano Paco Simón dio un paso al frente para implicarse en la defensa de los derechos humanos en Colombia. Además de participar como voluntario en Brigadas Internacionales de Paz en territorio Colombiano, Simón forma parte del Colectivo Sur-Cacarica de apoyo a las comunidades en […]
Tras muchos de ejercer en medios de comunicación convencionales, el periodista valenciano Paco Simón dio un paso al frente para implicarse en la defensa de los derechos humanos en Colombia. Además de participar como voluntario en Brigadas Internacionales de Paz en territorio Colombiano, Simón forma parte del Colectivo Sur-Cacarica de apoyo a las comunidades en resistencia. También ha realizado un libro y documental -«Volver a Nacer»- sobre el genocidio político de la Unión Patriótica. Después de los años, conserva el nervio periodístico para analizar la imagen que los medios trasladan de Colombia: «Una imagen falsa, basada en la idea de que Colombia es una democracia estable sólo alterada por la acción de la guerrilla y el narcotráfico», afirma
¿Cuál es, a tu juicio, la fotografía que los medios convencionales suelen ofrecer de la realidad colombiana?
Presentan a Colombia como una democracia estable, incluso la más antigua del continente, e insisten en que, si no es del todo solvente, se debe únicamente a dos lacras: la guerrilla y el narcotráfico. Pero esto es una falacia. Según los informes de derechos humanos de las ONG y las agencias de Naciones Unidas, el estado colombiano es responsable, a través de fuerzas de seguridad y grupos paramilitares, de la muerte y secuestro de miles de personas. También de mantener a casi el 50% de la población en la pobreza. De hecho, Colombia es actualmente el país más desigual de América del Sur, incluso más que Brasil, y uno de los países con mayor «brecha social» del mundo.
¿Qué imagen ofrecen los medios de la acción guerrillera?
Aparecen en los medios de comunicación supuestas acciones de la guerrilla realizando atrocidades, que realmente han perpetrado miembros del ejército o grupos paramilitares. Pero siempre se achacan los atentados a la guerrilla o al narcotráfico. Trasladan la idea de una guerrilla loca y extremista, y de un conflicto armado vinculado al problema del tráfico de drogas. Colombia es, siguiendo con los prejuicios, el país de la coca. Pero no citan los informes de Naciones Unidas de los años 2010 y 2011, en los que se afirma que casi 4.000 miembros de las fuerzas de seguridad están siendo investigados por el asesinato de más de 3.000 personas. Es el escándalo de los «falsos positivos» y de las masivas ejecuciones extrajudiciales.
¿Consideras que hay algún medio que sea la excepción que confirma la regla?
A mi juicio, el único medio que se salvaba era «Público», pero me refiero, quiero matizar, al tratamiento de la realidad colombiana, no a la del conjunto de América Latina. «Público» informaba de modo bastante ecuánime sobre las víctimas del conflicto en Colombia. Señalaba, por un lado, las víctimas de la guerrilla, pero también el caso del DAS y los «falsos positivos» o las acciones criminales del ejército y los grupos paramilitares. Y los condenaba con la misma energía. El resto de los medios de comunicación sólo informan de lo más llamativo, además de reproducir la versión oficial sobre los hechos del estado colombiano.
¿Y en cuanto al grupo PRISA?
No hay que olvidar que PRISA es la compañía propietaria de Caracol Radio, una de las emisoras más relevantes de Colombia. Hemos de recordar también que fallecido Jesús de Polanco fue condecorado por el expresidente Uribe o las reuniones del Consejo de Administración de PRISA celebradas en Bogotá. La conclusión resulta obvia. El País y el resto de medios de la cadena defienden siempre al estado colombiano, y pintan, por tanto, un país amenazado por narcotraficantes y las guerrillas terroristas.
¿Qué visión dan los medios de los dos últimos presidentes de Colombia, Uribe y Santos?
Los medios, incluso «Público» en la última época, dicen que con Santos han cambiado las cosas. Destacan que el actual presidente ha destapado escándalos de corrupción y violación de los derechos humanos de la época de Uribe, que incluso han llevado a prisión a algunos ministros de éste. El objetivo de Santos es venderse a la opinión pública como el centro moderado, mientras que Uribe representaba, según esta tesis, a la extrema derecha. Pero lo que hay en el fondo de esta maniobra es puro gatopardismo: nada cambia realmente. En 2011, con Santos en el poder, han sido asesinados 49 defensores de los derechos humanos en Colombia. Uribe fue un instrumento de la oligarquía para enfrentarse a la guerrilla, pero consideraron que «se le fue la mano» tras escándalos como el de los «falsos positivos». La oligarquía pensó entonces que era necesario mejorar la imagen externa del país.
¿Qué camino debería recorrer la prensa alternativa en la información sobre Colombia?
Si no fuera por el trabajo de la prensa alternativa, no se conocería la realidad del país. Además de informar, medios como Rebelión, Kaos en la Red, Diagonal o Crónica Popular dan la voz a las víctimas para que cuenten lo que pasa en Colombia. Estos medios suelen recurrir a periodistas que conocen los hechos de primera mano, activistas o defensores de los derechos humanos que han estado en el país, frente a los teletipos de agencia de los que se nutren los medios convencionales. Estos medios hablan de muertos pero sin explicar la raíz de los hechos. Hay muchos ejemplos de ello.
Además de periodista, te has implicado activamente en la defensa de los derechos humanos en Colombia. ¿Cuál ha sido tu recorrido?
Hace más de doce años que empecé en las brigadas internacionales de solidaridad, acompañando a defensores de los derechos humanos que sufrían amenazas en el Magdalena-Medio y en Urabá, dos de las regiones más conflictivas. Después colaboré con «Reiniciar», una ONG colombiana que trabaja en la denuncia del genocidio político de la Unión Patriótica. He estado muchas veces en Colombia como miembro de la organización Sur-Cacarica en labores de acompañamiento. También en el juicio contra la cúpula del DAS. Con el Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS) participé en la campaña de Evo Morales en Bolivia (2005) y en la del Polo Democrático Alternativo en Colombia (2006).
Por último, ¿Qué labor desarrolla el colectivo Sur-Cacarica, en el que participas actualmente?
Lo más destacable es el apoyo a las comunidades en resistencia frente a la guerra y el apoyo a la población civil que es víctima de la misma. Trabajamos en las comunidades de paz de San José de Apartadó, Cacarica, Curbaradó y Jiguamiandó, todas ellas ubicadas en la región de Urabá. Estas comunidades nacen después que la población campesina abandonara sus territorios a mediados de los 90 por la presión de ejército y paramilitares; se refugiaron en los pueblos cercanos; después volvieron a su región de origen, donde se declararon al margen del conflicto armado. Son las comunidades de paz. Pero esta neutralidad ante el conflicto no implica inhibición política. Al contrario, siguen denunciando y recibiendo agresiones de grupos armados.
¿A pesar del apoyo de ONG internacionales?
En efecto. La primera Comunidad de Paz constituida en Colombia es la de San José, en 1997. De las 1.200 personas que empezaron en la comunidad, 200 han sido asesinadas. La masacre más brutal se produjo en el año 2005, cuando resultaron asesinados 8 personas (4 de ellos menores de edad) de la comunidad a machetazos y garrotazos. El gobierno de Álvaro Uribe acusó de esta acción a las FARC. Con el tiempo, se demostró que militares y paramilitares perpetraron los atentados de manera conjunta. De hecho, hay ya un militar condenado por los hechos y varios procesados.
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