Las medidas para la reestructuración de la deuda hipotecaria fueron excluyendo de una solución negociada, en base a los duros requisitos exigidos, a muchas familias españolas que habían firmado hipotecas en el período 2004-2006, el más álgido de la burbuja inmobiliaria… …Las contratadas por encima de los 200.000 euros, en municipios de más de un […]
Las medidas para la reestructuración de la deuda hipotecaria fueron excluyendo de una solución negociada, en base a los duros requisitos exigidos, a muchas familias españolas que habían firmado hipotecas en el período 2004-2006, el más álgido de la burbuja inmobiliaria…
…Las contratadas por encima de los 200.000 euros, en municipios de más de un millón de habitantes, no tuvieron la más mínima oportunidad. Las duras condiciones fueron publicadas en el BOE. «A cerca de 400.000 familias con dificultades para pagar la cuota se les ha negado una solución negociada», explica el economista Adrià Alemany, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. «Hablamos de familias que se juegan la subsistencia y que, además de estar angustiadas, deben soportar la postura arrogante de algunas entidades», subraya Alemany. Este es el listado de las entidades que se sumaron a la norma promulgada por el Ministerio de Economía.
Para el portavoz de los afectados el Código de Buenas Prácticas ha tenido un efecto perverso. «No sólo ha facilitado la dación en pago, reconocida en países como Francia en la Ley de la segunda oportunidad, sino que, desgraciadamente, ha bloqueado muchas negociaciones que podían haber llegado a buen puerto». Desde la plataforma censuran la opacidad informativa. Únicamente les llegan informes del Consejo General del Poder Judicial, en los que no se aclara si las ejecuciones hipotecarias corresponden a locales o viviendas. «Al menos en el 80% de los desahucios practicados hay menores», asegura Alemany. Después de tres años bregando con un tema tan duro le queda la esperanza de que se van ganando ‘pequeñas batallas’. Las sentencias favorables pueden verse aquí.
Conseguir medió millón de firmas para que, ante una ejecución hipotecaria, las personas puedan liquidar su deuda con la entrega de la vivienda y volver a empezar de nuevo, es el reto planteado por lospromotores de la Proposición de ley que debe regular la dación en pago, paralizar los desahucios y facilitar el alquiler social. El próximo 31 de octubre finaliza el plazo. «En julio pasado teníamos 300.000 firmas y superaremos de sobra el medio millón. Pedimos, además, que se facilite una bolsa de viviendas de alquiler social de las destinadas a engrosar el banco malo», explica Aurora Huerga Barquín, secretaria de vivienda y política social de CC.OO de Catalunya.
El grupo promotor de la ILP está formado por CCCO, la CEAV (Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales), EAPN-ES (Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión social), el Observatorio de los Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC), la Plataforma de Afectados por las Hipotecas y la UGT. En primavera empezó oficialmente la recogida de las 500.000 firmas necesarias en todo el Estado para que la ILP sea admitida en el Congreso de los Diputados, pero el grupo promotor espera recoger muchas más, debido al clamor social creciente ante el aumento de los desahucios. Entre 2007 y 2011 se realizaron más de 350.000 ejecuciones hipotecarias, según datos del Consejo General del Poder Judicial. A la cabeza se encuentran Andalucía (68.053), Cataluña (65.670) y la Comunidad Valenciana (65.220).
Esta ILP propone un cambio en la legislación hipotecaria con el fin de regular la dación en pago -el objetivo es que con la entrega de la vivienda se cancele la deuda hipotecaria- con efecto retroactivo. También pretende la paralización de los desahucios y la promoción del alquiler social. El objetivo es acabar con las vidas hipotecadas que tanto sufrimiento lleva a muchas familias. Otra ILP, referida a laretirada de la reforma laboral, duerme el sueño de los justos en el hemiciclo.