La reforma anunciada para poner fin «al drama de los desahucios» no incluye la dación en pago y se centra en aliviar los casos extremos. Tres años de medidas con escaso efecto sobre los desahucios Las nuevas medidas para el alquiler: Paisaje de mercado con gente al fondo, por Raquel Rodríguez La Ley Hipotecaria española […]
La reforma anunciada para poner fin «al drama de los desahucios» no incluye la dación en pago y se centra en aliviar los casos extremos.
Tres años de medidas con escaso efecto sobre los desahucios
Las nuevas medidas para el alquiler: Paisaje de mercado con gente al fondo, por Raquel Rodríguez
La Ley Hipotecaria española permanecerá sin cambios. La norma data de 1909 y da a la banca el poder de reclamar el pago de la deuda, con intereses de mora, a quien haya perdido su hogar debido al impago de la hipoteca. El ministro de Economía y Finanzas, Luis de Guindos, ha argumentado que la dación en pago -por la que se salda la deuda con la entrega del piso- ya está previsto en el código de buenas prácticas acordado por el Gobierno y la mayoría de las entidades financieras, y que por lo tanto no debía entrar en el real decreto con medidas urgentes sobre los desahucios que el consejo de ministros ha aprobado la mañana del jueves.
Las medidas anunciadas por de Guindos prevén una moratoria de dos años en el pago de la hipoteca, y además con condiciones: podrán acceder a ella los hogares que ingresen menos de tres veces el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM) (ahora mismo 19.200 euros anuales) y cuya cuota hipotecaria suponga más de la mitad de sus ingresos. Y sólo si además se encuentran en al menos una de las siguientes circunstancias: no tener otro piso en propiedad, ser familia monoparental con dos hijos, numerosa o con algún miembro con un 33% de discapacidad, que los titulares de la hipoteca se encuentran en paro sin prestación o un miembro sea víctima de violencia de género. el Real Decreto sólo cubriría a aquellos procedimientos de ejecución hipotecaria abiertos después de su publicación, es decir, deja fuera a los cerca de 400.000 existentes.
Ada Colau, una de las portavoces de la PAH de Barcelona, ha definido las medidas como «un insulto» a los hogares afectados. En declaraciones a Europa Press, Colau ha considerado «completamente absurdo» que el real decreto se plantee la moratoria sólo para determinados grupos de hipotecados. «Es como poner a los pobres a competir entre ellos a ver quién es más desgraciado», ha opinado.
Además, el Ejecutivo prevé la creación de un parque público de viviendas para el realojo de hogares desahuciados. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha declarado que la renta mensual de estos pisos sería «baja y razonable» y no ha detallado nada más en relación con este anuncio. Las medidas llegan después de que haya aumentado la alarma social por la situación de los desahucios debido al aumento de movilizaciones de los afectados y al impacto mediático de los recientes suicidios relacionados con el conflicto.
El IPREM, hijo del desencuentro entre Solbes y Caldera
por José Luis Schumpeter
El Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples es un hijo de la etapa del neoliberal Pedro Solbes al frente del ministerio de Economía durante el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. O más bien del desencuentro de éste con el socialdemócrata Jesús Caldera, en ese momento ministro de Trabajo. El programa electoral de Zapatero incluía la subida gradual del salario mínimo, algo que a Solbes no le hacía demasiada gracia. No tanto porque éste aumento fuera a suponer ningún impacto sobre el empleo (algo que sostienen sin fundamento científico los economistas neoliberales, y ademas éstos lo saben) sino porque el salario mínimo era la referencia por la que se medía el acceso a ayudas sociales no salariales (por ejemplo, de vivienda). Por tanto, si el compromiso adquirido por Caldera con los sindicatos de concertación era aumentar el salario mínimo, adelante, pero ello no debía afectar al resto de políticas sociales.
Así nació el IPREM, en la práctica un indicador de renta desvinculado del alza del Salario Mínimo Interprofesional. Si Solbes no hubiera impuesto su creación en 2004, el techo de medidas como la anunciada por de Guindos sería hoy más alto: en vez de 19.200 euros de ingresos anuales de máximo para poder acceder a la moratoria en el pago de la hipoteca, estaríamos hablando de 23.076 euros, resultado de multiplicar por tres el actual salario mínimo congelado y luego de nuevo por doce para hacer el cómputo anual. Gracias, señor Solbes.
Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/El-Gobierno-no-modifica-la-Ley.html