Ignacio López del Hierro vuelve a ser noticia. Todo, gracias a Greenpeace y su informe sobre «los intereses privados detrás de la reforma de la Ley de Costas» impulsada por Miguel Arias Cañete. La organización ecologista destaca la coincidencia en los caminos profesionales del ministro de Medio Ambiente y del marido de la presidenta de […]
Ignacio López del Hierro vuelve a ser noticia. Todo, gracias a Greenpeace y su informe sobre «los intereses privados detrás de la reforma de la Ley de Costas» impulsada por Miguel Arias Cañete. La organización ecologista destaca la coincidencia en los caminos profesionales del ministro de Medio Ambiente y del marido de la presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. Ambos han tenido cargos de responsabilidad en la empresa Bami Newco. Cañete como consejero; López del Hierro como vicepresidente. Tras la polémica que se desató el pasado marzo con la decisión de Red Eléctrica de fichar al marido de Cospedal, que rechazó el cargo a las pocas horas, López del Hierro ha visto ahora cómo su nombre aparece en un informe de Greenpeace sobre la ‘Amnistía a la destrucción’ que supone la Ley de Costas. Un texto dónde los ecologistas acusan al ministro de Medio Ambiente de beneficiar a diversas empresas con esta normativa.
Aunque el programa electoral del Partido Popular para las elecciones generales de 2011 no contemplaba, ni siquiera insinuaba, la reforma de la Ley de Costas, eran varios los pronunciamientos de miembros de este grupo que afirmaban que se pretendía reformar la Ley.
Y entonces recordamos estas declaraciones de la alcaldesa Rita Barberá en 2010:
«Evidentemente hay unas elecciones generales más o menos cercanas, máximo dos años, no llega»…»yo creo que habría que luchar para tener una moratoria (sobre la aplicación de la Ley de Costas) para que cada partido se moje en su programa electoral, qué hace con las competencias en el litoral para que se comprometan públicamente negro sobre blanco en su programa electoral». Declaraciones de Rita Barberá, alcaldesa de Valencia en verano de 2010 al presentar la campaña «Yo sí apoyo a los chiringuitos».
Poco después de las elecciones generales de 2011 y una vez conformado el equipo de Gobierno, Rajoy fusiona varias carteras ministeriales y nombra al frente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a un viejo conocido del litoral, el Sr. Miguel Arias Cañete. Repetía Arias Cañete en el puesto ya que fue también ministro durante el segundo mandato de José María Aznar (2000-2004).
Greenpeace ha desarrollado una investigación que destaca los posibles intereses privados del PP y los posibles beneficiarios a esta peculiar reforma. Durante el periodo 2004-2011, Cañete ha repartido su tiempo y sus intereses entre el Congreso de los Diputados y sus negocios privados en sectores varios. Las relaciones de Arias Cañete con el mundo empresarial no son ajenas a la opinión pública. Muchas cosas se han escrito sobre el amplio patrimonio del ministro, pues Cañete es de los diputados con mayor patrimonio. Tiene importantes acciones en la petrolera Ducar S.L. y en Petrologis Canarias S.L. Por otro lado, la relación con promotoras, inmobiliarias e inversiones similares, tampoco le es ajena. Arias Cañete también ha sido consejero de empresa relacionadas con el ladrillo.
Pero quizás, el ministro Arias Cañete no destaca por cuánto patrimonio posee sino «por lo que tiene», es decir, acciones en empresas contaminantes como petroleras y relaciones muy estrechas con el mundo inmobiliario. Estos aspectos le señalan como un ministro con una «peculiar» sensibilidad ambiental. Para el PP la Ley de Costas va a ser una herramienta más parecida a la regularización del suelo urbano y de bienes inmobiliarios. Esta peculiar visión del Partido Popular queda reforzada con lo que declaró Arias Cañete cuando presentó el proyecto de Ley, el 5 de octubre en Consejo de Ministros: sobre los cambios en la Ley expresó que «tienen que mejorar la confianza de los inversores extranjeros y permitir dar salida al stock de vivienda que muchas veces, por la imagen de España de inseguridad jurídica, lleva a frenar las inversiones en el litoral» .
Y aquí es donde subyace el quid de la cuestión. La costa es una parcela muy jugosa para el desarrollo de actividades empresariales y donde, a espaldas de la normativa medio ambiental, se han construido urbanizaciones e industrias. Para algunos la Ley de Costas no debe ser un escollo. Detrás del proyecto de reforma de Ley de Costas hay viejos conocidos del PP que han pedido o colaborado directamente para convertir esta normativa en un texto alejado de la protección ambiental. Veamos algunos ejemplos.
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