La Assemblea per les Llibertats i contra la Repressió, que agrupa a 50 organizaciones sociales, políticas y sindicales del País Valenciano así como a personas afectadas, ha anunciado hoy en rueda de prensa que se presentará a primeros de febrero una querella colectiva contra la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Paula Sánchez de […]
La Assemblea per les Llibertats i contra la Repressió, que agrupa a 50 organizaciones sociales, políticas y sindicales del País Valenciano así como a personas afectadas, ha anunciado hoy en rueda de prensa que se presentará a primeros de febrero una querella colectiva contra la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Paula Sánchez de León, y los mandos policiales y agentes que participaron en la represión del movimiento estudiantil durante la denominada «primavera valenciana», en febrero de 2012.
Los motivos en los que se basa la querella, que interponen tanto afectados como entidades que les prestan apoyo, es la supuesta prevaricación, abuso de poder, lesiones, vejaciones y coacción, entre otros, por las cargas policiales y detenciones practicadas durante las protestas estudiantiles. De este modo, la Asamblea confía en que se sustancien las responsabilidades penales por los hechos, en el escalón más alto (los cargos de responsabilidad política y policial), pero también de los agentes individuales (200 policías han sido identificados por el número de placa).
La querella se presenta después que el Juzgado de Instrucción número 6 de Valencia archivara, en junio de 2012, la denuncia presentada por 23 organizaciones para la investigación y depuración de responsabilidades por la actuación policial. El recurso de apelación contra el archivo también fue desestimado, en diciembre de 2012, por la Audiencia Provincial, con los argumentos de que los colectivos denunciantes no eran parte directamente perjudicada por los hechos, y que no existían indicios de delito en la actuación de la policía.
Una de las abogadas de la Asamblea, Fabiola Meco, ha criticado esta argumentación por ir en contra del artículo 259 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que obliga a los ciudadanos a denunciar cualquier delito; además, recuerda la abogada, «lo el juez tiene la obligación de investigar cualquier denuncia, «lo que no ha hecho en este caso». «Esto es lo más grave, que ni siquiera se haya abierto una investigación para comprobar los hechos denunciados», remata.
Además de la reivindicación a pie de calle, la Assemblea per les Llibertats i contra la Repressió presta asesoramiento legal y defensa jurídica gratuita a personas afectadas por diferentes causas desde febrero de 2012 (cuando nació la plataforma): protestas estudiantiles, huelga general del 14-N, huelgas de estudiantes, acciones en entidades bancarias, Yayoflautas o «Intifalles», entre otras.
El balance es de 116 personas sancionadas administrativamente, con multas (derivadas de identificaciones policiales) que, en la mayoría de los casos, ascienden a 300 euros (100 euros en el caso de los menores). En un comunicado, la Asamblea anuncia la presentación en febrero de un recurso contencioso administrativo contra estos procesos sancionadores.
En la vía penal también se ha abierto proceso judicial a 41 personas por diferentes motivos (en 9 de los cuales se ha declarado el sobreseimiento y en los 32 restantes, continúa la tramitación). Por otra parte, en 7 procesos la Assemblea per Les Llibertats i contra la Repressió está personada como denunciante.
Sobre los argumentos en los que se sustentan las denuncias, Fabiola Meco asegura que «son siempre los mismos: supuestos atentados contra la autoridad, agresiones, insultos y actos de desobediencia, entre otros; pero no se aportan pruebas en los procesos judiciales», de ahí que haya tribunales que archiven las denuncias. En definitiva, «lo que pretenden es amedrentar a la gente para que deje de reivindicar sus derechos», asegura la letrada.
Por lo demás, ¿Se limita la represión en el País Valenciano a los sucesos de la protesta estudiantil de hace un año? Según una nota de prensa hecha pública por la plataforma, la represión se mantiene ante cualquier acción que cuestione en la calle los recortes en las libertades y los derechos sociales. Esto se aprecia «en las identificaciones indiscriminadas por la policía; en las numerosas e injustificadas denuncias de los agentes a manifestantes por delitos y faltas (se les acusa de supuestos desórdenes públicos, desobediencia y atentado a la autoridad); y en la falta de identificación de la policía en sus actuaciones», agrega el comunicado.
Almudena, miembro de la asamblea y de la Asociación de Estudiantes de Secundaria, ha insistido en ese discurso: «una año después de la «primavera valenciana», la represión ha incrementado»; ha pedido, además, que los abusos de autoridad «sean juzgados y depurados, pero esto no sucederá durante el mandato de este gobierno, formado en buena medida por elementos franquistas».
La plataforma también recuerda que no se ha producido hasta el momento ninguna depuración de responsabilidad política ni jurídica, «aunque Valencia y todo el mundo fueron testigos de la contundente barbarie y de la represión ejercida por las fuerzas de seguridad del estado, a las órdenes de la delegada del Gobierno y el jefe de la policía, contra los estudiantes».
Ante estos hechos, la Assemblea per les Llibertats y contra la Repressió ha convocado una manifestación para el próximo 15 de febrero (desde la plaza de San Agustín hasta la Delegación del Gobierno), coincidiendo con el primer aniversario de la «primavera valenciana». También se prepara un concierto para esas fechas y diferentes actos por parte de las organizaciones sociales. Porque, según Manolo Colomer, miembro de la plataforma, «continuaremos denunciando las continuas agresiones a los derechos civiles y las libertades que se impulsan desde el Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno; no cesaremos en la defensa de los que luchan sin parar contra las continuas agresiones de un sistema político que nos condena a una regresión sin precedentes».
Por otra parte, ayer tuvo lugar en la Ciudad de la Justicia de Valencia, una concentración para rechazar la actuación policial del pasado 24 de enero, que se saldó con tres personas detenidas, con motivo de la marcha convocada por el Kolectivo SOS Parque Alcosa, la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, Discapacidad en Lucha y la plataforma de Apoyo a la Ley de Dependencia, que partió del Parque Alcosa (barrio de Alfafar) y finalizó en la Generalitat Valenciana. Durante el juicio, los tres detenidos testimoniaron haber sufrido golpes dentro de los furgones policiales. Los organizadores de la marcha afirman, en nota de prensa, su «indignación por el intento de criminalizar a las personas más jóvenes» que evidencian estos hechos.
La marcha tenía como objetivo protestar por los impagos de la Generalitat Valenciana así como reivindicar la dignidad de las personas dicapacitadas y los mayores; el «derecho a techo», el derecho a decidir, los derechos humanos y la solidaridad con la huelga de hambre que el día anterior iniciaron un trabajador y una usuaria del centro ocupacional «Los Silos», de Burjassot, frente a la Conselleria de Bienestar Social, «por la asfixia económica que los impagos de la Generalitat está causando a los centros de discapacitados», se asegura en un comunicado.
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