Son frecuentes las denuncias sobre el funcionamiento irregular y mucho veces injusto de nuestro sistema judicial, unas veces por el posicionamiento claramente sesgado de los jueces, y otras por los favoritismos del gobierno, como los recientes casos de indultos. Casi todas ellas suelen referirse a asuntos nacionales, de ahí que vale la pena recordar algunos […]
Son frecuentes las denuncias sobre el funcionamiento irregular y mucho veces injusto de nuestro sistema judicial, unas veces por el posicionamiento claramente sesgado de los jueces, y otras por los favoritismos del gobierno, como los recientes casos de indultos. Casi todas ellas suelen referirse a asuntos nacionales, de ahí que vale la pena recordar algunos casos de procesos penales de proyección internacional en los que nuestro sistema judicial ha tenido un papel importante.
El primero de ellos es el de Remedios García, quien durante cuatro años fue considerada «terrorista internacional» por nuestro sistema judicial -y por supuesto toda la coreografía mediática-. A Remedios le acusaron de ser el eslabón que uniría una operación terrorista conjunta nada menos que de las FARC, ETA y el Gobierno de Venezuela, en un proceso judicial que finalmente se quedó en nada. Cuatro años después de que el juez Baltasar Garzón ordenara su detención en julio de 2008 resulta que no hubo una sola prueba para incriminarla, por lo que al final no hubo ni juicio. Durante ese tiempo se quedó sin trabajo, sin vivienda, sin ingresos, sin libertad de movimiento y sin derecho al honor y a la propia imagen. El Juzgado de Instrucción nº 5 de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional resolvió el pasado 3 de septiembre el levantamiento de todas las medidas cautelares que pesaban sobre ella: devolución de su pasaporte, anulación de la prohibición de abandonar el territorio nacional, la devolución de la fianza impuesta tras su detención y el fin de la obligación de comparecer semanalmente ante el juzgado.
Mientras Remedios sufría ese vía crucis, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional anuló la extradición del empresario de origen egipcio Hussein Salem Fawzi que la Audiencia Nacional decidió aprobar en marzo de 2012 tras haber sido detenido en junio de 2011. Salem, amigo personal de Hosni Mubarak, está reclamado por el gobierno egipcio por delitos de malversación de fondos públicos, corrupción o enriquecimiento ilícito, causando un daño a los fondos públicos de la República Árabe de Egipto de 714 millones de dólares. Entre sus propiedades en España, se encuentran dos chalés en la exclusiva urbanización madrileña de La Moraleja, valorados en siete millones de euros; siete pisos y plazas de aparcamiento en la urbanización Río Verde de Marbella (Málaga), valorados en tres millones de euros; cinco vehículos de lujo; y 18,4 millones de euros en productos financieros. En total, alrededor de 28 de millones. Pero Hussein Salem tuvo la brillante idea de sacarse la nacionalidad española, algo nada difícil para un egipcio si dispone de ese patrimonio, y ahora, por ese motivo, el Tribunal Constitucional ha anulado su extradición debido a que al ser ciudadano español no puede ser entregado a Egipto, al igual que sus hijos, también reclamados en su país de origen acusados de testaferros de numerosos delitos.
El último caso tuve oportunidad de conocerlo de primera mano en Gaza. En 2009, la Audiencia Nacional acepta una demanda por delitos contra la humanidad contra el ministro de Defensa israelí y seis mandos militares por la masacre de quince palestinos, once de ellos niños, en el barrio gazatí de Al Daraj, en 2002. Todos ellos mueren al caer sobre su casa una bomba de una tonelada lanzada por un avión israelí, lo que supone un crimen contra la humanidad según la legislación internacional. Los tribunales españoles son competentes para investigarlo en virtud del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que establece que «será competente la jurisdicción española para conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse, según la ley penal española, como alguno de los siguientes delitos: genocidio, terrorismo y cualquier oro que, según los tratados o convenios internacionales deba ser perseguido en España». Al día siguiente de conocerse el auto, el entonces ministro de Exteriores español, Miguel Ángel Moratinos, hace dos cosas: Pide disculpas a la ministra de Asuntos Exteriores de Israel en una rueda de prensa y, a continuación, promete cambiar la ley. Efectivamente ese apartado desaparece con la reforma de la ley que hace el gobierno español con el apoyo de PSOE, PP, CiU y PNV, y el juicio contra la cúpula militar israelí se esfuma.
Si ya sabíamos cómo era nuestra (in)Justicia en los casos interiores, estos ejemplos ayudan a conocer también cómo actúa cuando miran fuera de casa.
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