Centenares de personas ocuparon ayer la sede del BBVA en Barcelona, situada en la céntrica plaza de Catalunya. Exigen que se abra una negociación colectiva que permita dar solución a las familias en peligro de desahucio por hipotecas firmadas con el banco. Su acción se enmarca en el incremento progresivo de la presión sobre las […]
Centenares de personas ocuparon ayer la sede del BBVA en Barcelona, situada en la céntrica plaza de Catalunya. Exigen que se abra una negociación colectiva que permita dar solución a las familias en peligro de desahucio por hipotecas firmadas con el banco. Su acción se enmarca en el incremento progresivo de la presión sobre las entidades financieras que está llevando a cabo la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) para forzar a las entidades a negociar la dación en pago para todos los afectados.
El BBVA se comprometió a responder en un mes a 232 hogares amenazados de desahucio.
A finales del mes pasado, la plataforma entregó en el Congreso más del medio millón de firmas necesarias para tramitar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que reclama, como «medidas de mínimos», la dación en pago retroactiva, la moratoria inmediata de todos los desahucios de vivienda habitual y la promoción de un parque de viviendas de alquiler social cuyo coste no supere el 30% de los ingresos del núcleo familiar que se instale en ellas. La pelota está ahora en el tejado de los parlamentarios, pero los activistas afirman ser conscientes de la necesidad de aumentar la presión para forzar a que se apruebe la ILP.
El próximo 16 de febrero, la PAH ha convocado manifestaciones en todo el Estado para exigir que se aprueben las demandas incluidas en la ILP. Sin embargo, el proceso puede quedar en suspenso ya días antes. El próximo martes, los grupos parlamentarios deberán pronunciarse sobre la admisión a trámite de la ILP, y el Partido Popular ya ha dejado entrever que se opondrá. «No compartimos la visión que han planteado ni cómo la han planteado. Tenemos una visión alternativa, hemos aprobados dos reales decretos, estamos tramitando un proyecto de ley y habrá novedades, y en principio no parece que vayamos a tomar en consideración la iniciativa», declaró el portavoz del PP, Alfonso Alonso. Sí votarán a favor el PSOE, los partidos de Izquierda Plural (IU, ICV, CHA); ERC; el BNG y la mayoría de los partidos del Grupo Mixto (Amaiur y Geroa Bai).
Pero el veto del PP y su mayoría parlamentaria bloquearán la tramitación de la iniciativa. La Plataforma, como avanzó esta semana su portavoz, Ada Colau, durante su comparecencia en la comisión de Economía del Congreso, girará entonces el foco de las protestas hacia los diputados que se opongan. «Los ciudadanos señalarán en la calle» a quienes no apoyen las medidas, aseguró Colau.Video PAH
La policía desaloja la ‘Acampada Bankia’
Tras 108 días en pie, el campamento de la plaza de Celenque de Madrid frente a la sede de Bankia fue desmantelado ayer de madrugada por la Policía Nacional. La protesta clamaba por los desahucios ejecutados por esta entidad bancaria, que según los cáculos del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) recibirá 13.000 millones de euros del erario público para su refinanciación.
El desalojo se produjo sin incidentes. Poco antes las 5 de la madrugada llegaron decenas de policías que han comenzado a desmontar el campamento. Un camión de limpieza se llevó los colchones, mantas, mobiliario y pancartas que había frente a la sede bancaria. Según el testimonio de una de las personas acampadas, los agentes les comunicaron que solo pretendían retirar «algunos cartones», pero finalmente lo retiraron todo.
La ‘Acampada Bankia’ había comenzado en octubre pasado, cuando una mujer comenzó una huelga de hambre frente a la oficina de la entidad después que esta le comunicase que iba a desahuciarla. A su protesta se sumaron posteriormente decenas de ciudadanos.
Las personas con impagos de alquiler, señaladas
El Gobierno ha anunciado esta semana que creará un Registro de Sentencias firmes de impagos de rentas de alquiler, una lista de morosos donde se recogerán los datos de todos los ciudadanos que hayan sido condenados por haber incumplido sus obligaciones de pago del alquiler. El objetivo de la medida, incluida en el Proyecto de Ley de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas, es poner esta información a disposición de los arrendadores.