Las residencias de la tercera edad en Cataluña se encuentran en una situación desesperada. Los impagos de la Generalitat están afectando gravemente a la viabilidad de los centros y, solo el año pasado, 25 de ellos tuvieron que cerrar. Y la sangría no tiene visos de parar. El sector denuncia la «asfixia financiera» y asegura […]
Las residencias de la tercera edad en Cataluña se encuentran en una situación desesperada. Los impagos de la Generalitat están afectando gravemente a la viabilidad de los centros y, solo el año pasado, 25 de ellos tuvieron que cerrar. Y la sangría no tiene visos de parar. El sector denuncia la «asfixia financiera» y asegura que un nuevo impago como el que se produjo en julio de 2012 condenaría al cierre a cientos de geriátricos con plazas públicas o concertadas.
El Departament de Bienestar Social y Familia, del cual dependen las residencias, no ha hecho pública la cantidad total que adeuda a los centros. La patronal del sector, así como asociaciones de profesionales, mantienen que, según sus cálculos, la Administración tiene pendiente de pago entre 35 y 70 millones de euros correspondientes a la cuota de julio, pero advierten que a esa cifra hay que sumar la «deuda oculta» que procede de retrasos en otros pagos.
«Cuando las personas ingresan en los centros pueden pasar meses hasta que no se hace la resolución del procedimiento de asignación de la dependencia (PIA), así que mientras tanto los centros se ven obligados a asumir los costes que genera esta persona sin recibir el dinero para ello», afirma Andrés Rueda, presidente de la Asociación Catalana de Directores de Centros y Servicios de Atención a la Dependencia Gerontológica (ASCAD). Según sus cálculos, esta deuda alcanzaría los 50 millones. «Estamos viendo que cada vez van más lentos y, mientras está la persona en el centro, nadie paga nada», denuncia.
Asegura el presidente de ASCAD que los impagos de la Generalitat están provocando que haya «muchas personas con dificultades de atención, trabajadores angustiados, proveedores que no han cobrado, y centenares de familias se han visto afectadas». Algunas de ellas, una minoría, han realizado aportaciones económicas a los centros para ayudar a su sostenibilidad. «Pero la mayoría de la gente no está en condiciones de asumir la totalidad de la cuota», lamenta Rueda.
En los geriátricos, la mayor parte del gasto corresponde a los sueldos de los trabajadores, que son por lo tanto los primeros afectados por los problemas financieros. El presidente de la Unión de Pequeñas y Medianas Residencias (Upimir), Vicente Botella, apunta que «tenemos un perfil de trabajador mileurista, y dejar de pagar la nómina representa condenarlos, porque es gente que depende totalmente de su sueldo para pagar hipotecas, colegios, comida…».
Un proceso traumático
El cierre de centros lleva aparejado un importante impacto sobre los ancianos que se encuentran ingresados. Gran parte de ellos presenta un deterioro cognitivo importante y sus capacidades de adaptación son lentas, así que el cambio de hábitos y de lugar de residencia representa un proceso traumático. «Cuando a esta persona la sacas de este entorno es como si nos llevan a Marte, y además de noche. Estamos absolutamente perdidos, no tenemos referencias visuales o auditivas y eso genera una angustia y pasarlo mal», explica Rueda. «Si nosotros, jóvenes, en plenitud de condiciones, nos vamos cinco días de vacaciones y estamos tres días sin hacer de vientre, pues imagina estos cambios en personas con este nivel de dependencia», añade.
La Generalitat mantiene que los problemas de tesorería le impiden hacer frente a los compromisos con las residencias en los plazos acordados, y señala que es consecuencia del «ahogo económico» a la que está «sometida» por parte del Estado. «Entendemos que en parte puede ser así, pero es cuestión de priorizar», alega Rueda. ASCAD, junto con patronales del sector, ha promovido una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que reclama que el pago a la dependencia pase a situarse en el primer nivel de obligatoriedad, el mismo en el que se sitúan las resoluciones judiciales. «Entendemos que el valor supremo de todo es el ser humano y, por lo tanto, lo primero que tenemos que cuidar es su subsistencia; que no se vaya dinero a ningún Any Espriu si primero la persona no se ha cuidado», defiende Rueda.
El informe jurídico del Parlament es favorable a las tesis que defiende la ILP, que aún está pendiente de tramitar en la Mesa de la cámara catalana. Blindar el pago a las personas dependientes es el primer objetivo de las asociaciones del sector, aunque Botella apunta que el problema surge de la misma Ley de Dependencia. «Es imposible cumplirla, porque nació sin fondos», asegura. La propuesta de Upimir es eliminar la universalidad de la ayuda y aumentar el copago en función de la renta. «Proponemos que quien más tenga pague más», señala Botella.
El próximo miércoles por la tarde están citados con los responsables de la conselleria para que ésta les traslade cómo piensa afrontar la problemática, lo que aún no ha hecho. Botella concluye: «Otro mes sin cobrar supondría el cierre definitivo de la gran mayoría de centros. Todos tenemos miedo de que esto vuelva a pasar».