Sin límites, sin piedad. Dura, abierta y pura lucha de clases (o impura según se mire) en el Sant Pau de Barcelona, uno de los grandes hospitales «públicos» de la ciudad y de Cataluña. Sin sedas ni ropajes encubridores. La Iglesia católica, apostólica, romana y catalana mueve sus hilos desde hace tiempo (con algún detalle […]
Sin límites, sin piedad. Dura, abierta y pura lucha de clases (o impura según se mire) en el Sant Pau de Barcelona, uno de los grandes hospitales «públicos» de la ciudad y de Cataluña. Sin sedas ni ropajes encubridores. La Iglesia católica, apostólica, romana y catalana mueve sus hilos desde hace tiempo (con algún detalle en ocasiones). La dirección del hospital recibió en su día ayudas extraordinarias de la administración pública por unos 300 millones de euros. La corrupción ha sido tónica general entre sus directivos socio-convergentes (insisto: no sólo convergentes). La diseñada división del Patronato gestor; las perversas y fanatizadas finalidades privatizadores del peor conseller de Salud que se recuerda en este territorio, el mismo «personaje» que dijo aquello de que la salud no es un derecho; la reciente dimisión del equipo presidido por el Atila neoliberal Xavier Pomés, un ex conseller de Interior de «J. Pujol, el intocable»… El serial antiobrero y antipopular continua y continuará. Las clases dominantes y sus representantes políticos están en plena ofensiva, a lucha abierta, sin bridas, a calzón bajado, sin miramientos. Hay mucha cera neoliberal que cortar.
Y la llamada «crisis» se embrolla día a día. Una de las últimas de Boi Ruiz, el Thatcher catalán: el lunes 10 señaló que la actitud -combativa, paciente, no servil- de los trabajadores podía llevar al hospital al cierre. Sin más historias: los culpables de la situación son los ciudadanos más razonables, los que intentan salvar al Hospital del desastre.
Un breve apunte de la situación general:
El Sant Pau cuenta con un millar de propiedades -entre viviendas, garajes, solares y fincas rústicas- donadas por enfermos y familiares a lo largo de su larga historia. Como agradecimiento por la atención recibida. Estas propiedades, que generan casi 10 millones de euros al año en rentas, las recibe la fundación «privada» o patrimonial del hospital. Es una de las tres fundaciones en que está dividida la gestión del Sant Pau. Se dedica a administrar el patrimonio; otra fundación -«gestión» en este caso- se encarga de la asistencia médica, y una tercera lleva asuntos de investigación. Si las propiedades se pusieran al servicio del hospital, podrían utilizarse como aval para pedir un crédito que ayudara a superar la difícil situación financiera de la fundación de gestión. La opción no es del agrado de Boi Ruiz. ¿Por qué? La venta del patrimonio «no se ajusta a derecho» señala de manera «exquisita y rigurosa». ¡No se ajusta a derecho, dice el que se salta normas y principios, por centenares, días laborables y fiestas de guardar! El problema, desde el punto de vista BR, se reduce… ¡a un conflicto laboral causado por los trabajadores!
Además, en las últimas semanas, la Generalitat-Boi Ruiz y el Arzobispado de Barcelona han entrado en colisión. ¿Por qué? Por el anuncio de la autoridad eclesiástica, el pasado martes 11 de junio, de que consideraba un «deber moral» -palabras eclesiásticas- que el millar de propiedades del Sant Pau se pusiera al servicio de las necesidades del centro. ¡Parece imposible pero es cierto!
El Arzobispado cuenta con dos miembros (son seis en total) en el órgano que gobierna el Sant Pau. MIA, la Muy Ilustre Administración -¡el nombre se las trae!- es la institución que ha gobernado Sant Pau desde su creación por bula pontificia del papa Luna, ¡desde 1401! El anuncio del Arzobispado fue muy bien recibido por el comité de empresa del Hospital. La calificó de «muy importante»: «reconoce que el patrimonio pertenece al hospital y tiene que contribuir a las finalidades para el que fue donado». Son palabras, más que razonables, de Carme Pérez, la médico que es presidenta del Comité.
Ruiz ha contestado con claridad y tosquedad: de eso nada, monadas. «La Iglesia no es la única propietaria del hospital, por lo que no puede tomar esa decisión sola». En MIA, la Generalitat y el Ayuntamiento -todo CiU-CiU- cuentan con otros dos representantes cada uno. El hospital ha acumulado pérdidas por unos 57 millones de euros en estos últimos dos años. El Departamento de Justicia de la Generalitat le ha exigido que solicite el concurso de acreedores por el riesgo «inminente» de insolvencia. El patronato de la fundación que gestiona el Sant Pau, con su presidente Pomés a la cabeza, dimitió el viernes 14, evitando así tener que presentar el concurso de acreedores que reclama Justicia.
El comité de empresa ha aclarado que la solución a los problemas de la institución pasa por mejorar la «infrafinanciación crónica» del hospital. «Emplazamos a Boi Ruiz a acabar con las falacias y las amenazas y poner soluciones a los problemas», ha declarado Carmen Pérez. Anunció también que el comité estudia querellarse contra el consejero por amenazas y coacciones. Un excelente sendero que la ciudadanía debemos apoyar.
Una reciente carta de la presidenta del comité de empresa aclara la situación. Algunas de sus reflexiones:
Hace de entrada algunas consideraciones preliminares respecto a las informaciones que, repentinamente, han aparecido «…en relación a la decisión de la Junta del Patronato de presentar su dimisión, según dicen, irrevocable». Vincular esta decisión a una supuesta «ingobernabilidad» del Hospital es «una falsedad ya que, en ningún momento ha habido un solo incidente o un solo problema asistencial ni de ningún tipo sino que, por el contrario, nuestro Hospital es el más valorado por los usuarios y la actividad del primer trimestre incluso se ha incrementado respecto a años anteriores».
Relacionar el cese a una conflictividad laboral es igualmente falso «ya que todo el sector sanitario está inmerso en problemas laborales y judiciales secundarios a incumplimientos de Convenio ya la aplicación de normas de dudosa legalidad, como ya ha han dejado claro algunas Sentencias». La vía judicial, añade la presidenta del comité, «es una forma pacífica de resolución de conflicto y debe ser escrupulosamente respetada por todos los ciudadanos y los poderes públicos». Es una garantía de cualquier Estado de derecho que se precie de no ser una estafa y un falso bla-bla-bla.
Por lo demás, como ha dejado claro la Sindicatura de Cuentas en el informe hecho público en diciembre de 2012, «el déficit acumulado del Hospital en el año 2009, donde aún no había ningún problema judicial, era de más de 250 millones de Euros negativos y, como dice la Sindicatura, todos los ejercicios del Hospital desde el año 1991, en que fue constituido con 10 millones de pesetas, han sido negativos». Se está, por tanto, ante una situación de déficit crónico, reiterado, que no ha aparecido repentinamente «y que no tiene ninguna relación con una supuesta conflictividad laboral y la «ingobernabilidad» que de forma tendenciosa se quiere pretender argumentar para justificar una falta de dotación inicial y de financiación durante todos estos años».
El Protectorado de Fundaciones, que debe velar para que las Fundaciones no se sitúan en situación de insolvencia, no ha hecho nada hasta el momento «y ha aprobado todos y cada uno de los ejercicios deficitarios y tampoco, aunque se ha pedido varias veces, no ha ejercido ninguna acción respecto a los gestores ni respecto a los responsables del centro, a lo que la ley le obliga con tal de garantizar la viabilidad de la Fundación y los derechos de los acreedores».
La situación de supuesta insolvencia de la de gestión, prosigue Carme Pérez, es eso. «supuesta»: «el Hospital tiene un gran patrimonio «protegido» en la patrimonial y, si la patrimonial es Hospital para recibir donaciones y legados, también lo es para ser responsable de sus deudas». Más que razonable. «Ni el Departamento de Justicia ni la Administración pueden solicitar el concurso, sólo lo pueden solicitar los responsables del Hospital y, con el Patronato dimitido, debería hacerlo la MIA que, precisamente, es quien no quiere que el patrimonio entre en riesgo». En cualquier caso, en caso de producirse esta situación, «es absolutamente favorable para los trabajadores ya que la mejor garantía, en estos momentos, es que la gestión del Hospital esté bajo control judicial».
La comunicación del Patronato diciendo que las recientes imputaciones, la mayor parte de ellas de personas que han ejercido cargos políticos en la dirección del Hospital vinculadas a CiU y al PSC, perjudican a la institución y los profesionales resulta sorprendente: «lo que perjudica gravemente a la institución y los profesionales es que existan los indicios delictivos que han hecho que el Fiscal y el juez imputen a todas estas personas». ¡A todas! Nadie razonable puede creer que la instrucción en vía penal, y la investigación parlamentaria que cuestiona igualmente la gestión realizada en el Hospital, «tengan nada ver con ningún conflicto laboral, aunque, de forma intencionada, se pretendan derivar responsabilidades allí donde es más que evidente que no están».
También es sorprendente que los responsables de Justicia hablen de un supuesto plan de viabilidad que «parece que inaplicable por culpa de los trabajadores, que ningún trabajador conoce y que nunca ha sido presentado a sus representantes». No puede creer, comenta la presidente del Comité de Empresa del Sant Pau en un alarde de optimismo gnoseológico, «que la ignorancia de los responsables de Justicia llegue al nivel de confundir un «plan de viabilidad» con la propuesta de negociación de los Convenios que, como ya hemos dicho, es idéntica que la presentada por las patronales el sector». Todo es una estudiada ceremonia de confusión «que parece más propia de una «puesta en escena» para rehuir responsabilidades y de querer culpabilizar a los trabajadores de todo lo que es responsabilidad, directa e indirecta, de la Administración y de los Partidos que han estado en el gobierno».
Finalmente, Carme Pérez hace referencia a la incoherencia manifiesta entre las manifestaciones que el consejero Ruiz hizo al Presidente del Consejo Directivo del Cuerpo Facultativo sobre la propuesta de un supuesto marco general para enderezar algunas situaciones del hospital y los hechos recientes. «Es difícil creer en tal compromiso cuando, el mismo día en que el Presidente del Consejo Directivo le hace llegar un documento exponiendo el posicionamiento de los profesionales del centro, en concordancia con su propuesta, la Conselleria de Justicia eche la culpa a los profesionales y a todos los trabajadores de la situación de déficit en que se encuentra el Hospital; déficit, insistimos, acumulado desde el año 1991, con total conocimiento de todos aquellos que habían y podían hacer algo para evitarlo».
Los trabajadoras, así finaliza la carta de Carme Pérez, no han gestionado nunca el hospital. Nunca. Consiguientemente, no pueden ser responsables de los «lamentables resultados de la gestión de directivos y políticos, algunos de los cuales están siendo investigados en vía penal y en sede parlamentaria». Los trabajadores y trabajadoras esperan que el tiempo y la Justicia («la de debò», la que va en serio, no la otra) ponga a casa uno en su lugar. Paciencia, fuerza y confianza.
No es un mal programa ni un mal consejo. ¡Confianza! ¡Fuerza! ¡Toda la paciencia y la tenacidad que seas necesarias! ¡Nos jugamos todos, ciudadanos, trabajadores, mucho en ello! ¡Cómo acertaron aquellos amigos alemanes exiliados cuando escribieron de muy jóvenes que la historia humana parecía tener un motor y que ese motor estaba directamente relacionado a las clases sociales y a sus luchas!
Salvador López Arnal es miembro del Frente Cívico Somos Mayoría y del CEMS (Centre d’Estudis sobre els Movimients Socials de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona; director Jordi Mir Garcia)
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