Todos los grupos de la oposición en el Congreso de los Diputados han registrado este martes una enmienda de totalidad a la «Ley Wert» o proyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), con la que piden la devolución inmediata al Gobierno del texto que ha presentado. En total son 11 enmiendas […]
Todos los grupos de la oposición en el Congreso de los Diputados han registrado este martes una enmienda de totalidad a la «Ley Wert» o proyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), con la que piden la devolución inmediata al Gobierno del texto que ha presentado.
En total son 11 enmiendas de totalidad presentadas por PSOE, CiU, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD, PNV, Amaiur, ERC, BNG, CC-NC, Compromís y Geroa Bai, que se debatirán en la sesión plenaria extraordinaria que se celebrará en la tercera semana de julio, en torno al día 16 o 17, aunque la votación de las mismas se celebrará en el Senado puesto que la Cámara Baja estará en obras, según confirmaron a Europa Press en fuentes parlamentarias.
No se trata de la primera vez que estos grupos de la oposición, salvo UPN y Foro que siempre han apoyado al PP en esta reforma educativa, han pedido la devolución al Gobierno de esta reforma. De hecho, han votado en varias ocasiones en el Congreso diversas iniciativas que pedían la retirada de este texto, aunque sin frutos puesto que el PP las rechazó todas y cuenta con mayoría absoluta en el arco parlamentario.
UNA LEY IDEOLÓGICA
Así las cosas, desde el PSOE, se pide la devolución del proyecto de Ley al considerarlo una normativa «segregadora» y «profundamente ideológica», cuya aprobación cree que provocaría un «deterioro de la equidad y la calidad en la educación pública, y perjudicaría gravemente la igualdad de oportunidades».
Mientras, desde CiU, se ha reclamado al Gobierno en su enmienda de totalidad que se retire el texto presentado porque su fin es ideológico y recentralizador de competencias y no mejora la calidad de la educación, como así dicta su título.
Igualmente, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) exige en su enmienda de totalidad contra la LOMCE la retirada de esta normativa al considerarla «segregadora y recentralizadora», además de haber sido «impuesta» a la comunidad educativa, a la que se le ha dado «la espalda» y no se ha contado a pesar de que le afecte directamente.
Por parte de UPyD se exige la retirada de la LOMCE al considerar que se trata de una normativa «insuficiente» y que no resuelve los actuales problemas de la educación. «Ésta se queda corta en su diagnóstico de los problemas educativos y en su ambición de mejora del sistema», sostiene.
A la vez, la portavoz de Educación del PNV en el Congreso, Isabel Sánchez Robles, ha exigido la devolución al Gobierno del proyecto de ley de reforma educativa al considerarla una ley que, a través de la invasión competencial y la vulneración del Estatuto de Gernika, ataca «de raíz» al sistema educativo vasco.
Desde Amaiur, insisten en su enmienda en que es «palpable e insultante» la visión «totalmente uniformizadora» que plantea la LOMCE con un modelo «caduco y retrógrado» de estado de educación, situando a España de la realidad social y lingüística, lo que a su juicio supondría «un gravísimo retroceso en la educación de los hijos», además de representar una invasión de competencias.
UNA LEY CLASISTA
Por otro lado, ERC justifica para pedir la retirada de la reforma educativa que para mejorar la calidad educativa esta ley opta por una concepción «partidista, intervencionista, clasista, jerárquica y reaccionaria» de la educación, que avala una metodología «tradicional, autoritaria, disciplinaria y acrítica, que supuestamente pretende afrontar los principales retos educativos y, en particular, el abandono y el fracaso escolar».
A su vez, el BNG argumenta en su enmienda de totalidad que esta normativa debilita a la educación pública y de calidad, recentraliza el sistema educativo y rechaza la conformación plurinacional, pluricultural y plurilingüística de España, es opuesta a una enseñanza laica al establecer la religión como asignatura evaluable, contiene evaluaciones externas y reválidas uniformizadoras, o la rechaza al implicar la desaparición de la igualdad de oportunidades, entre otros puntos.
Desde Coalición Canaria-Nueva Canarias, insisten en exigir la devolución al Ejecutivo de la LOMCE al considerarla una ley que nace sin acuerdo social y parlamentario, que implica una renuncia a la educación en valores como pilar de desarrollo de las sociedades democráticas, es «segregadora y selectiva», a la vez que devalúa la FP, abandona a la educación infantil, cercena la participación democrática en la educación, a la vez que supone una «degradación» y fomenta la privatización del servicio educativo público.
En esta línea, Compromís-Equo, en su texto de enmienda de totalidad, recogido por Europa Press, alerta de que la LOMCE es una propuesta que favorece a la enseñanza privada y particularmente a la religiosa, puesto que admite la legalidad de la financiación pública de los centros que discriminan al alumnado en función del sexo, como hacen algunos centros de «ideología ultraconservadora», además de consagrar y reforzar la presencia de la religión en el currículum escolar.
Finalmente, Geroa Bai insiste en la línea de que esta reforma educativa es una propuesta «unilateral» que responde «básicamente» a intereses ideológicos y ve «inaceptable e incluso antidemocrático» que una ley de este calado se trate de imponer sin un debate previo ni consenso.
LA DEFENSA DEL CATALÁN
En el proceso de presentación de enmiendas de totalidad ha destacado el consenso alcanzado por todos los grupos con representación parlamentaria catalana, salvo el PP, es decir, PSC, CiU, ERC e ICV, que han pactado un par de párrafos, que todos ellos han incluido en sus respectivas enmiendas de totalidad, al «negar la diversidad lingüística de las comunidades autónomas con lengua propia».
Este texto pactado nace de la propuesta de resolución elaborada por partidos catalanes a comienzos de junio en el Parlament, que instaba al Gobierno catalán a pedir al Ejecutivo central la retirada de la reforma, en defensa del sistema de inmersión lingüística y la reivindicación del «blindaje» de las competencias educativas de la Generalitat. Participaron todos salvo el PP catalán y Ciutadans.
A su juicio, esta normativa supone «un ataque al modelo de inmersión lingüística que garantiza el conocimiento del catalán y el castellano al finalizar la formación obligatoria, y que ha sido fundamental para la cohesión social y la convivencia lingüística en Cataluña».
El segundo párrafo pactado apunta al carácter «recentralizador, segregador y elitista» de esta reforma educativa que plantea el Ejecutivo del PP que, a su juicio, también supone una «amenaza» para el conjunto del sistema educativo catalán, sustentado en la universalidad y en la equidad, como garantía de igualdad de oportunidades y en la inclusión escolar y la calidad de la enseñanza, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de autonomía catalán y en la Ley de Educación catalana.