Estrasburgo da vía libre al desalojo del bloque recuperado por la PAH en Salt (Girona). La resolución compromete a la Generalitat, que tendrá que realojar a las familias en pisos con alquiler social. Afectados por la Hipoteca espera un pronunciamiento más a fondo del TEDH sobre la función social de los pisos que la Sareb […]
Estrasburgo da vía libre al desalojo del bloque recuperado por la PAH en Salt (Girona). La resolución compromete a la Generalitat, que tendrá que realojar a las familias en pisos con alquiler social. Afectados por la Hipoteca espera un pronunciamiento más a fondo del TEDH sobre la función social de los pisos que la Sareb mantiene vacíos.
La resolución del Tribunal Europeo de Derechos humanos que detuvo el desalojo del bloque recuperado en Salt (Girona) emplazaba al Gobierno español a demostrar qué medidas iba a desarrollar para proteger el derecho a la vivienda de las 43 personas, 21 de ellas menores, que fueron realojadas por la PAH en este inmueble traspasado a la Sareb. Finalmente, el TEDH dió ayer por buenas las alternativas incluidas por el abogado del Estado en su escrito –el realojo de las familias en otros pisos a través del servicio de vivienda de la Generalitat– y anunció a última hora de la tarde que levantaba la suspensión de la orden de desalojo. Con esta decisión, el juzgado número 3 de Girona tendrá que volver a decidir si fija una nueva fecha para el desalojo, tal y como pretende la Sareb.
La resolución ha traicionado las expectativas de la PAH, que esperaba un nuevo espaldarazo de Estrasburgo a su denuncia de violación de derechos humanos, y en concreto del derecho a la vivienda. Pero el asunto está muy lejos de cerrarse. «No es la última palabra de Estrasburgo», precisa la plataforma en un comunicado urgente emitido tras conocerse la resolución del Tribunal. Según la PAH, el tribunal se ha pronunciado sólo sobre dos de las familias que se encuentran empadronadas en el edificio, y queda pendiente una revisión a fondo sobre todo el proceso. Así, el equipo jurídico de la plataforma espera que Estrasburgo se pronuncie acerca de su «cuestionamiento del modelo de la SAREB y la actuación de las administraciones públicas respecto a este modelo».
El escrito que la abogacía del Estado había presentado ante el tribunal con sede en Estrasburgo lo deja claro: establece en su página 16 que el no desalojo de estas familias «supondría un grave daño y perjuicio al interés nacional», y lo hace así explícito porque este modelo –el aval público establecido a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria– ha sido impuesto por la Unión Europea en el marco de sus condiciones para el rescate a la banca españoles. De modo que hay algún tipo de «interés nacional» en preservar la misión de la Sareb, que es colocar esos pisos en el mercado a un precio adecuado. En sus alegaciones, escritas en 24 horas –el tiempo que ha tenido el abogado que atiende al bloc Salt, Benet Salellas, para leer el escrito en francés de la abogacía del Estado y plantear a ultimísima hora los argumentos de respuesta de la plataforma– la PAH se muestra de acuerdo en que efectivamente ése es el objeto social de la Sareb, pero le da otra interpretación: «no podemos tolerar ni aceptar, en modo alguno, que se califique dicha operación especulativa por parte del agente del Reino de España como ‘grave daño y perjuicio al interés nacional’, salvo que pretendamos equiparar interés bancario con interés nacional, algo aberrante en nuestro sistema jurídico vigente».
Las familias prefieren quedarse en el bloque con alquiler social: aceptarían un realojo, pero no de cualquier manera
La mañana del miércoles las familias que residen en el bloque de la calle Doctor Castany de Salt han explicado su situación en una rueda de prensa. Y lo que dicen es que, hasta el momento, la Generalitat no les ha ofrecido ninguna alternativa por escrito, si bien reconocen que sí está habiendo llamadas de responsables de los servicios de vivienda (Habitatge) del Gobierno catalán. Además, tanto la coordinación de la PAH como la PAH Girona destacan que las familias no sabían nada de ninguna oferta de realojo hasta una reunión informal con representantes de Habitatge el día 30, es decir, dos semanas después de la orden de desalojo ordenada por la Audiencia Provincial de Girona.
«Estamos atendiendo todas las llamadas, y lo que queremos es que esto sea un proceso público, con luz y taquígrafos y acompañamientos para visitar los pisos que pueda ofrecer Habitatge», ha señalado a DIAGONAL Marta Afuera, de PAH Girona. Si llegara a haber nueva orden de desalojo –cosa que depende en este momento del mismo juzgado, el número 3 de Girona, que en su día desestimó una primera petición de desalojo cautelar cursada por el banco malo– las familias «podrán tomar decisiones», insiste Afuera. Una posibilidad siempre abierta sería volver a convocar una jornada de resistencia frente al bloque como la que juntó a unas 700 personas de todo el Estado español el 15 y 16 de octubre.
Otra de las razones esgrimidas por las vecinas para preferir la permanencia en el bloque, y no es menor, es el propio espacio de apoyo mutuo que han encontrado en la convivencia en el inmueble. En su mayoría de orígen africano y con hijos a su cargo –los menores son la mitad de los habitantes de la casa–, aquí disponen de cocina y lavadora común, y hasta un coche colectivo. Todo esto en un municipio, Salt, que es en la práctica un barrio de la opulenta Girona y donde la crisis ha golpeado especialmente a la población migrante.
Una historia de la burbuja y del rescate
El bloque recuperado por la PAH en Salt había sido propiedad del conglomerado Mare Nostrum, surgido de la reestructuración de las cajas arruinadas por su exposición al negocio inmobiliario durante los años del boom económico. Más tarde, el grupo Mare Nostrum traspasó el inmueble a la Sareb, que está encargada de la comercialización de este y otros activos inmobiliarios invendibles. Mientras todo esto sucedía, las plataformas de aferctados por la hipoteca han puesto en marcha su campaña de Obra Social, que consiste en la ocupación de bloques en manos de cajas, bancos y Sareb, para ponerlos a disposición de hogares desahuciados o personas sin acceso a vivienda. El bloque de la calle Doctor Castany ha estado vacío tres años, y según la PAH de hecho la Sareb no ha hecho público que haya ningún comprador que quiera hacerse con el inmueble. «Aquí está todo parado. No hay ninguna situación de urgencia en ese sentido, las familias podrían quedarse aquí incluso meses [si la Sareb no accediera a darles el alquiler social]. Pero parece que hay interés político para desactivar esta lucha», se lamenta Afuera.