La muerte de 15 inmigrantes en aguas de Ceuta asediados por fuerzas de la Guardia Civil mientras eran disparados con balas y pelotas de goma, así como las justificaciones que el Gobierno y su ministro del Interior han dado ante esta atrocidad, ha llenado de indignación a amplios sectores de la sociedad española que desde […]
La muerte de 15 inmigrantes en aguas de Ceuta asediados por fuerzas de la Guardia Civil mientras eran disparados con balas y pelotas de goma, así como las justificaciones que el Gobierno y su ministro del Interior han dado ante esta atrocidad, ha llenado de indignación a amplios sectores de la sociedad española que desde hace años han demostrado ser mucho más solidarios y acogedores que buena parte de sus responsables políticos.
Pero no es casual que el Gobierno del PP, en estos precisos momentos, trate de colocar la inmigración como un problema inexistente entre la sociedad, precisamente cuando las encuestas y barómetros evidencian un cierto hartazgo de la ciudadanía hacia sus políticas de recortes salvajes y su complicidad con la corrupción. Al mismo tiempo, su actitud ante sucesos similares, muestra la falta de escrúpulos con que viene actuando ante la cuestión migratoria.
La responsabilidad del PP sobre la muerte de inmigrantes en Ceuta no debe interpretarse como una suma de torpezas y despropósitos que vulneran principios humanitarios y jurídicos esenciales, ni mucho menos. Lo que estamos viendo y escuchando día tras día es el fruto deliberado de una política calculadamente racista y xenófoba del PP, que desde hace tiempo viene desplegando actuaciones y un discurso cuasi criminal hacia la inmigración. Y esto hay que decirlo así, de forma muy clara, porque lejos de aprender sobre los errores y barbaridades que a lo largo de los años han venido amparando en esta materia en todos sus niveles políticos e institucionales, utiliza la inmigración y a los inmigrantes pobres como un instrumento electoral que le sirve para desviar la atención de la sociedad sobre otros temas que no quiere que sean centros de atención, al tiempo que lo utiliza para su beneficio electoral y partidista, afianzándose entre el electorado más rancio de la derecha española en momentos en los que ve amenazado este caladero de votos y quiere alinearse políticamente con la emergente derecha xenófoba europea.
Tratar de generar problemas inexistentes entre la sociedad es una estrategia política que el PP ha utilizado con éxito en numerosas ocasiones, pero que ahora vuelve a emplear, ante el deterioro de la situación económica y social, tras dos años de políticas económicas disparatadas, y el rechazo creciente entre la sociedad a la actuación del Partido Popular. El último barómetro del CIS, el estudio número 3.001, evidencia que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cosecha el mayor rechazo que jamás ha tenido un presidente en la historia democrática de España, así como muchos de sus ministros. Pero además, cuando uno analiza las verdaderas preocupaciones de los ciudadanos en España constata que son el paro, los problemas económicos, la corrupción junto a los partidos y los políticos, lo que centran sus inquietudes, de forma que la inmigración ocupa un lugar muy accesorio, exactamente el puesto once entre los principales problemas, al mismo nivel, por cierto, que preocupa el Gobierno del PP y el Terrorismo de ETA. Para que nos tengamos una idea de ello, mientras que el paro preocupa al 77,4% de los ciudadanos, la inmigración inquieta únicamente al 3,2%. Por tanto, no parece que el Gobierno esté proyectando sus esfuerzos en lo que verdaderamente desasosiega a los ciudadanos, creando en cambio mensajes deliberadamente falsos. Muy al contrario, parece que estamos ante un propósito intencionado de generar una alarma social inexistente, utilizando para ello todos los medios que tiene a su alcance, incluyendo informaciones intencionadamente equívocas.
Así, en medio de la actual polémica, mientras el Gobierno ha tratado de justificar con argumentos cada vez más contradictorios la actuación de la Guardia Civil en la muerte de los inmigrantes en Ceuta, el diario El País se hizo eco de un informe policial (lunes, 17 de febrero) que avisaba con tintes alarmistas de que «30.000 subsaharianos preparan el salto a Europa por Ceuta y Melilla», advirtiendo de la «alarma social» que ello creaba. La reacción generalizada de rechazo ante esta información alarmista no se hizo esperar, llenando las redes sociales y generando numerosos artículos, como el de Olga Rodríguez, «Palabras cargadas de balas», que analizaban la gravedad de estos mensajes. Sin embargo, más grave aún es el hecho de que este mismo diario ya publicó un titular idéntico en octubre de 2005, en el que recogiendo un informe de la UE que alertaba de que «30.000 africanos esperan en Marruecos y Argelia para saltar a España» a través de Ceuta y Melilla. La semejanza en ambas informaciones es de tal naturaleza que parece que el Gobierno, a través de la Policía, ha rescatado este mismo informe para filtrarlo, nueve años después al diario El País y así poder fabricar esa alarma social artificial a la que nos referíamos.
Un asunto de Estado
Sorprende así que desde el PP se pida que este tema se maneje como «un asunto de Estado», como ha hecho en el Congreso de los Diputados la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, en el Congreso de los Diputados, intentando así promover una especie de «omertá» sobre las muertes de inmigrantes y las actuaciones ilegales que el Gobierno viene llevando a cabo sobre los inmigrantes. Y digo sorprende, no por el hecho de buscar este silencio cómplice, ni mucho menos, sino por el hecho de que el Partido Popular nunca ha buscado un consenso social en política migratoria ni ha actuado con la responsabilidad moral que el asunto exige.
Muy al contrario, desde hace años, el PP ha convertido la inmigración y a los inmigrantes en el centro de sus odios y rechazos, tan partidistas como injustificados, desde el máximo responsable del partido hasta el último de sus concejales. Y por ello, lo que ahora el Partido Popular protagoniza en Ceuta es sencillamente el resultado deliberado de ese caldo de cultivo que durante tantos años ha cocido a fuego lento, llamado xenofobia. Así con todas las letras. Simplemente, basta con recordar qué ocurrió ante otras crisis migratorias que se dieron años atrás y qué dijo el PP entonces.
La actuación del PP ante crisis migratorias similares
En el año 2006, las islas Canarias vivieron la llegada de inmigrantes senegaleses en cayucos, que hasta ese año totalizaron más de 24.336 personas. Curiosamente, el PP, a través de sus diputadas Ana Tomé y Ana Pastor, hablaba una vez más de «alarma social», llegando a culpar al Gobierno del PSOE de los «600 cadáveres hallados y los 3.000 seres humanos muertos según las ONG tratando de alcanzar la promesa de papeles que ustedes lanzaron». (El País, viernes 1 de septiembre de 2006).
Y es que el PP siempre ha dinamitado cualquier acuerdo en materia de política migratoria adoptado por el conjunto de las fuerzas políticas. Así, en el mes de mayo de 2004, únicamente el PP votó en contra de un Pacto de Estado de inmigración, respaldado por la totalidad de las fuerzas políticas del Congreso. (El País, miércoles, 19 de mayo de 2004) . No es de extrañar que meses más tarde, Mariano Rajoy, acordara con la cúpula del partido (en una reunión celebrada en Tordesillas para preparar la próxima campaña electoral) que «la inmigración será uno de los asuntos con los que los populares acosarán más al Gobierno socialista». (El País, sábado, 4 de septiembre de 2004). Y efectivamente, pocos días después, Rajoy responsabilizaba al Gobierno del PSOE de la llegada de pateras a las costas andaluzas, exigiendo a Marruecos que «frene la salida de pateras» y «adopte medidas eficaces para la lucha contra las mafias organizadas» de las que responsabilizaba al PSOE de su actuación. (El País, viernes, 24 de septiembre de 2004).
Pero no estamos, ni mucho menos, ante la primera ocasión en que Ceuta y Melilla viven una crisis migratoria con fallecidos. En octubre de 2005, seis inmigrantes murieron tiroteados por fuerzas marroquíes junto a la valla de Melilla, viviéndose continuos intentos de entrada en España por parte de grupos de inmigrantes. Por aquel entonces, Mariano Rajoy visitó Melilla para reivindicar la españolidad de la ciudad, reprochando duramente al entonces presidente Zapatero: «Quiero que venga el presidente , José Luis Rodríguez Zapatero, a tranquilizar a la población«. (El País, lunes 10 de octubre de 2005). Pocos días después, en una nota de prensa emitida por el Partido Popular, Mariano Rajoy calificaba la muerte de estos seis inmigrantes tiroteados como «uno de los acontecimientos más graves que se han producido en España en los últimos 25 años», instando a Zapatero a «explicar los asaltos a la frontera en Ceuta y Melilla y por qué no ha exigido a Marruecos el fin de esta situación». (Comunicado de Prensa del Partido Popular, 6 de octubre de 2005). Y días después, Mariano Rajoy seguía acusando a Zapatero de «improvisación manifiesta» y «absoluta dejadez» ante los intentos de entrada de inmigrantes en Ceuta y Melilla, al tiempo que le reprochaba haber originado el problema por su «efecto llamada«. (El País, viernes, 30 de septiembre de 2005).
Otros muchos inmigrantes han muerto intentando saltar la valla en Ceuta y Melilla, como sucedió con un camerunés el 28 de agosto de 2005 en Melilla. Sin embargo, a diferencia de lo que ha sucedido ahora con el fallecimiento de los 15 inmigrantes subsaharianos en aguas de Ceuta, en aquel entonces el Defensor del Pueblo abrió a los pocos días una queja de oficio para esclarecer la muerte del camerunés, pidiendo información a la Delegación del Gobierno en Melilla.
Todo esto son hechos objetivos, sin valoraciones de por medio. Ahora bien, cuando nuestros responsables políticos actúan al margen de cualquier consideración moral, como el Gobierno del PP viene haciendo con la inmigración y los inmigrantes estos días con lo sucedido en Ceuta, se ponen las bases de un peligroso autoritarismo. Hasta los más pobres y débiles, los nuevos parias contemporáneos, los inmigrantes, tienen derecho a tener Derechos elementales. Un Estado que los pisotea, erosiona también su propia dignidad ante el mundo, aunque sea algo que preocupe muy poco a este Gobierno.
Carlos Gómez Gil es Doctor en Sociología, profesor de la Universidad de Alicante y Director del Observatorio Permanente de la Inmigración en esta universidad
(Tweeter: @carlosgomezgil)
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